Decreto revela aumento de violencia criminal en seis provincias de Ecuador
La violencia criminal también golpea a los niños. 56 han muerto por esta causa en Guayas, 19 en Los Ríos y 10 en Manabí en lo que va de 2024.
Policías en un operativo en Guayaquil en junio de 2024.
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El número de muertes violentas todavía se mantiene alto en Ecuador, aunque un día antes del nuevo decreto de estado de excepción para seis provincias, el Gobierno aseguró que este indicador se redujo en 17% en el primer semestre de 2024.
Según la Policía, solamente entre el 1 de marzo al 19 de junio de 2024 se produjeron 1.929 homicidios intencionales en todo el país, frente a los 2.320 que ocurrieron en igual periodo del 2023.
Manabí, registra 315 crímenes, 14% más que igual lapso del año pasado. Los Ríos, 260 (aumento del 12%). Orellana, 27 (50% más). Santa Elena, 75 (10% más). Y Guayas, 864, es decir, 21% menos que igual periodo del 2023, pero que aun así tiene un peso del 44,8% en todo el país.
Esta situación también golpea a los niños. En este lapso, 115 menores de edad han fallecido como consecuencia de la violencia criminal, de ellos 56 en Guayas, 19 en Los Ríos y 10 en Manabí.
De las 24 provincias que tiene Ecuador, ocho como Tungurahua, Chimborazo, Loja, Napo (en Sierra y Amazonía) no registran cifras de dos dígitos, mientras Galápagos mantiene su racha de 0 crímenes.
Además, la información que consta en el Decreto, detalla que el 87% de las armas utilizadas para estos crímenes fueron armas de fuego como pistolas o fusiles. Incluso, calibre 233, que podrían causar graves lesiones a las fuerzas del orden.
De allí que el Gobierno argumenta en el Decreto que "la criminalidad ha escalado cuantitativa y cualitativamente a un grado de intensidad alarmante e inusitado", en estas provincias.
En el marco del estado de excepción, el presidente Daniel Noboa suspendió los derechos a la inviolabilidad del domicilio y correspondencia, y de libre asociación. Esto no incluye un toque de queda, como en otras ocasiones.
"Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedan facultadas para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas a la seguridad", agrega el decreto.
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