La 'Cárcel del Encuentro' de Noboa divide a los comuneros de Santa Elena
El Presidente de la República presidió el acto de inicio de la obra de la nueva prisión, pero los trabajos se prevén iniciar hasta la próxima semana. Familias de socios comuneros afectados reclaman la propiedad de tierras ancestrales.
Trochas abiertas por militares en la vía entre la comuna Juntas del Pacífico y el recinto Don Lucas, en el lugar dónde se prevé construir la nueva cárcel de Santa Elena.
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Estacas pintadas de rojo con trozos de cinta de peligro a modo de pequeños hitos. Y trochas abiertas en en una zona de cerros, entre ceibos del bosque seco tropical. Esos son los únicos indicios de la nueva “cárcel del Encuentro” en la provincia de Santa Elena.
Tampoco había personal militar ni contratistas en el sector, la mañana de este viernes 21 de junio de 2024, horas después de que el presidente de la República, Daniel Noboa, presidiera la ceremonia de "inicio de obra" de la nueva prisión.
La cárcel se llamará “del encuentro” -como eslogan del gobierno del expresidente Guillermo Lasso- porque, según el mandatario, en ella se encontrarán corruptos y narcotraficantes. El presidio de máxima seguridad contará con sistemas de Inteligencia Artificial, según Noboa.
A pesar del acto oficial, los trabajos de construcción empezarán la próxima semana. Mientras que familias de socios comuneros afectados reclaman la propiedad de terrenos y evalúan interponer demandas contra la construcción de la prisión.
De hecho, durante la ceremonia se escucharon desde un cerro cercano gritos de “no queremos cárcel”. El evento se realizó en una cancha de la comuna Juntas del Pacífico, de la parroquia Simón Bolívar, en Santa Elena.
Y el lugar de construcción se ubica a kilómetros al sur del poblado. Militares abrieron trochas a unos siete kilómetros en una vía destapada entre Juntas y el recinto Don Lucas.
Pero, según el gobernador de Santa Elena, Fabricio Tamayo, el sitio de la nueva prisión se ubicará todavía monte adentro, a 20 kilómetros.
Tamayo se refirió a los reclamos sobre la propiedad ancestral de las tierras. Y dijo que se trata de quejas de comuneros de Bajada de Chanduy, comuna vecina a Juntas.
"Ellos dicen que por ancestralidad, esas tierras también les pertenecen a ellos. Pero no hay tal títulos, legalmente no tienen absolutamente nada," afirmó el gobernador.
De “selva virgen” a presidio
Las 37,8 hectáreas donde se construirá la cárcel pertenecen actualmente al Gobierno. Las cedió el Ministerio de Agricultura y Ganadería al Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), según Tamayo.
El área de construcción será de 12,2 hectáreas y, con las de retiro, sumará un espacio total de 16,8 hectáreas. Los trabajos de construcción comenzarán el 24 de junio, dijo.
El sitio requiere mejoras viales que acompañarán la construcción. "Todo esto era selva virgen y ahora, con la construcción de la cárcel, se desarrollarán todas las vías de acceso," explicó Tamayo. "La vía hacia el lugar todavía está lastrada”, agregó.
Una reunión previa entre comuneros y representantes de la Gobernación y el SNAI, este jueves 21 de junio, se extendió por más de cuatro horas, debido a reclamos y falta de concesos, de acuerdo a los comuneros.
"En la reunión hubo solicitudes como la falta de un centro médico y la necesidad de ampliar la cobertura de la escuela y el colegio. Estamos de acuerdo con esas solicitudes y trabajaremos en ellas", señaló el gobernador.
Juntas del Pacífico cuenta con una población de unas 2.500 personas y sus habitantes se dedican mayoritariamente a la agricultura. Según el gobierno, el 80% de la mano de obra para la construcción de la cárcel será de la zona.
La nueva instalación contará con cinco pabellones, cuatro patios y tres cercos de seguridad. Y la inversión será de USD 50 millones.
La cárcel tendrá capacidad para 736 privados de libertad. En cuanto al tiempo de construcción, se estima que la obra estará lista en aproximadamente 10 meses, equivalentes a 300 días.
Persisten reclamos de comuneros
Entre los comuneros que reclaman la ancestralidad de las tierras persiste la falta de claridad sobre el polígono en el que se construirá la infraestructura, en predios de 300 hectáreas que, según el Gobierno, se revirtieron al Estado por una hipoteca.
Comuneros de las familias Cabrera Parrales y Cabrera Villón denuncian que los militares han abierto las trochas en sus tierras, parte del predio La Envidia, de propiedad de 12 posesionarios por cerca de un siglo.
Donald Cabrera, representante de los comuneros de Bajada de Chanduy, expresó su rotundo rechazo a la construcción de la cárcel, argumentando que el proyecto nace de una adjudicación ilegal y afectará negativamente a su comunidad, trayendo inseguridad a la zona.
Cabrera acusó al Gobierno de actuar de manera "prepotente y arbitraria" al adjudicar las tierras al SNAI sin respetar las normativas legales, en medio de la “indignación” entre quienes consideran el área como parte de su patrimonio ancestral.
Además de la disputa legal sobre la propiedad de las tierras, Cabrera alertó sobre el impacto ambiental que tendría la construcción en un bosque megadiverso de 435 hectáreas y ubicado dentro de un área de conservación provincial.
Cabrera adelantó que utilizarán todas las herramientas legales para defender sus derechos y convocará a reuniones con dirigentes y abogados para decidir las acciones a seguir.
Los reclamos cuentan con el respaldo de la Federación de Comuneros de Santa Elena y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
En el lado de Juntas también temen afectación a predios comunales. Nelson Laínez, socio comunero de 66 años, reclamó porque, según la información disponible, se afectarán seis hectáreas de tierras que su familia han trabajando por casi un siglo y donde tiene sembríos.
"No nos quedó de otra que aceptar, porque nos dijeron que sino iban a tomar todas las 300 hectáreas a la fuerza, sobre las que el Gobierno tiene unos documentos", reclamó la familia.
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