El conflicto armado interno agrava el hacinamiento en las cárceles
El promedio de plazas faltantes en el sistema carcelario en 2023 fue de 3.707 cupos, con un hacinamiento del 13,45%. Pero solo en tres semanas de 2024 se ha detenido a 4.488 personas, por el conflicto armado interno.
Imagen referencial de una intervención policial y militar en la Penitenciaría del Litoral, al norte de Guayaquil.
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La población de las 36 cárceles de Ecuador excedió su capacidad instalada en 13,45% en 2023, con una sobrepoblación de 3.707 privados de la libertad, en promedio. Pero solo entre el 9 de enero y 29 de enero de 2024 se capturó a 4.486 personas.
Aunque el Ministerio del Interior no detalla cuántos de los aprehendidos este mes pasaron a prisión preventiva (o cuántos quedaron en libertad), el volumen de detenciones en medio del conflicto armado interno supone por lo menos que el hacinamiento se está duplicando.
Mientras, el estado de excepción de 60 días aún no completa su primer mes. De hecho, podría extenderse por 30 días más, tras la declaratoria de conflicto armado del 9 de enero y la persecución de 22 bandas catalogadas como terroristas.
El sistema carcelario del país cuenta con una capacidad de 27.556 plazas para recluir a personas privadas de la libertad, pero el año pasado albergó a 31.273 en promedio.
El presidente de la República, Daniel Noboa, reconoció este martes 30 de enero que el problema de seguridad en las cárceles pasa por el hacinamiento y un sistema fallido instaurado por el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
Un sistema que, según el Gobierno, convirtió a las cárceles en centros de mando del crimen organizado, mientras que se busca mitigar el hacinamiento con la repatriación de alrededor de 3.200 presos extranjeros a través de un decreto firmado el 29 de enero.
El SNAI no puede desaparecer, pero la Fuerza Pública cooperará en el control de las prisiones, de acuerdo a la nueva estrategia gubernamental, según señaló Noboa en entrevista con Ecuavisa. Dos nuevas cárceles prefabricadas estarán operativas en 10 u 11 meses, dijo.
Colchonetas para los reos
Un síntoma de la cantidad de presos que llegan al complejo en Guayaquil son las decenas de familiares que acuden a diario a los exteriores de la Penitenciaría del Litoral buscando -sin éxito- entregar a los detenidos implementos de aseo, medicinas o incluso colchones.
De hecho, la Penitenciaría del Litoral es uno de los dos centros con mayor problema de hacinamiento del país, según registros del SNAI.
Su capacidad es de 3.909 presos, pero a lo largo de 2023 tuvo una media de población de 5.506. Es decir, su nivel de hacinamiento es de 40,85%. Solo la supera la cárcel de Machala (El Oro), cuyo hacinamiento bordeó el 75%.
Un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) sostiene que las prisiones estaban autogobernadas por bandas del crimen organizado bajo niveles de permisividad y corrupción sistemáticos.
En la Penitenciaría del Litoral, la CDH confirmó la reorganización de los pabellones, a través del traslado de internos.
Además, la institución denunció la restricción de acceso a agua potable y alimentación a los privados de libertad desde el 15 de enero y reportó el decomiso de ropa, elementos de higiene y objetos no prohibidos a los presos.
“Las familias señalaron estar incomunicadas con sus parientes en prisión y tener prohibición de visitarlos durante la ocupación militar”, reza el informe de la entidad.
De hecho, el Comité también pide investigar presuntas prácticas de tortura por parte de Fuerzas Armadas como: negación de comida, encierros en celdas con gas pimienta, toallas mojada con pimienta, golpes y azotes “entre otros actos que atentan a la dignidad humana”.
A la propia Defensoría del Pueblo de Guayas se le ha impedido el ingreso al centro penitenciario para una visita de verificación civil, de acuerdo a la CDH.
Hacinamiento en Guayaquil alcanza 24%
En el complejo carcelario de Guayaquil -el más grande y violento del país- el hacinamiento es todavía mayor que a escala nacional y alcanzó el 23,96% en promedio, en 2023.
Eso significa que la población de las cinco cárceles del norte de la ciudad (ubicadas en el kilómetro 16,5 de la vía a Daule) excedieron su capacidad instalada en 2.321 presos. Así, el complejo albergó a 12.005 privados de libertad el año pasado.
El general Víctor Herrera, comandante de Policía de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), informó que cuando empezó la intervención conjunta con las Fuerzas Armadas, el 7 de enero, el complejo contaba con 11.232 personas privadas de libertad.
En primer lugar, la fase inicial de las intervenciones en estas cárceles consiste, según el oficial, en tomar el control e identificar caletas de ocultamiento de drogas, armas, municiones, explosivos y provisiones prohibidas.
La segunda fase se centrará en distribuir a los privados de libertad por nivel de peligrosidad (baja, media y alta) y se eliminará la clasificación por grupo de delincuencia organizada, que se remonta a 2018. Estos traslados ya se ejecutan de forma progresiva.
“La redistribución de privados de libertad no se va a realizar a corto plazo, tenemos hasta 90 días para hacerlo. Todavía seguimos con los allanamientos que iniciamos en la cárcel Regional y que continúan en la Penitenciaría”, indicó Herrera.
A la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas aún les falta por intervenir en Guayaquil la cárcel de mujeres y el Centro de Detención Provisional (CPD). Sin embargo, se espera sostener los controles internos en los centros penitenciarios con la Fuerza Pública, más allá de la excepción.
“El objetivo de la intervención es impedir el ingreso de objetos prohibidos y controlar las comunicaciones para evitar eventos violentos intra y extramuros”, agregó Herrera.
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