Quito se suma a los municipios que intentan combatir la inseguridad regulando a las motos

El Municipio de Quito se sumó a la tendencia de los municipios del país de regular el uso de motocicletas para combatir la inseguridad. El martes 9 de julio de 2024 aprobó una ordenanza que prohíbe circulación de dos personas en moto en esa ciudad.

Con 12 votos a favor, el Concejo Metropolitano aprobó una normativa en la que se prohíbe la movilización de dos personas en este tipo de vehículo.

Normativas similares se han aprobado en Guayaquil y Samborondón, y han superado una primera fase de discusión Cuenca. En todos los casos, el objetivo ha sido reducir los índices delictivos en las ciudades.

El principal argumento de discusión, en todos los casos, fue que los delincuentes en motos cometían robos, extorsiones y secuestros, aprovechando la facilidad que ofrecen esos vehículos para escapar, aún en medio de una congestión vehicular.

Un oficial de la Policía que trabaja en uno de los distritos más peligrosos de Guayaquil, y que pidió la reserva de su nombre por seguridad, dice que "la medida no sirve de nada porque, los delincuentes cometen sus ilícitos en zonas donde no ingresan agentes de tránsito".

• Quito prohíbe la circulación de motos con dos o más personas

Explica que en los sectores más peligrosos "la mayoría de los sicariatos y robos se cometen en motos porque es un medio de transporte que complica la persecución".

Según el oficial, "es muy difícil que la ordenanza arroje buenos resultados porque la AMT no tiene la capacidad operativa para ejecutar los operativos que requiere la ciudad".

Esta situación se repite en el vecino cantón de Samborondón. Ahí también se registran violentos robos por delincuentes que se movilizan en moto. El 2 de julio de 2024, 10 hombres que circulaban en cinco motos le robaron la moto a un repartidor de comida.

Pese a estas fallidas experiencias, Cuenca también intenta regular la circulación de motos. La ordenanza fue aprobada en primer debate en agosto de 2023, pero desde entonces no ha regresado al Concejo Cantonal.

Para flexibilizar la norma, Quito, Guayaquil y Samborondón establecen siete excepciones que permiten que dos personas circulen en una moto:

• Cónyuge o conviviente en unión de hecho del conductor, debidamente inscrita en el Registro Civil.
• Hijos o hermanos del conductor.
• Personas con discapacidad.
• Adultos mayores.
• Mujeres.
• Personas menores de 12 años.
• Servidores públicos que, en el cumplimiento de sus funciones, circulen en motocicletas institucionales.

Darío Paladines, presidente de la Asociación de Motociclistas del Ecuador, dice que "la medida no ha ayudado a reducir los índices delictivos, pues se ha aplicado desde una visión política y no técnica".

Agrega que la seguridad no solo depende de "cuántas personas circulen en una moto, sino de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos".

Más regulaciones para motos

El Municipio de Quito también quiere regular a los motorizados que se dedican a la entrega de comida a domicilio, actividad conocida como 'delivery'. El 9 de agosto de 2024, el proyecto de ordenanza fue aprobado en primer debate por el Concejo Metropolitano.

Durante la presentación de la iniciativa, la vicealcaldesa María Fernanda Racines detalló que el documento busca implementar un censo para conocer el número de personas que se dedican a esta actividad.

Además, explicó que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitirá credenciales a estas personas, siempre que presenten estos documentos:

• Cédula de identidad
• Licencia de conducir
• Matrícula de la moto.
• Una fotografía.
• Una planilla de servicio básico
• No mantener deudas con el Municipio.

Racines agregó que esta credencial tendrá un costo del 2,5% del salario básico. Durante el debate, la funcionaria también dijo que la ordenanza obligará a que los motorizados "se saquen el casco cuando recojan y entreguen los pedidos".

• Los motorizados de 'delivery' se suman a los 'piques' en las avenidas de Quito

Si bien el proyecto tiene apoyo en el Concejo, recibió críticas. Una de ellas provino del concejal Andrés Campaña, para quien las personas que trabajan en las plataformas digitales no deberían pagar por la credencial, pues "la mayoría trabaja en la informalidad".

Propuso que sean las aplicaciones las que asuman este costo.

Mientras que el concejal Diego Garrido señaló que los motorizados utilicen un sticker como identificación, adicional a la credencial para "mayor seguridad de los clientes".

Racines adelantó que recogerá las recomendaciones, aunque aclaró que "serán analizadas desde el ámbito jurídico porque el Municipio no tiene competencias, por ejemplo, para obligar a las plataformas a pagar por las credenciales".