Los retos políticos pondrán a prueba al nuevo Ministro de Gobierno

La mayor oposición al Gobierno está en la Asamblea Nacional. Sin una bancada sólida, el oficialismo no ha podido concretar los principales objetivos del presidente Lasso, en cuanto a reformas legales. Además, el pulso político entre ambas funciones del Estado tiene acorralado al Ejecutivo, que incluso llegó a limitar las comparecencias de sus ministros. Muchos de ellos han estado en la mira de los legisladores de oposición, que los amenazan con juicios políticos. A la par, están las investigaciones de supuestos casos de corrupción, que podrían terminar en un segundo intento de destitución del presidente Lasso. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, apuesta por cambiar esa tensa relación. Y, pese a la negativa de las organizaciones políticas de aceptar un diálogo, el funcionario insistió en llamar a la unidad nacional, para enfrentar, por ejemplo, la inseguridad. Así, el Ministro está convencido de conseguir la aprobación, en el pleno de la Asamblea, de la reforma parcial a la Constitución, para que las Fuerzas Armadas complementen la seguridad interna. A su lista de compromisos agregó la aprobación de los vetos ejecutivos en materia de seguridad ciudadana. Así como las reformas necesarias para impedir el abuso y desnaturalización de las garantías jurisdiccionales, las acciones de protección. Según el ministro Cucalón, "los ciudadanos ya no toleran el atasco político y exigen apertura y no sectarismo ante la situación actual". Por lo que llamó a una "gran cruzada nacional" a favor de la democracia, la seguridad y la convivencia social.

Las organizaciones indígenas y campesinas, encabezadas por la Conaie se aprestan a mantener una asamblea conjunta para evaluar las mesas de diálogo posteriores al último paro nacional. Según los dirigentes, el Ejecutivo no ha cumplido con la mayoría de acuerdos pactados y los que sí han sido llevados a cabo tampoco han satisfecho las expectativas. Por ello, al cumplirse la próxima semana los 90 días de plazo marcados por las organizaciones, la Fenocin, Feine y Conaie decidirán sus siguientes pasos. Y no queda descartado el inicio de nuevas movilizaciones. Con el cambio de mando en el Ministerio de Gobierno, que lleva adelante el seguimiento de los acuerdos, Henry Cucalón deberá asumir el reto de evitar que el descontento social se traslade otra vez a las calles.

El último llamado al diálogo y la unidad, hecho por el presidente Lasso, no tuvo acogida entre las diversas organizaciones, sociales y políticas. La respuesta fue un no contundente, con base en experiencias previas de los distintos sectores, que argumentan que el Ejecutivo no tiene credibilidad, porque las distintas mesas de diálogo no han arrojado los resultados esperados. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano (PSC), que fue el primer aliado desestimado del movimiento Creo, advirtió que no se puede creer en la palabra del Gobierno. Mientras que el correísmo, que tiene la mayor bancada legislativa, dijo que no será parte de un 'lavado de cara' del Ejecutivo. La Izquierda Democrática no descarta un acercamiento, pero exige cambios de fondo en la gestión gubernamental, como la inversión en salud pública y vialidad, el acceso a la educación, la reducción de tributos, la dotación de recursos a la Policía y la lucha contra la corrupción. Lo mismo sostiene la Conaie, que ratificó que no será parte de ningún acuerdo nacional por la falta de credibilidad presidencial.

El revés electoral no solo se dio en el referendo, el oficialismo tampoco consiguió cifras positivas en los nuevos gobiernos locales. Al igual que la mayoría de agrupaciones política nacionales, Creo tuvo pocas victorias por sí solo: apenas seis alcaldías y ninguna prefectura. Además, el principal opositor del Gobierno recuperó espacios políticos en todo el país. El correísmo se quedó con las ciudades y provincias más grandes del país: Quito, Guayaquil, Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay. Por lo que el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, deberá, también, transitar esas relaciones para poder ejecutar acciones conjuntas en esas jurisdicciones, especialmente en materia de seguridad. Sin contar que, los gobiernos locales tienen mucha influencia en cada territorio, por lo que podrían respaldar futuras manifestaciones.

El Gobierno deberá además hacer frente a las diversas investigaciones por presuntos casos de corrupción, tanto en la Función Judicial, como en la Legislativa. Entre ellos el caso Danubio, Ministerio de Agricultura, Petroecuador y EMCO. A esto se suma la salida del secretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, después de que presentara un informe que establecía varias hipótesis sobre el modus operandi de la corrupción en las empresas públicas. Desde entonces el cargo está vacante. Pese al discurso presidencial de colaborar con las autoridades judiciales, "caiga quien caiga", las dudas sobre la transparencia de la gestión en varios ministerios y empresas crecen.