Proveedora de alimentos en las cárceles habría ganado USD 171 millones desde 2015, denuncia el presidente Noboa

El monopolio de la provisión de alimentos en las cárceles de Ecuador tiene ahora presuntas vinculaciones con el crimen organizado. Este 2 de mayo, el Gobierno entregó un informe secreto que pone en la mira a la empresa Lafattoria S.A., a cargo de la alimentación en los penales.

Hasta el edificio de la Fiscalía General en Quito, llegó este jueves un equipo de la Presidencia para presentar lo que llamó 'noticia criminis', es decir, entregó información reservada sobre presuntas irregularidades de esta empresa proveedora de alimentos.

Horas después de este pedido para que la Fiscalía investigue al proveedor, el presidente Daniel Noboa aseguró en su cuenta de red social X que dicha empresa habría ganado USD 171 millones desde 2015 en contratos con el Estado.

"USD 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales", denunció Noboa.

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Además, el Mandatario reiteró que el Estado no celebrará futuros contratos con empresas "que tengan vínculos con el crimen organizado", aunque no mencionó directamente al proveedor Lafattoria S.A.

"Los gobiernos anteriores entregaron el Ecuador a estos delincuentes por años, acostumbrándolos a otro tipo de política".

Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

También indicó que quienes se oponen a la tarea de fiscalización de su administración es "porque se sienten amenazados y se empeñan en obstaculizar el progreso de este gobierno que, al fin, los llama por lo que son: narcopolíticos".

De momento, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) aún no designa al nuevo contratista, para que entregue la alimentación en los penales.

Mientras que Lafattoria reclama cinco meses de pago al Estado por el servicio entregado. Todo esto ocurre en medio de denuncias de familiares de los prisioneros, por la supuesta falta de comida en los centros de rehabilitación social.

Lafattoria responde

En un comunicado, la empresa insistió para que se le paguen USD 30 millones adeudados desde diciembre del 2023 y negó que se haya constituido en un monopolio, pues aseguró que brinda servicios de alimentación a 25 cárceles a nivel nacional, no en el 100% de las mismas.

Lafattoria, liderada por su presidente Richard Villagrán, aseguró que ha enviado 9 cartas al gobierno nacional insistiendo con el pago.

Sobre la denuncia en la Fiscalía, aseguró que sus directivos “están abiertos a las investigaciones que consideren pertinentes y siempre dispuestos a colaborar con el cumplimiento de la ley, y así mismo esperan que no sea un acto de retaliación política ni una estrategia del gobierno nacional para no cancelar el dinero que se le adeuda”.

¿Quién está detrás de Lafattoria? 

El proveedor Lafattoria S.A. ha manejado -prácticamente- un monopolio del servicio de alimentación de las cárceles del país.

Entre 2012 y 2017, esta entidad acumuló 19 contratos con el Estado por USD 92 millones.

Además, desde 2000 se registran al menos 13 convenios de pago entre el SNAI y la empresa por más de USD 77 millones, según un análisis del Observatorio y de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

Información de la Superintendencia de Compañías señala que la empresa fue creada en marzo de 2008. Está radicada en Guayaquil. Y su objeto social es la administración de restaurantes, clubes, bares, cafeterías, ciudadelas y centros comerciales.

En entrevista con PRIMICIAS el pasado 16 de abril, Richard Villagrán, del grupo Riasem, principal accionista de Lafattoria, explicó que la empresa fue ganando terreno en las cárceles del país ante el escaso interés de otros proveedores.

Una de las causas de esta falta de interés es el escenario violento al interior de las cárceles. Hasta la fecha, Lafattoria ofrece el servicio de alimentación en 25 de los 36 centros de privación de libertad del país.

Según aseguró Villagrán, la empresa es una de las pocas firmas de catering especializadas en el sistema penitenciario de Ecuador.

"En 12 años hemos entrado alrededor de 57.000 veces a las cárceles (...) ¿Es coincidencia que no haya una foto, un parte, una denuncia o algún tipo de proceso en contra nuestro en todo estos años?”, dijo Villagrán.