Fiscalía dice que un testigo habló sobre quiénes dieron la orden de matar a Villavicencio
La Fiscalía dio por terminada la instrucción fiscal en la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Afueras de la Clínica de la Mujer, en Quito, que atendió a Fernando Villavicencio, tras sufrir un atentado.
Roger Vélez
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La Fiscalía General del Estado anunció la noche del domingo 8 de octubre de 2023, en sus redes sociales, que dio por terminada la correspondiente instrucción fiscal en la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
En un comunicado, la Fiscalía aseguró que, este mismo domingo, se recibió el testimonio anticipado de un testigo del crimen, ocurrido el 9 de agosto de 2023.
Según la misiva de Fiscalía, el testigo reveló los montos ofrecidos a los sicarios contratados para asesinar a Villavicencio, candidato presidencial de Construye y muerto a tiros a la salida de un mitin, en el norte de Quito.
Además, ese testigo dio los nombres de quienes contrataron a los sicarios.
El primero en reaccionar ante esta revelación fue el excandidato presidencial Christian Zurita, quien reemplazó a su amigo y colega Villaviencio como candidato. Zurita dijo en su cuenta de X (antes Twitter) que el monto pactado para matar al presidenciable fue de USD 200.000.
Además, el testigo habría señalado que el responsable es "el gobierno de Correa", en alusión al expresidente Rafael Correa Delgado.
El expresidente Correa también reaccionó al anuncio de la Fiscalía. También en X, restó veracidad a estas afirmaciones, que salen a cinco días de la segunda vuelta. "Cualquier cosa con tal de impedir nuestra victoria", escribió Correa.
Todo esto ocurre al final de una semana en que siete implicados como sicarios del crimen de Villavicencio murieron asesinados. Los siete, de nacionalidad colombiana, fallecieron mientras estaban presos, seis en Guayaquil y uno en Quito.
Esos crímenes obligaron al gobierno de Guillermo Lasso a ordenar una reorganización de la fuerza policial, que incluyó cambios en la cúpula de la Policía Nacional y de la administración de las cárceles.
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