Según la Contraloría, la Prefectura de Pichincha descalificó a siete de los ocho oferentes que se presentaron a un concurso para la rehabilitación de un tramo de la Autopista General Rumiñahui.
La Contraloría General del Estado (CGE) encontró irregularidades en el contrato que la Prefectura de Pichincha, dirigida por Paola Pabón, firmó en 2020 para la rehabilitación de la Autopista General Rumiñahui, en el tramo entre el Centro Comercial San Luis y El Colibrí.
En un informe publicado el 9 de mayo de 2024, el organismo detalló que la Prefectura de Pichincha descalificó a siete de los ocho oferentes que se presentaron al concurso, que finalmente recayó en el Consorcio Colibrí Pichincha, conformado por las empresas Terrical, Aring Constructores y Amazonas Building.
El contrato se firmó por USD 3,5 millones.
"En la etapa de verificación del cumplimiento de requisitos mínimos se descalificó a siete de los ocho oferentes por no cumplir con los parámetros de personal técnico y su experiencia; y equipo y metodología", dijo la Contraloría.
Sin embargo, aclaró que estos parámetros no debieron ser tomados en cuenta, lo que provocó una afectación a los "principios de legalidad, trato justo y oportunidad; y retrasos en la entrega de la obra".
En el documento, la Contraloría también responsabilizó a la Prefectura de Pichincha por haber depositado el anticipo de la auditoría de seguridad vial en un banco privado, en el que el Estado no es el mayor accionista, como establecía el contrato.
Según la CGE, esta práctica puso en riesgo "el buen uso del anticipo y se dificultó el seguimiento y control para garantizar que estos recursos se destinen exclusivamente en la ejecución del proyecto".
La Contraloría, además, determinó que las recomendaciones que arrojó la auditoría no se implementaron porque "no se verificó que exista la viabilidad para aplicarlas", agregó.
Problemas con un consultor
Dentro del proyecto vial impulsado por la Prefectura de Pichincha también se firmó un contrato para la "Actualización de la evaluación de la condición de la estructura de pavimento en la vía".
El documento se concretó, a pesar de que la Contraloría asegura que el consultor no ofertó los productos requeridos en los términos de referencia.
"Esta situación derivó en que no se pueda identificar la presencia del nivel freático elevado en el proyecto y que, en el presupuesto referencial, no se establezcan los rubros necesarios para la ejecución de los trabajos mitigantes", explicó la CGE.
En las últimas páginas del informe, la entidad también señala que el consultor tampoco presentó los resultados del estudio, pese a que la Prefectura pagó por sus servicios.
"La Prefectura pagó un monto injustificado de USD 6.778 sin que los productos fueran entregados por el consultor", insistió en el documento.
¿Qué dice la Prefectura?
Un día después de la publicación de esta nota, la Prefectura de Pichincha emitió un comunicado en el que asegura que el informe de la Contraloría "no se ajusta a la realidad del proceso de contratación".
Según la entidad, la Contraloría cometió estas imprecisiones:
- Se presentaron 10 oferentes y no ocho.
- A estas ocho empresas se pidió que corrijan errores de forma en sus ofertas. Cinco presentaron los nuevos documentos.
- A la etapa de calificación llegaron seis ofertas. Las cinco que presentaron la nueva propuesta y otra que también cumplió los requisitos de postulación.
- Dos fueron calificadas para la siguiente fase.
- Sin embargo, una fue descalificada por incumplir los requisitos técnicos.
La Prefectura sostiene "al tratarse de una licitación internacional, para un proyecto financiado por la CAF, se debe observar lo acordado en los respectivos convenios, lo cual fue ratificado por la Procuraduría del Estado".
Agrega que en la "etapa correspondiente desvanecerá las imprecisiones del informe, mediante los descargos pertinentes".
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