Tannya Varela, Mauro Vargas y Giovanni Ponce, exjefes de la Policía Nacional, son objeto de una investigación por asociación ilícita.
Tres generales de la Policía Nacional, en servicio pasivo, son parte de una investigación previa por presunta asociación ilícita. El caso se denomina Poder Policial y apunta a Tannya Varela, Mauro Vargas y Giovanni Ponce.
Aunque la investigación todavía es reservada, la fiscal Diana Salazar reveló su existencia, el 13 de mayo de 2024, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Según la funcionaria, en este caso se investiga la "presunta intervención de altos mandos de la Policía Nacional para articularse con la finalidad de beneficiar a los presuntos infractores del denominado caso León de Troya, mediante cambios administrativos de personal a su cargo y dejar en la impunidad hechos delictivos".
Esta investigación se abrió el 15 de marzo de 2023 y en los 14 meses siguientes, el Ministerio Público ha realizado 149 diligencias investigativas. La última tuvo lugar el 7 de mayo de 2024.
El caso lo está investigando la Fiscalía Provincial del Guayas. Por lo que en un inicio estuvo a cargo de Yanina Villagómez, quien fue separada de ese puesto tras su vinculación con las redes del narcotráfico en el caso Metástasis. Ahora está encargado el fiscal René Astudillo.
Tras la revelación de Salazar, PRIMICIAS intentó contactar a los tres investigados. Vargas fue el único que pude ser localizado. El exdirector de Inteligencia policial señaló que estaba al tanto del caso. Incluso, dijo que hay tres o cuatro investigaciones en su contra y de los otros exoficiales.
Vargas, quien también fue inspector General de la Policía Nacional, informó que han colaborado con la investigación. Y que incluso ya han rendido sus versiones libres y voluntarias, que todavía son reservadas.
El exuniformado aplaudió las investigaciones de la Fiscalía y aseguró que él y sus excompañeros no tienen nada que ocultar, ya que "siempre tuvimos como objetivo luchar contra la delincuencia".
Del caso León de Troya a Encuentro
La investigación de la Fiscalía se desprende de lo que empezó el 13 de mayo de 2021, en plena transición entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Varela había sido nombrada como la primera Comandante de la Policía por el primero y el segundo la ratificó.
Dos de sus personas de confianza eran Mauro Vargas, desde Inteligencia, y Giovanni Ponce, desde Antinarcóticos. Ambos acompañaron a Varela en los 10 meses en los que estuvo al frente de la entidad.
Ese 13 de mayo, en Manabí, se abrió una investigación previa por presunto narcotráfico. Se indagaban las relaciones de la mafia albanesa con las bandas locales. Pero, en marzo de 2022 -una vez que Varela ya había salido de la Policía- se dispuso el archivo de la misma sin ningún resultado.
A inicios de 2023, filtraciones periodísticas revelaron que la investigación del caso León de Troya apuntó a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso; y Rubén Cherres, uno de los mejores amigos de Carrera. Y que se cerró tomando como base en un informe policial.
Tras la filtración de documentos reservados, en febrero de 2023, la justicia ordenó la reapertura del caso León de Troya. Sin embargo, ocho meses después, la Fiscalía decidió acumular esa causa con el denominado caso Encuentro.
En el caso Encuentro, Carrera es señalado como el líder de una estructura de corrupción que habría operado durante el Gobierno de Lasso para obtener beneficios económicos ilegales a costa del sector eléctrico del Estado.
El rastro de Varela, Vargas y Ponce
Tras la filtración de documentos y una investigación del Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA), que comandó Fernando Villavicencio (+), se conocieron más detalles de cómo se cerró el caso León de Troya.
El 7 de julio de 2021, según reportó el FPA, la entonces comandante Tannya Varela y el teniente coronel José Luis Erazo, quien estaba a cargo de la investigación, visitaron a Lasso a Carondelet.
Ese día, según confirmó el propio Lasso, Varela y Erazo presentaron un informe del avance de esa investigación. Sin embargo, según el Presidente, en ese momento la indagación tenía un progreso del 10%.
Según el informe del FPA, el 1 de septiembre de 2021, la excomandante Varela fue quien dispuso la desintegración del equipo investigador del caso León de Troya. Esta decisión fue ejecutada por Ponce, como de Director Nacional de Investigación Antidrogas.
Lasso afirmó que él no ordenó que esa investigación previa se cierre, aunque así fue como procedió la Policía, ocho meses después de esa reunión.
Audios filtrados por La Posta evidencian cómo se habría ejecutado el archivo del caso. El 14 de marzo de 2023, este medio digital divulgó cinco extractos de dos conversaciones.
En los dos primeros se escucha a quienes serían los generales Mauro Vargas y Giovanni Ponce en una conversación que habría sucedido frente a los investigadores del caso León de Troya.
"Yo creo que esto deberíamos cerrar, porque esto mañana le va a afectar al Presidente", habría dicho Ponce en un primer momento. Vargas lo habría secundado: "Sí, sí, yo también creo eso".
En los dos extractos revelados sobre la primera conversación no queda claro si, finalmente, la investigación de León de Troya se cerró por orden de Vargas y Ponce. El 14 de marzo de 2023, los dos generales pidieron la baja luego de que el presidente Laso pidiera su destitución.
En los otros tres extractos de otra conversación presuntamente se escucha a Varela, conversando con un interlocutor no identificado. "Yo fui bien clara con Mauro Vargas, a mí no me importa esto. Quieren bajarle, bájenle", decía la oficial sobre la investigación.
'La Madrina'
Villavicencio y el FPA pusieron en evidencia la supuesta actuación de Varela, Ponce y Vargas en el cierre de esa investigación de narcotráfico, que llegaba al círculo familiar del entonces presidente Lasso.
Pero, además, ese documento se acercó a otras supuestas relaciones sospechosas de la cúpula policial.
Según la investigación de Villavicencio, el albanés Dritan Gjika, quien comandaría la operación de la mafia albanesa en Ecuador y era socio de Rubén Cherres, se encargaba de coordinar la seguridad de la estructura criminal con una oficial de la Policía identificada como 'La Madrina'.
'La Madrina' se enfocaba en "poner personal policial de confianza en las diferentes direcciones para facilitar el tráfico de droga". En el mismo documento del FPA se asegura que 'La Madrina' es Tannya Varela.
El informe de Villavicencio indica que la relación entre esta estructura criminal empezó cuando la "oficial de Policía trabajaba en el aeropuerto, en migración". Según un perfil oficial, Varela fue jefa provincial de Migración, en Guayas.
En febrero de 2024, a través de su cuenta de X, Varela dijo que había guardado silencio desde diciembre de 2022, cuando el FPA publicó el informe, por recomendación de sus abogados.
Pero, agregó que ella no ha huido del país y que, hasta el momento, no ha sido requerida por la Fiscalía en el marco de ninguna investigación. Al tiempo que negó las acusaciones hechas por el Frente en su contra.
Desde esa reacción ha vuelto a permanecer con perfil bajo, incluso se negó a comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
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