Denuncias de tortura y falta de comida, los reclamos de los presos en la cárcel de Latacunga

A un costado de la Panamericana Sur, a 28 kilómetros de la cárcel de Cotopaxi, una valla publicitaria del Gobierno, en tonos lilas y amarillos, promociona la imagen del presidente Daniel Noboa.

Junto a la fotografía del Presidente hay una frase que asegura que el Gobierno retomó el control de las prisiones. Sin embargo, al llegar a las inmediaciones de ese centro de rehabilitación ese control toma otro tono.

Decenas de familiares de presos -hombres y mujeres- buscan información. Desde el 8 de enero de 2024, la mayoría de las 36 cárceles del país está bajo el control de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y las visitas están suspendidas.

Desde esa fecha, según las versiones públicas de los voceros del Gobierno, los motines, enfrentamientos y muertes violentas en los centros de detención se han reducido notablemente.

Sin embargo, la situación se ha volcado hacia el otro extremo. Las cárceles pasaron de un descontrol y dominio de las bandas narcodelictivas, a un régimen militar en el que las denuncias por tratos crueles empiezan a rondar con mayor frecuencia.

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21 días sin comida

La última polémica tiene que ver con la alimentación. La falta de pago del Gobierno a Lafattoria, empresa que ha monopolizado el servicio de comida en las cárceles desde 2012, dejó a ocho prisiones, en igual número de provincias, sin alimentos.

Y podrían sumarse otras cinco prisiones en Guayas.

El servicio de alimentación carcelario, que está a cargo del Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), está dividido en tres administraciones territoriales:

Lafattoria proveía la comida en dos de estas administraciones. En la Zona 1, el contrato entre la empresa y el SNAI caducó. Pero, desde 2020, la relación continuó a través de convenios de pago, ya que, hubo seis intentos de contratación que se declararon desiertos por la falta de oferentes.

Los convenios de pago son instrumentos legales que se pueden usar de forma excepcional para cumplir obligaciones adquiridas, a fin de pagar obras, bienes, y servicios entregados por un proveedor.

Joffre Campaña, abogado de Lafattoria, explica que desde diciembre de 2023, cuando inició el gobierno de Daniel Noboa, se dejó de cumplir con esos convenios. Pese a que las órdenes de pago están aprobadas, Finanzas se ha negado a pagarlas, asegura el jurista.

El 2 de mayo de 2024, el presidente Noboa señaló que la empresa había ganado USD 171 millones con el Estado. Y sugirió que la compañía tendría vínculos con organizaciones criminales, lo que ha sido rechazado por los directivos de la entidad.

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La deuda del Gobierno con Lafattoria por la Zona 1 se acumuló hasta llegar a unos USD 8 millones. Por esta razón, el 30 de abril de 2024, la empresa tomó la decisión de suspender la dotación de alimentos y retirarse de las ocho cárceles que componen esa Zona.

Desde ese día, esas cárceles no tienen un servicio de alimentación formal. El 17 de mayo de 2024, el SNAI anunció que estaba preparando un nuevo proceso de contratación. Pero, cuatro días después, no ha sido publicado en el Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE).

Además, Lafattoria tiene un contrato vigente con la Zona 3, que aglutina a las cinco prisiones que conforman el Complejo Penitenciario de Guayaquil, en Guayas. El servicio se sigue prestando, pero ante la falta de pago, Campaña indicó que se interrumpirá entre el jueves y viernes próximos. En esa zona la deuda es de unos USD 2 millones.

Una cocina comunal y escasa

La cárcel de Cotopaxi es la más grande de la Zona 1 y lleva 21 días sin servicio de comida. Este centro tiene una capacidad para 4.894 presos y hasta el 29 de marzo de 2024, tenía en sus celdas a 4.324 personas.

Tras conocerse la salida de Lafattoria, familiares de los presos se organizaron a través de un chat grupal que se había creado años atrás, cuando ocurrieron las masacres carcelarias que dejaron más de 500 presos asesinados en todo el país.

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En ese chat, esposas, madres, hermanos e hijos de los detenidos impulsaron la idea de donar alimentos para los presos. Se acercaron a las autoridades del SNAI y de la cárcel. Los funcionarios accedieron a recibir esas donaciones.

