La campaña anticipada se desbordó, reconoce Pita
El Ministerio de Obras Públicas retiró el 31 de diciembre, vallas de varios candidatos desplegadas por el Puente de la Unidad Nacional. Según el vicepresidente del CNE, hay un vacío legal para ejercer controles.
Retiro de vallas del Puente de la Unidad Nacional, el 31 de diciembre de 2022, tres días antes de la campaña electoral.
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Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), reconoció que la campaña anticipada se desbordó y que el organismo también está desbordado.
Esto, luego de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) retirara el 31 de diciembre de 2022, del Puente de la Unidad Nacional (sentido Guayaquil-Durán), las vallas de algunos candidatos a los comicios seccionales en la provincia del Guayas.
La entidad se amparó en la Ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial para retirar la propaganda, antes del inicio oficial de la campaña electoral, el 3 de enero de 2023.
"Tengo que destacar que el Ministerio asumió esa responsabilidad y ojalá lo haga a lo largo y ancho de todas las carreteras del país. De alguna manera, el CNE está desbordado", manifestó en Ecuavisa.
Según explicó Pita, la ley les dispone levantar expedientes y ponerlos en consideración del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Para hacerlo, agregó, tienen que encontrar cuál es el origen, quién pago y quién es el candidato.
"No se puede determinar que un candidato o una organización política esté detrás, y para esto también hay que tener un presupuesto", agregó.
El vicepresidente del organismo señaló que hay un vacío legal, que la Asamblea Nacional debería revisar y reformar la ley.
Este martes, las vallas volvieron al Puente de la Unidad Nacional. Las organizaciones políticas y sus candidatos tienen hasta el 2 de febrero -día en que concluye la campaña electoral- para promocionarse.
Según el artículo 208 del Código de la Democracia, desde la convocatoria a elecciones las organizaciones políticas podrán realizar, por su iniciativa, las actividades tendientes a difundir sus programas de gobierno, planes de trabajo y candidaturas.
Esto, siempre que no implique la contratación en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias.
Las sanciones por la realización anticipada de actos de precampaña o campaña van desde la suspensión de los derechos políticos hasta un año y una multa de hasta 10 salarios básicos unificados.
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