Disputa por el cerro de Montecristi, en manos de la Corte Constitucional

En las calles de Manabí aún recuerdan las primeras alertas de julio de 2021, relacionadas a la tala de árboles en la cima del cerro de Montecristi para la puesta en marcha del proyecto fallido de un radar antinarcóticos.

Han pasado más de 1.000 días y el acceso de la población a la zona alta sigue restringida por la presencia militar. A lo largo de los meses ha existido una serie de acciones, procesos y pedidos, encaminados a recuperar el cerro para que vuelva ser un lugar transitado y turístico.

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Por ello, la municipalidad pide que se declare inconstitucional el decreto que mantiene al cerro como zona de seguridad nacional, mientras que, desde otro frente conformado por la ciudadanía, siguen acciones constitucionales.

En este cantón, de 99.937 habitantes, hay algunos cuestionamientos, entre ellos que “inicialmente se indicó que la afectación era en un área de 2,5 hectáreas".

Sin embargo, aseguran, "se han intervenido alrededor de siete hectáreas y no solamente eso, no se permite el acceso a la cima en un área considerable”, precisó el alcalde de Montecristi, Jonathan Toro.

Este tipo de argumentos también los plantea la Comisión Pro-defensa del Cerro Milenario del cantón Montecristi, que considera que las pretensiones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) son las de seguir interviniendo en el cerro.

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Además, revelan que han tenido acercamientos con la asambleísta oficialista Valentina Centeno, para que sea el “nexo con el presidente Daniel Noboa, con el fin de que se sume a nuestra causa y se derogue el decreto ejecutivo número 157”.

Se refieren al decreto firmado el 17 de agosto de 2021, por el entonces presidente Guillermo Lasso, en el que se declaró a los cerros de Montecristi y San Isidro como áreas reservadas militares de defensa.

La decisión se tomó luego de una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Consepe) como medida para enfrentar la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico.

¿Decreto inconstitucional?

Tanto la Comisión Prodefensa del Cerro y el alcalde Toro concuerdan en que el decreto 157 es "inconstitucional".

Cristóbal Castro, procurador síndico del Municipio de Montecristi, explicó que el documento es inconstitucional, porque no se cumplió con el permiso de uso gestión de suelo que "en efecto no se le podía otorgar porque es un área protegida".

Agrega que tampoco hubo consultas ambientales "tomando en cuenta que en el sector que compone el cerro hay muchas comunas".

En este sentido, uno de los miembros de la Comisión Prodefensa presentó en 2022 una acción extraordinaria de protección y en 2024 se unió la alcaldía, para reforzar la lucha en defensa de cerro.

Asimismo, por las acciones que tomó el Concejo Municipal en 2021, en una sesión extraordinaria, en la que apoyaron y acogieron el registro Ambiental para el proyecto radar del Gobierno, la actual administración reconoce que la decisión no fue la adecuada.

"En esa acción (extraordinaria de protección) nosotros somos demandados como cabildo, pero en ese entonces quien administraba la ciudad no hizo nada por proteger el cerro", denunció Castro.

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Castro es consciente y expone que, al demandar al municipio, han presentado elementos para que la Corte Constitucional considere que sí existe una afectación al cerro, "que sí fue inconstitucional el decreto 157 y que no se realizó el informe de la consulta ambiental".

Hace referencia a un informe de siete páginas presentado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi ante el máximo organismo, en el que se explica:

• "No tiene ningún asidero y valor jurídico, pues la municipalidad no tiene atribuida la competencia de acoger o no favorablemente un registro ambiental expedido por el ministerio del Ambiente".
• "No se debe desconocer que existe responsabilidad por omisión del exconcejo municipal del cantón Montecristi (2019-2023) por no haber evitado el daño causado de acuerdo a sus responsabilidades y competencias".

Afectaciones ambientales y turísticas

En este contexto, el municipio y la Comisión Prodefensa del Cerro aseguran que siempre han estado a favor de la seguridad nacional.

Sin embargo, "estaremos en contra de la violación al derecho a la naturaleza, al patrimonio natural, cultural e histórico, a la humillación de un pueblo que ha trascendido en la historia de Ecuador", sostiene la Comisión Prodefensa del Cerro.

La primera autoridad municipal manifestó que la afectación al sector turístico fue otro golpe, pues "nosotros tenemos proyectos que queremos emprender, pero todo esto hace que nos merme aquella oportunidad".

El alcalde calculó que antes de la intervención, en Ciudad Alfaro unas 350.000 personas visitaban el lugar al año, pero a raíz de que se que prohibió subir al cerro, la cifra decayó a 200.000.

Ciudad Alfaro es un espacio histórico y público, inaugurado en 2007 y creado en homenaje al general Eloy Alfaro Delgado, que se ubica en las faldas del cerro de Montecristi.

Toro considera que los turistas se han ausentado debido a la restricción que existe para subir al cerro y, además, que las instalaciones de Ciudad Alfaro están deterioradas.

La trama del proyecto 'antinarcos'

Los malos días de la población de Montecristi datan de 2021, cuando Lasso dijo que Manabí y Santa Elena no tenían control aéreo.

Entonces hubo la necesidad de poner en marcha el proyecto radar en el cerro de Montecristi, lo que originó una serie de acciones e incluso enfrentamientos entre la comunidad y la fuerza pública.

Pese a lo anterior, el aparato, que tenía un alcance de rastreo de 220 millas, comenzó a operar el 27 de octubre de 2021, pero el 7 de noviembre de ese mismo año quedó inhabilitado debido a una explosión.

Luego, para mayo de 2022, el radar español fue desarmado y trasladado a un centro de mantenimiento de la FAE en Latacunga (Cotopaxi).

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Además surgieron procesos judiciales y una serie de acusaciones, pero aún no se sabe qué pasó y quiénes fueron los responsables.

La Fuerza Aérea aún no logra cobrar la póliza que mantiene con Interoceánica de Seguros C.A., que asciende a USD 5 millones.

Militares a juicio

En la actualidad, un juez de Garantías Penales dictó auto de llamamiento a juicio contra diez de los catorce procesados por su presunta participación en el delito de sabotaje, en grado de omisión, por la destrucción del radar.

Los involucrados son miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) que estaban a cargo del patrullaje y custodia del equipo.

La decisión tiene como punto clave que entre los elementos de convicción se presentaron las conclusiones de cuatro informes, en los que expertos de Estados Unidos, Ecuador y de la empresa proveedora del radar analizaron los materiales que se habrían utilizado para volar el radar.

Por ejemplo, según la explicación fiscal, en el resultado de la Asistencia Penal Internacional solicitada a Estados Unidos se determinó la presencia de "residuos de explosivos plásticos", los cuales son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y que requieren de un manejo especializado.

Mientras se conoce la sanción que, según el artículo 345 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), podría ser de una pena privativa de libertad de hasta diez años, la ausencia del radar ha obligado a buscar alternativas.

Es así que el espacio aéreo se vigila con radares tácticos, mientras que un escuadrón de drones apoya en el monitoreo de posibles pistas clandestinas y detecta vuelos irregulares.

En esta línea, en lo que va de 2024, los militares han destruido seis pistas clandestinas en Manabí, localizadas en Montecristi (Manantiales), Pedernales (Cojimíes), Jama, dos en Puerto López y Jipijapa (Puerto Cayo).