Caso Purga: Pablo Muentes y otros ocho procesados van a prisión preventiva

Tan pronto culminó la lectura de la resolución, que tomó alrededor de tres horas, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, pidió al juez nacional que se asegure que los procesados no irán a celdas donde puedan reunirse con aquellos que están detenidos por el caso Metástasis, que también investiga una trama de delincuencia organizada.
Mientras, los abogados defensores pidieron que se garantice su seguridad y anunciaron que apelarán la decisión.
El juez Javier de la Cadena, quien en principio los envió a la cárcel 4 de Quito, dispuso que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (Snai), determine en donde los ubica para que cumplan con la prisión preventiva.

El juez nacional leyó su resolución de forma individualiza. Tras dictar prisión contra el exasambleísta Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo, dictó igual medida  cautelar contra los jueces y exjueces Johan Marfetán Medina, Henry Taylor Terán, Nelson Mesías Ponce Murillo. Irán a la cárcel 4 de Quito.
La Fiscalía solicitó esa medida cautelar como una forma, no solo para asegurar que asistan a las diligencias, sino para impedir que continúen actuando en los tribunales. En el caso de Ponce Murillo, el juzgador también desestimó certificados médicos presentados por su defensa sobre depresión y otros achaques.
En el caso de Mónica Alvarado Vargas, otra de las detenidas y esposa del exasambleísta Pablo Muentes, el juez dispuso prohibición de salida del país y obligación de presentarse en la Fiscalía de Guayas, todos los días lunes, en vez de prisión preventiva.
La defensa de Fausto Alfonso Alarcón Gómez alegó, por su lado, que dictar prisión preventiva en su contra sería "condenarlo a muerte" por enfermedades, lo que fue desestimado por el juez porque no se trata de catastróficas y le dictó esta medida cautelar. Se trata de un primo del exasambleísta Muentes. Para la Fiscalía, es un testaferro de los bienes de la organización criminal y podría ocultar los bienes si no era enviado a la cárcel.
El juez nacional, igualmente, envió a prisión preventiva a Ruth Solano Padilla, procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La Fiscalía adujo que esta mujer tiene la capacidad de "comprar decisiones judiciales", y la acusó de autora en esta trama criminal.
También dictó prisión preventiva para el juez Alberto Lino Tumbaco, a quien investiga por haber beneficiado al exasambleísta Muentes en una millonaria demanda contra Banco del Pacífico, a cambio de un puesto de trabajo para su hijo en la Función Judicial. Desestimó el argumento del abogado defensor de que sufre diabetes.
Contra otro de los detenidos, Saúl Mera Zambrano, funcionario de la Judicatura del Guayas, el juez no acogió el pedido de la Fiscalía, sino que, en su lugar, dispuso medidas alternativas como la prohibición de salida del país.
Por último, dictó arresto domiciliario contra el juez Reinaldo Cevallos Cercado por ser de la tercera edad.
El juez también prohibió a los procesados enajenar bienes muebles e inmuebles por un valor de USD 3,9 millones y dispuso la retención de cuentas que los procesados tengan en el sistema financiero nacional.
La instrucción fiscal durará 90 días. 

Igual medida de la prisión preventiva dictó el magistrado contra Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, y para el juez Johan Marfetán, a quienes la Fiscalía acusa de autores de delincuencia organizada en calidad de líderes del caso Purga.

El juez nacional dictó prisión preventiva contra el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, a quien la Fiscalía lo señala de liderar una estructura criminal que influenciaba en las decisiones de los jueces de la Corte de Justicia de Guayas.
El magistrado desestimó los argumentos de la defensa de Muentes, que presentó certificados médicos donde se aseguraba que el exasambleísta socialcristiano sufre trastorno depresivo, ansiedad e hipertensión arterial.
Señaló que estos no se configuran en los casos especiales que contempla el Código Penal, pues no se trata de una enfermedad terminal. "Existe un riesgo procesal. La medida de prisión es idónea", dijo.

Después de más de 10 horas de receso, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, retomó la audiencia de formulación de cargos contra los 12 detenidos por el caso Purga.
Al edificio de la Corte llegaron los aprehendidos después de que ingresó la fiscal General, Diana Salazar, quien portaba chaleco antibalas, todo bajo un fuerte resguardo policial.
El juez analiza si acepta el pedido de la Fiscalía: prisión preventiva para 11 de los detenidos y arresto domiciliario para el juez Bernardo Cevallos debido a que tiene más de 70 años.
 

