En 2023 se reportaron 730 casos de personas cuya desaparición seguía en investigación. La proyección a partir de los primeros cuatro meses de 2024 apunta a que este año podría acabar con más de 1.000 casos sin resolver.
En los primeros cuatro meses del año, 107 personas que se encontraban desaparecidas fueron halladas muertas. Y seguía abierta, en investigación, la desaparición de otras 353 personas.
Los casos sin resolver de desaparecidos se quintuplicaron en el país tras la pandemia. Ecuador registró en 2019 un total de 144 desapariciones en investigación, mientras que en 2023 el número ascendió a 730 de personas.
Y lo peor es que, si no se hace nada al respecto, las desapariciones sin respuestas para las familias seguirán creciendo. Una proyección de los casos sin resolver de los primeros cuatro meses de 2024 apunta a que el año podría acabar aún peor, con más de 1.000.
Según datos abiertos del Ministerio del Interior, en los primeros cuatro meses del año se reportaron 2.308 personas desaparecidas.
Y más de un centenar de estas personas fue hallada sin vida. Se trata de fallecidos por accidentes, suicidios, muertes naturales y delitos contra la vida.
Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), denuncia que existe falta de profesionalización en el personal policial y, sobre todo, en los agentes fiscales que atienden estos casos.
"La profesionalización y capacitación de los fiscales es crucial y esto no se aprende por Zoom. No es lo mismo buscar personas desaparecidas que abordar otros delitos".
Lidia Rueda, Asfadec.
Según Rueda, a pesar de la “cifra inédita” de casos sin resolver y del aumento de los fallecidos, el sistema judicial carece de la estabilidad y capacitación necesarias para abordar eficazmente el problema.
Aunque el volumen total de desapariciones reportado va en descenso con respecto a los tiempos previos a la pandemia (antes de 2020), los casos sin resolver aumentan de forma sostenida.
Casos represados por décadas
La constante rotación de fiscales e investigadores es uno de los factores críticos que dificultan la resolución de casos, de acuerdo con la Asfadec, fundada en 2012.
Ello reinicia constantemente los procesos -explica Rueda-, obligando a los nuevos encargados a familiarizarse desde cero con expedientes a menudo voluminosos.
Entre esos expedientes están desapariciones como las de Álvaro Nazareno, de 27 años, desaparecido el 14 de marzo de 2011 en el hospital Eugenio Espejo de Quito, un caso “sin avances significativos”.
Él padecía una enfermedad catastrófica. Su madre lo dejó sentado en una silla del área de emergencias con un suero en su brazo, mientras iba al laboratorio. Sería la última vez que lo vería, ya que cuando regresó a los 10 minutos su hijo ya no estaba.
El incremento de las desapariciones sin resolver va a tono con el proceso de atomización de la violencia en Ecuador desde 2020, provocada por la proliferación de bandas criminales en disputa por territorio para el tráfico de drogas y delitos conexos.
De hecho, desde la Asfadec también cuestionan que investigadores y personal fiscal de las unidades de desaparecidos sean a menudo derivados a casos relacionados con asociación ilícita y crimen organizado.
La organización remarca la necesidad de mayor control sobre sustancias como la escopolamina, utilizadas en casos de desapariciones. Según la Asfadec, la vulnerabilidad de adolescentes y adultos jóvenes frente a estas sustancias se ha incrementado.
Guayas es la provincia donde tradicionalmente se han reportado más desapariciones. Pero en los primeros cuatro meses del año, el primer lugar le correspondió a Pichincha con 551 reportes -de los 2.308 a escala nacional-.
Además, 498 casos de personas desaparecidas se registraron en Guayas, 121 en El Oro, 121 en Chimborazo, 101 en Manabí, 100 en Cotopaxi, 97 en Azuay y 94 en Esmeraldas.
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