Adjudicación opaca de terrenos, carencia de informes de impacto ambiental y arqueológico y un controvertido permiso municipal están entre los cuestionamientos de la CDH a la nueva cárcel. Los predios hacen parte de un sistema provincial de áreas de conservación.
La declaración de la construcción de la cárcel de Santa Elena como “reservada” le ha otorgado a la obra un blindaje para saltarse instancias legales. Esa es la denuncia de las organizaciones que respaldan la oposición de socios comuneros al proyecto.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció que el Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) solicitó un permiso de construcción de la cárcel, pero sin entregar información al Municipio de Santa Elena.
Es decir, ni siquiera a la municipalidad -autoridad competente de control de construcciones, uso de suelo y ordenamiento territorial- se le ha entregado detalles y coordenadas de la cárcel, que según la denuncia viola el territorio comunitario.
Telmo Jaramillo, abogado del CDH y defensor de una docena de familias de la comuna Bajada de Chanduy, anota que incluso cuando los militares construyen cuarteles deben obtener permisos municipales.
Además, los predios dónde se construirá la prisión tienen al menos tres títulos de propiedad. Y la Gobernación reconoció que se encontraron adjudicaciones irregulares en las 300 hectáreas que pertenecían supuestamente al Estado.
Y el hecho de que los posesionarios comunales no hayan explotado las tierras desde 1920, protegiendo un remanente de bosque seco, pone en entredicho incluso la legitimidad de la hipoteca por la cual se revirtió al Estado los terrenos.
“El Gobierno legitima el despojo. Argumenta que por una hipoteca en tierras comunales, que son inviolables y con prohibición de venta, según la ley, se traspasan a Agricultura y al SNAI”, dice Jaramillo.
Las 16,8 hectáreas de la cárcel del Encuentro, como la bautizó el Presidente de la República se ubican en límites entre las comunas Juntas del Pacífico y Bajada de Chanduy. La población más cercana es el recinto Don Lucas, al interior de la provincia de Santa Elena.
Colectivos expresaron su rechazo a la construcción de la cárcel en Santa Elena. Foto API
Cinco irregularidades de la cárcel, según la CDH:
-
Impacto ambiental y arqueológico
La Comuna Bajada de Chanduy ingresó al Ministerio de Agricultura y al SNAI peticiones de información y la CDH constató que no habría informe de impacto ambiental del proyecto ni de posibles impactos de restos arqueológicos. En la parroquia de la que forman parte las dos comunas se ubica, por ejemplo, el cerro Las Negras, un yacimiento arqueológico con 32 sitios de interés, estructuras de piedra con forma de tortuga y muros de contención prehispánicos.
-
Adjudicaciones opacas
La adjudicación de terrenos "estatales" del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) al SNAI se realizó sobre coordenadas que interceptaban sobre escritura previa, de otro propietario, por lo que el Municipio de Santa Elena se negó a catastrar las tierras de la cárcel. Agricultura tuvo que emitir sobre la marcha una adjudicación sobre otro predio y aquello determina que cualquier estudio técnico inicial se realizó erróneamente, según el Comité.
-
¿Y el permiso de construcción?
El SNAI solicitó el permiso de construcción a la municipalidad de Santa Elena, pero la entidad se negó a entregar información a la municipalidad por ser un proyecto “reservado”, a pesar de que el Gobierno Autónomo Descentralizados (GAD) es la autoridad de control competente en la materia.
-
Consulta previa, libre e informada
También se denuncia incumplimiento del debido proceso y vulneración de los derechos colectivos que le asisten a la Comuna Ancestral Indígena Bajada de Chanduy, como la consulta previa, libre e informada, el acceso a la información y el derecho al territorio. La Gobernación y el SNAI realizaron mesas técnicas, pero solo en la comuna Juntas del Pacífico, cuando el proyecto también involucra a la comuna vecina.
-
Área de Conservación ACUS
A la controversia sobre la propiedad de los terrenos -doce familias tienen títulos de posesión desde hace casi cien años-, se suma una resolución de la Prefectura de Santa Elena que declaró el 19 de enero de 2023 como Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) a la zona que incluye a La Envidia, bosque que reclaman los comuneros de Bajada de Chanduy. En tanto, el Ministerio del Ambiente niega que la zona sea parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Los reparos ambientales al proyecto
El Ministerio de Ambiente emitió un comunicado este lunes 1 de julio en el que informó que la zona de la cárcel de Santa Elena no es parte de las áreas protegidas.
Pero la resolución de la Prefectura, y un cartel a un lado de donde iniciaron trabajos de construcción de la prisión -el pasado 27 de junio-, refieren a un Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS), un sistema provincial de áreas de conservación y de uso sostenible.
PRIMICIAS consultó con el Municipio y la Prefectura de Santa Elena sobre los temas de su competencia, pero hasta el cierre de esta edición, evitaron emitir comentarios.
Natalia Roca, directora de Árboles Sin Fronteras, que trabajó en el Área de Conservación de 21.349 hectáreas, dice que el sistema provincial cuenta con incluso con plan de manejo ambiental. El 62% es bosque nativo, dijo.
“La zona de construcción de la cárcel está directamente conectada al bosque primario de los cerros de Iseras, es un solo ecosistema. Están intentando fragmentar cordillera, eliminar corredores biológicos, crear focos para invasiones y extracción de recursos”, dijo Roca.
Preparan acciones constitucionales
El área hace parte del corredor ecológico de la cordillera de Chongón y Colonche. Y entre las especies categorizadas como amenazadas están 11 tipos de aves, pecaríes y venados de cola blanca.
Jaramillo, defensor de los comuneros de Bajada de Chanduy, dijo que un error del Ministerio de Agricultura, al modificar los linderos de los terrenos, permitió la entrada de traficantes y empresarios inescrupulosos, lo que ha facilitado el despojo de las tierras.
"Las tierras de las comunas ancestrales no pueden ser vendidas, no pueden ser reducidas ni afectadas. Y el Gobierno con su discurso legitima el despojo"
Telmo Jaramilo, abogado de comuneros.
Una docena de familias son las afectadas, pero el reclamo cuenta con el respaldo de organizaciones como la Federación de Comunas Ancestrales de Santa Elena (Fedecomse) y la Coordinadora de Organizaciones Sociales, entre otras.
Jaramillo anticipó “una serie de acciones legales, en sede constitucional y administrativa”, en contra de la construcción de la cárcel del Encuentro.
Lo último