Desde el 1 de mayo, un grupo de mujeres se reúne en los exteriores de ese recinto carcelario, sobre la vía Panamericana, para recibir donaciones. Las acopian y luego hacen un escrito, en el que detallan un listado de todo lo recibido y va a ingresar a la prisión.

Posteriormente, la entregan a policías y militares en el sitio. Los agentes revisan la comida de manera exhaustiva y, finalmente, la ingresan hasta las bodegas.

Al interior, según las mujeres que están a cargo de las donaciones, son 10 mujeres detenidas las que están a cargo de cocinar para más de 4.000 presos. Además, cuentan con la ayuda de cinco hombres que se dedican a actividades como pelar los alimentos y cargarlos de un lugar a otro.

Con las donaciones, dice una de las mujeres, alcanza máximo a una comida diaria para todos. Generalmente, reciben harinas, pastas, arroz, legumbres, frutas y productos empaquetados como galletas.

El martes 21 de mayo de 2024, un equipo de PRIMICIAS acompañó a las mujeres en el proceso de recepción y organización de las donaciones. Hubo tallarines, fideos, remolacha, nabo, coliflor, arroz, tomate riñón y una cubeta de huevos.

Las mujeres son las encargadas de ingresar a la cárcel y recibir coches para movilizar la comida. Luego la cargan en unas plataformas y las llevan hasta la bodega del SNAI para entregárselas a las autoridades.

"Confiamos en que la comida llegue a todos adentro. No podemos verlos y preguntarles. Aunque los abogados (que son los únicos que pueden entrar a las cárceles) nos han pasado el recado de que sí están comiendo lo que les enviamos", dijo una de las mujeres, que es de la Costa, pero que desde inicios de mayo se queda en un hotel de Latacunga para gestionar las donaciones.

Para el jueves 23 de mayo, las mujeres consiguieron que una persona les colabore con la elaboración de pan para todos los presos. Ahora están buscando yogur y plátanos para elaborar kits alimenticios para cada uno de los detenidos.

¿Torturas?

Además de las quejas por la comida, las mujeres denuncian tratos crueles en contra de los presos de Latacunga, por parte de agentes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Esto ya había sido denunciado por organizaciones sociales, pero ni el Gobierno ni la milicia se han pronunciado.

Los relatos de las mujeres son crudos y se asemejan a escenas de películas de acción.

Una de las mujeres que ayuda a acopiar la comida es Carla (nombre protegido). Su esposo lleva varios años detenido en la cárcel de Cotopaxi, "no murió en las masacres y parece que lo van a matar ahora", asegura la mujer.

Ella indica que su esposo, un colombiano, interpuso un habeas corpus para denunciar los tratos crueles. En la audiencia, a través de una pantalla, la mujer dice que lo vio con sus ojos hinchados, con hematomas en todo el cuerpo y hasta mostró sus dedos sin uñas. El habeas corpus fue negado.

Ahora, la mujer está tramitando la repatriación de su esposo hacia una cárcel en Colombia, pues ellos son originarios de Ibagué.

Desde los exteriores del CRS Cotopaxi, dicen las mujeres, se escuchan los gritos de los presos, que se quejan de golpes y de castigos con gases lacrimógenos.

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Incluso, el 16 de mayo de 2024, la organización Alianza Contra las Prisiones alertó que en la cárcel de Cotopaxi habría presos que murieron. El SNAI no ha confirmado ni desmentido esa información.

PRIMICIAS visitó la morgue del Cementerio General de Latacunga la mañana del martes 21 de mayo de 2024.

Esta dependencia, que según su letrero pertenece a la Policía Nacional, estaba cerrada. Sin embargo, un trabajador confirmó que la anterior semana llegaron tres cuerpos desde la cárcel.

El mismo día, Alianza contra las Prisiones denunció la detención de la abogada Paulina Reyes. Según el relato de la ONG, la abogada ingresó a la cárcel de Latacunga y evidenció supuestos actos de tortura. Tras increpar a militares, habría sido detenida.

Las autoridades tampoco se han pronunciado al respecto.