Crímenes de menores de edad en Ecuador crecieron casi ocho veces tras la pandemia
Ecuador registró 352 muertes violentas de niños y adolescentes en 2023, un 81% más que en 2022. En 2024, los homicidios crecen al mismo ritmo. Reclutamiento infantil, explosión de violencia y desmontaje de mecanismos de protección están entre las causas.
Familiares y amigos cargan los ataúdes de cuatro niños asesinados por hombres armados durante su funeral en Pascuales, al norte de Guayaquil, el 14 de diciembre de 2023.
AFP
Autor:
Actualizada:
Compartir:
Disparos de fusil acabaron con la vida de una niña de tres años, el 17 de septiembre, tras amenazas contra su familia. El ataque se produjo a las 04:45 en un restaurante al oeste de Machala (El Oro). Ese es solo uno de los cientos de crímenes de menores de edad en 2023.
Ecuador registró 352 muertes violentas de niños y adolescentes el año pasado, un 81,44% más respecto a los 194 crímenes de 2022. Y los datos abiertos de homicidios intencionales del año pasado en Ecuador, del Ministerio del Interior, registran historias estremecedoras.
En La Independencia, Quinindé (Esmeraldas), por ejemplo, otra niña de solo un año de edad fue asesinada también debido a una amenaza, pero con un machete, cerca de la medianoche del 19 de agosto.
Mientras, al microtráfico de drogas se le atribuyó la muerte de otra niña, de dos años, el 31 de agosto en plena vía pública de la ciudadela Abel Gilbert de Durán (Guayas). Ella murió a las 20:00 debido a heridas de disparos de pistola.
De hecho, de 30 crímenes de la primera infancia (entre uno a cinco años) que registró Ecuador el año pasado, 18 se reportaron en la Zona 8 (integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón), que concentró más de un tercio de todos los homicidios del país.
Los asesinatos de niños y adolescentes se comenzaron a disparar en 2022 hasta niveles sin precedentes, el año pasado.
Comparados con tiempos previos a la pandemia de Covid-19 los homicidios de menores de edad se han incrementado casi ocho veces (7,8 veces respecto a los niveles de violencia de 2019). El aumento es del 682% en relación a los 45 crímenes de menores en 2019.
Ecuador vive desde 2020 una atomización de la violencia con la multiplicación de bandas criminales. Los grupos prestan servicios para el tránsito de drogas a carteles internacionales y se dedican al microtráfico. También ejecutan asaltos, sicariatos, extorsiones y secuestros.
Casi una muerte violenta por día
A pesar del estado de excepción, desde el pasado 9 de enero, los crímenes de menores siguen creciendo este año al mismo ritmo de 2023.
Entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2024 se registraron 58 homicidios de menores de edad en el país. Es decir, la media continúa siendo de casi un asesinato diario de este tipo.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó en enero sobre 770 homicidios de niños y adolescentes (de cero a 19 años), un drástico aumento con respecto a los casos registrados en 2019, según las estimaciones del Ministerio del Interior.
Pero la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) de la Policía le aclaró a PRIMICIAS que la base de datos publicada por la cartera de Estado contiene un vacío que se presta a un error de interpretación.
Las personas asesinadas o cadáveres no identificados (NN), que se registran sin edad o edad cero (0), terminan confundidas con infantes. En 2023 se registraron 352 crímenes de menores de 18 años, 269 asesinados menos de si se cuentan los NN, según la Dinased..
“Los grupos criminales utilizan a los adolescentes en el microtráfico o para la labor de cobro de extorsiones tipo vacuna, detrás de ellos hay grandes estructuras criminales”.
Galo Muñoz, subdirector de la Dinased.
El incremento general de muertes violentas afecta a esta población vulnerable, a menudo víctimas inocentes de balas perdidas, sicariatos o ataques armados indiscriminados.
