Caso Purga: cómo un contrato de obras en Quito terminó enredado en la Corte de Guayas
Según la Fiscalía, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 'pagó' con una remodelación en la Corte de Guayas, un fallo favorable por un contrato cuestionado por el Municipio de Quito. La intermediaria fue la comunicadora Mayra Salazar.
Imagen referencial de la Corte Provincial de Guayas.
Fiscalía/Twitter
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Las conversaciones de Mayra Salazar, que contiene el expediente del caso Purga, han revelado la corrupción alrededor de un contrato por USD 30 millones, relacionado con el asfaltado de las calles de Quito.
Se trata de un proceso que data de 2019, que se resolvió en la Corte Provincial de Guayas a través de un presunto pago de favores.
La Fiscalía formuló cargos en contra de una funcionaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que le depositó USD 1.485 a Mayra Salazar, la poderosa comunicadora de la Corte de Guayas, que está en el centro de la investigación del caso Purga.
El pago, según la Fiscalía, era parte de un trabajo de remodelación de un salón de la Corte Provincial del Guayas. El salón, de 24 metros de largo por 8 metros de ancho, recibió un cambio de piso, como supuesto pago por una sentencia favorable para el Cuerpo de Ingenieros.
Las fechas de chats de Mayra Salazar con un usuario identificado como 'Andrés Militares' sobre esta remodelación coinciden con la fecha de la sentencia favorable de la Corte Provincial: ambas fueron en noviembre de 2023.
Dicha remodelación, de hecho, seguía en camino en diciembre de 2023, cuando Salazar fue detenida como parte del caso Metástasis.
Detrás de todo está el millonario contrato para la repavimentación de las calles de Quito, un proceso que fue cuestionado por la Contraloría y que corresponde al tiempo de la alcaldía de Jorge Yunda.
Un contrato con vínculos
El 7 de noviembre de 2019, la Empresa de Obras Públicas de Quito firmó un contrato con el Consorcio Repavimentación Quito para el asfaltado de calles en toda la ciudad. El monto fijado fue de USD 30 millones.
El Consorcio Repavimentación estaba conformado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la empresa Inmosolución S.A., cuyo único accionista es el Issfa.
Según los documentos, que constan en el Sistema de Compras Públicas, las obras comenzaron pocos días después de firmado el contrato, pero comenzaron a retrasarse después del inicio de la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020.
A estos problemas se sumó que la Contraloría emitió en julio de 2021 un informe en el que habla de irregularidades en ese contrato.
Específicamente, señala que el Consorcio Repavimentación subcontrató una parte de la obra con las empresas Herdoíza Crespo y Geinco; el dueño de esta última es amigo cercano del exalcalde Yunda.
Tras esto, la Empresa de Obras Públicas decidió declarar la terminación unilateral del contrato en abril de 2022.
El amarre judicial
En diciembre de 2022, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército presentó una acción de protección en un juzgado del cantón Samborondón, en Guayas. Lo hizo así, a pesar de que el contrato había sido firmado y ejecutado en Quito.
Argumentaban que la Empresa de Obras Públicas les debía USD 6,16 millones por las obras que ya ejecutaron y que no se liquidaron antes de la terminación anticipada del contrato. Pero la jueza Larissa Ibarra decidió rechazar la acción de protección el 16 de febrero de 2023.
Un día después, el Cuerpo de Ingenieros apeló. La causa cayó en manos de los jueces Fabiola Gallardo, Henry Taylor y Guillermo Valarezo; los tres ahora están procesados en el caso Purga.
Según los chats que constan en el expediente, en julio de 2023, 'Andrés Militares' comenzó a presionar a Mayra Salazar para obtener una sentencia favorable. Incluso le mandó a dejar unos chocolates el 23 de agosto.
La sentencia de los tres jueces, en la que le dan la razón al Cuerpo de Ingenieros, salió el 1 de noviembre de 2023. Y una semana después, 'Andrés Militares' le pide a Mayra Salazar las medidas del salón que iban a intervenir. Ella le manda varias fotos.
Para el 16 de noviembre, 'Andrés Militares' le manda a Mayra Salazar fotos de las muestras de colores del porcelanato que podían instalar en el piso. Ella escoge un tono de blanco.
El 23 de noviembre, Salazar recibe una transferencia de USD 1.485 de la cuenta de Ruth Solano, directora jurídica del Cuerpo de Ingenieros, también procesada en el caso Purga. Las obras comienzan el 25 de noviembre, según las conversaciones que constan en el expediente.
El 11 de diciembre de 2023, Mayra Salazar le envía a 'Andrés Militares' fotos del avance de obra. Tres días después, ella fue detenida dentro de los operativos del caso Metástasis.
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