Gobierno busca reducir violencia con alcaldes que carecen de recursos y de seguridad

El objetivo es establecer un marco de cooperación y coordinación entre distintos niveles de gobierno para enfrentar los desafíos de la delincuencia y la violencia en Ecuador. Alcaldes, gobernadores y prefectos hacen parte de una nueva iniciativa del Gobierno Nacional.

Los ministerios de Gobierno e Interior lanzaron este 1 de abril de 2024 en Guayaquil el programa para la Gobernanza local y la Seguridad Ciudadana con municipios y prefecturas. 

Pero el plan, que busca fortalecer la prevención, el control y reducción de los delitos y de la violencia contrasta con la falta de recursos en los gobiernos autónomos descentralizados, además de falta de acceso a resguardo policial por parte de decenas de alcaldes en riesgo. 

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La ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, dijo que no existe la posibilidad de garantizar seguridad ciudadana si no se articulan las labores en territorio. También aclaró que es al Gobierno Nacional al que le corresponde el liderazgo en materia de seguridad.

“No se está delegando ninguna competencia que por ley es atribución exclusiva del Gobierno Central, lo que se está haciendo es establecer articulaciones para fines de colaboración y poder tener un impacto concreto en territorio”, indicó Palencia.

La primera parte del programa se centra en un plan de capacitación y formación técnica a los delegados de los gobiernos locales. 

Según Palencia, el aumento del IVA al 15% le permitirá al Gobierno “ponerse al día” con huecos presupuestarios heredados del Gobierno anterior e invertir en materia de seguridad. Se espera una recaudación por Impuesto al Valor Agregado de unos USD 1.300 millones. 

Deudas millonarias y alcaldes en riesgo

El alcalde de Vinces y presidente regional de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Alfonso Montalván, informó que los municipios aportarán en seguridad ciudadana, en materias como la prevención y el control del delito común con policías municipales.

Pero Montalván coincidió en que la falta de recursos limita el margen de maniobra. Y dijo que las municipalidades han venido colaborando con otros ítems, como arreglos de patrulleros, motocicletas, costeando cambios de aceites o llantas de vehículos policiales.

Los municipios medianos y grandes están impagos por parte del Gobierno Nacional desde septiembre y octubre de 2023, dijo Montalván, mientras que la mayoría de alcaldías pequeñas han recibido recursos estatales hasta enero de 2024. 

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Las deudas a las alcaldías hasta febrero de 2024 ascendían a USD 686,4 millones por concepto del modelo de equidad territorial y a USD 511,9 millones por otras fuentes de financiamiento, de acuerdo a cifras de AME Nacional. 

“Hemos venido invirtiendo hace años en temas de seguridad que son competencia del gobierno. Cada uno debe asumir responsabilidades, pero empezando por el Gobierno que debe entregar recursos pendientes”, indicó el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez.

Además, de acuerdo a la AME, 20 alcaldes del país han solicitado resguardo policial sin que se hayan atendido sus solicitudes. Son 45 los alcaldes con riesgos de seguridad y se registran 15 atentados contra los primeros personeros municipales desde junio de 2022.

Las causas más comunes de las amenazas contras alcaldes y alcaldesas son desacuerdos políticos, acciones contra la minería ilegal, el tráfico de terrenos o el propio narcotráfico, según la AME. 

La ministra Palencia aseguró que las solicitudes de resguardo se están coordinando con la Policía Nacional, pero reconoció que existe falta de recursos para atender a todas las peticiones de protección que están recibiendo. “No tenemos suficientes carros blindados”.

“Entiendo que haya esta sensación de desprotección (de los alcaldes), pero las autoridades del gobierno están ocupadas en ver cómo se resuelve la problemática, que es compleja”.

Mónica Palencia, ministra de Gobierno.

Las claves del programa de seguridad

El programa para la Gobernanza local y la Seguridad Ciudadana con municipios y prefecturas entraña, según el Ministerio de Gobierno, “un esfuerzo por comprender el ecosistema y las dinámicas de violencia” con las particularidades de cada territorio.

El objetivo es enfrentar y contrarrestar de manera coordinada los problemas de seguridad. Se busca reducir los delitos y la violencia más allá de la mera contención, apuntó Jessica Vergara, asesora del Ministerio de Gobierno.

El plan incluye la elaboración de diagnósticos territoriales, a más de la ejecución de planes y acciones focalizadas en las zonas con mayores problemas de inseguridad.

El espacio de diálogo y “aprendizaje mutuo” con alcaldes, gobernadores y prefectos se replicará durante las siguientes semanas en las ciudades de Machala, Azogues, Quito, Esmeraldas, Manta y Puyo.

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Se trata de una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) Palladium.

Por su parte, la Asociación de Municipalidades ha solicitado incluso que la banca pública gestione productos financieros de fondos no reembolsables en materia de seguridad. Los municipios reclaman además el fortalecimiento del resguardo policial a los alcaldes.

Mientras que el nuevo programa gubernamental parece responder al pedido de las alcaldías de reformular del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana desde las visiones provinciales, cantonales y parroquiales, con enfoque territorial preventivo.

Las fases del plan con los gobiernos locales:

• Procesos de formación a gobernadores, prefectos y alcaldes para la gestión territorial de la Seguridad y la Convivencia. Esta fase, que prevé concluir en mayo próximo, incluye apoyo técnico respecto del marco legal y a la formación para la elaboración de planes de seguridad, normativas u ordenanzas.
• Fortalecimiento de las estructuras institucionales locales para gestión territorial de la Seguridad y la Convivencia. Esta instancia incluye mejoras en la coordinación y en la comunicación de las diferentes instancias, así como los primeros avances en la construcción de planes de protección y seguridad.
• Diagnósticos territoriales de seguridad y convivencia. Se busca realizar diagnósticos territoriales para que cada gobierno descentralizado pueda tener información contrastada con las comunidades y con las Fuerzas Armadas sobre la problemática de cada territorio. Y esto también permitirá conocer cómo abordar la situación en cada lugar.
• Elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de Seguridad y Convivencia. Esta es la etapa propiamente dicha de desarrollo de los planes territoriales. 

• Acciones focalizadas en las provincias y municipios con mayores problemas de seguridad. La idea es poder establecer los sectores preferenciales que requieran para que se hagan esfuerzos conjuntos del gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados, así como acciones concretas con atención priorizada.
• Estrategia de comunicación del programa. Esta etapa busca posicionar el programa como una “iniciativa clave” para fortalecer la integración de esfuerzos de los distintos actores.