La población menor de edad está mucho más expuesta a la violencia en el distrito metropolitano de Guayaquil (Zona 8) y en Guayas. Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y El Oro, en ese orden, siguen entre las provincias de mayor incidencia.
El reclutamiento inicia a los 12 años
El coronel Galo Muñoz, subdirector de la Dinased, informó que, de cero y hasta los 12 años de edad, se trata de víctimas indirectas de la violencia, o llamadas también víctimas colaterales.
Mientras, desde los 12 años en adelante se analiza caso por caso. Y es que los grupos criminales empiezan a reclutar niños de esa edad, "desde octavo de básica en los colegios".
Se trata de prácticas de reclutamiento constatadas por la Policía Nacional en los distritos más violentos del país (como Nueva Prosperina, en Guayaquil), sectores que resultaron tomados por el crimen organizado.
“El reclutamiento forzoso de adolescentes por parte de grupos armados está aumentando en Ecuador, y los centros de salud y las escuelas están siendo asediados”.
Garry Conille, Unicef.
El oficial de policía puso el ejemplo de un adolescente de 14 años, asesinado el pasado fin de semana con ocho disparos en Durán. El atentado se dirigió directamente al menor de edad.
No obstante, Muñoz asegura que con el estado de excepción, y con el “control estricto en los centros de mando criminal que eran las cárceles”, se registra una reducción general de 200 muertes violentas en los dos últimos meses. Es un 20% menos que el mismo periodo de 2023.
Y se espera que, de mantenerse esta tendencia, los crímenes de menores de edad empiecen a caer incluso en una proporción mayor teniendo en cuenta el incremento de víctimas indirectas que se produjo el año pasado.
Pero la reducción de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, lejos de depender solo de la Policía, es una labor de todo el Estado en su conjunto, dijo el oficial.
La Unicef califica como alarmante el repunte de las muertes por violencia armada. De hecho, el 91% de los crímenes contra menores de edad se ejecutó en 2023 con armas de fuego.
Erosión de mecanismos de protección
Garry Conille, director Regional de Unicef para América Latina, atribuyó el repunte de la violencia en la población menor en Ecuador al “aumento desmesurado” de la delincuencia.
“La interrupción de los servicios básicos en las zonas controladas por grupos armados no solo está poniendo a más niños y niñas en peligro de que los recluten. También está limitando el acceso a salud, educación y a protección de cientos de miles de personas”, apuntó Conille.
La inseguridad ha impedido que más de 4,3 millones de niños y niñas en el país reciban servicios educativos adecuados, según Unicef. El organismo llama a reforzar los sistemas de protección de la infancia y a promover una mejora de la justicia juvenil.
Pablo Coloma, máster en derecho penal, experto en justicia restaurativa y responsabilidad penal de la adolescencia, coincide en que existe un “desmantelamiento de sistemas sociales”, incluyendo la asignación reducida de recursos a educación y salud.
“Los sistemas normativos destinados a la protección de la niñez están obsoletos, están fallando y necesitan actualizaciones desde el punto de vista técnico”.
Pablo Coloma, experto en justicia restaurativa.
El especialista además advierte del abandono de medidas socioeducativas en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) del país, lo que impide romper con una violencia que se perpetúa a partir de estos espacios.
Coloma, quien trabajó para la fundación de origen suizo de ayuda a la infancia Terre des hommes, lamenta la falta de mejoras en el sistema de justicia juvenil. La realidad empeoró desde la desaparición del Ministerio de Justicia y la creación del SNAI, en 2018, dijo.
Además denuncia la falta de recursos para talleres de artes y oficios en los CAI, a los que él brindó asistencia con la Fundación hasta el año pasado.
“El tema de adolescentes privados de libertad cada vez se parece más al sistema penitenciario de adultos, eso replica y reproduce unas dinámicas similares de violencia y corrupción. No hay un sistema especializado como manda la Constitución”, señaló Coloma.
Compartir:
