Contraloría halla irregularidades en contratos de la Alcaldía de Jorge Yunda para seguridad del Metro

Dos contratos de seguridad firmados por la Empresa Pública Metro de Quito entre 2018 y 2023 registran irregularidades, según un informe de la Contraloría General del Estado.

El organismo encontró diferentes anomalías que se repiten en dos procesos de contratación que tuvieron como objetivo brindar el servicio de vigilancia y seguridad privada a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

Esos contratos fueron firmados el 18 de octubre de 2019 y 7 de mayo de 2021, ambos durante la Alcaldía de Jorge Yunda.

La Contraloría se refiere, por ejemplo, a que las empresas contratadas no presentaron los documentos que certifiquen la experiencia mínima laboral de los guardias, así como su formación académica.

"La Empresa Metro de Quito tampoco verificó que sus equipos de trabajo tengan la homologación que se requiere para esta actividad", agrega la entidad.

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Incluso, la Contraloría asegura que los funcionarios municipales modificaron los términos de referencia para reducir la experiencia mínima que debían cumplir los guardias. Pasó de 24 meses en cinco años a 24 meses en 10 años.

Además, señala que la Empresa Metro de Quito no consideró el tipo de armas eléctricas que deben portar los guardias, ni los certificados de acreditación de su estado de salud, salud mental y antecedentes penales.

Con relación a temas logísticos, la Contraloría determina que en los procesos de contratación se obviaron el número de uniformes que debía tener cada guardia, sus carnés laborales y la ubicación de las oficinas de las empresas a las que pertenecen.

En las últimas páginas del informe, la entidad de control dice que algunas empresas que participaron en el concurso ni siquiera presentaron documentos que las certifiquen como compañías dedicadas a esta actividad.

Aumento de presupuesto

En el documento, la Contraloría también señala que funcionarios de la entidad municipal aprobaron un aumento del presupuesto para uno de los contratos firmados en 2021, pese a que no hubo una justificación técnica.

El presupuesto referencial pasó de USD 136.000 a USD 230.400. Aunque, al tratarse de una puja inversa, el contrato se firmó por USD 140.400.

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"Las reformas presupuestarias no fueron motivadas y tampoco se justificó el hecho de que el presupuesto inicial fue insuficiente", dice el organismo.

Contraloría recomienda a las autoridades que verifiquen los documentos que son parte de los procesos de contratación pública para garantizar su legalidad.