Tras escuchar los alegatos de los abogados de los procesados, el juez Javier de la Cadena salió de la sala a deliberar el pedido de prisión preventiva de la fiscal Diana Salazar.
El juez suspendió la audiencia y, en primera instancia, se anunció que la diligencia se reinstalaría a las 16:00 para dar a conocer la resolución. Sin embargo, hubo un aplazamiento: la audiencia se reinstalará a las 18:00.

La fiscal Diana Salazar pidió al juez Javier de la Cadena que dicte prisión preventiva para 11 de los 12 procesados por delincuencia organizada.

Según la Fiscalía, Daniel Salcedo pidió a Mayra Salazar, el 10 de agosto de 2023,  que suba a las redes sociales que ella manejaba un video de Los Lobos, en el que se refieren al asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido un día antes.
En el audio difundido por la fiscal durante la audiencia se escucha una voz que dice lo siguiente: "Ecuador, no se dejen engañar, nosotros somos el GDO Los Lobos... rechazamos el asesinato del candidato a la Presidencia, el señor Fernando Villavicencio, y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado a personas del Gobierno o civiles..."
Según la fiscal, Salcedo envió el video con el siguiente texto: "Para que se haga viral... suba a las redes" y Mayra Salazar le habría respondido: "Jajaja Vea eso, ahora soy lobo. En este momento se lo subo".
"Ese video fue generado desde el teléfono y usuario de Daniel Salcedo", relató la fiscal.
Salazar concluye que "este será un elemento más para remitir a la investigación que sobre los autores intelectuales se maneja en torno al asesinato" de Villavicencio.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el rol de Mayra Salazar fue importante en dos puntos: primero, ella se encargaba de manejar un "troll center" que beneficiaba a Muentes, y además fue quien aprendió cómo funcionaba el sistema de sorteo de causas, para poder usarlo a su favor.
Entre las evidencias que la Fiscalía tiene dentro del expediente están las conversaciones de WhatsApp contenidas en el teléfono de Mayra Salazar. Según la Fiscal, allí se evidencia, por ejemplo, que la jueza Gallardo hizo un acercamiento con el abogado de alias 'Fito' para buscar beneficiarlo en una causa que pretendía sacarlo de 'La Roca'.
En esas conversaciones, también se demostraría que Mayra Salazar hablaba con Daniel Salcedo (otro procesado por Metástasis y por la corrupción hospitalaria). En esos chats, la Fiscalía asegura que ella "da cuenta de los arreglos en los sorteos de las causas judiciales", por medio del exvocal de la Judicatura, Xavier Muñoz (procesado en el caso Independencia Judicial).

La fiscal general Diana Salazar comenzó su acusación pasadas las 22:30. Después de nombrar a los 12 procesados, la Fiscal aseguró que este es un caso que vincula la política con la corrupción dentro de la justicia.
Salazar aseguró que hay tres personas que encabezaban la supuesta organización criminal:

• El exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes.


• La expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, actual jueza de la institución.


• El juez Johann Marfetán, de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, también procesado en el caso Metátasis

Tras una primera intervención de los abogados defensores de los 12 procesados, el juez De la Cadena decidió calificar la legalidad de las detenciones y desechó los argumentos de las defensas.
Los defensores argumentaron que no se permitió a los procesados tener acceso a un abogado durante los allanamientos, o que el formato de la boleta de detención decía que era para fines investigativos.
Con esto, la fiscal general Diana Salazar comenzó la formulación de cargos a cada uno de los detenidos.

La audiencia comenzó con una breve exposición de la fiscal Diana Salazar. Explicó que la investigación previa comenzó el 20 de febrero pasado y que, días después, se pidió autorización al juez Javier De la Cadena para realizar 43 allanamientos y 25 registros de vehículos, además de las 12 detenciones.
Salazar aseguró que a todos los detenidos se les leyó los derechos pero que Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas, se negó a firmar la hoja de los derechos.
Hasta ahora, la Fiscalía ha concretado solo 12 detenciones, pero la fiscal anunció la futura vinculación de Hugo Manuel González, actual presidente de la Corte del Guayas, que reemplazó a Gallardo en enero de 2024, y de Elcy Celi, exvocal suplente de la Judicatura.