Abandono, litigios e invasiones afectan a bienes patrimoniales del Centro Histórico

Más de un centenar de edificaciones están deshabitadas en el Centro Histórico de Quito. Se trata de casas patrimoniales y edificios que pertenecen al Seguro Social, al Municipio de Quito o a varios ministerios de Estado.

Otro centenar, de propiedad privada, se encuentra en igual o peor estado, afectado por falta de mantenimiento o por conflictos legales debido a herencias. O, simplemente, son inmuebles cerrados porque sus propietarios dejaron el país.

En el Centro Histórico, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene 23 inmuebles abandonados y su deterioro es evidente.

• El 3% de inmuebles patrimoniales de Quito está deteriorado

Hace ocho meses, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, planteó a los directivos del Seguro recibir bienes patrimoniales para repotenciarlos y volverlos "turísticos". A cambio, el Municipio cedería al Seguro algún terreno que fuera necesario. La propuesta quedó en análisis.

Uno de esos bienes patrimoniales de interés para el Municipio es el cine Atahualpa, construido en 1958 y que pertenece al Banco del Seguro Social (BIESS) desde hace siete años. Desde entonces, ha permanecido vacío y deteriorado.

Entre el Municipio y los ministerios existen alrededor de 80 inmuebles que se adquirieron en los últimos 12 años para proyectos turísticos y de vivienda. Algunos se concretaron y otros quedaron en planificación.

Por ejemplo, el ex Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) comenzó en 2013 el proyecto de construcción del barrio diplomático para embajadas y organismos internacionales. El proyecto abarcaba 30 casas ubicadas en la calle Manabí, entre la Cotopaxi y García Moreno, y en la Benalcázar y Cuenca.

El colegio femenino Simón Bolívar también fue parte de este proyecto que no se concretó y que luego fue abandonado, cuenta Emilio Uzcátegui, presidente de la Comisión de Áreas Históricas y de Patrimonio del Municipio de Quito.

Otro de los ministerios con bienes patrimoniales es el de Defensa, propietario de las piscinas del Sena, ubicadas en la Recoleta y cerradas desde hace 14 años.

El Municipio también tiene bienes abandonados. Dos de ellos, que son casas patrimoniales de La Ronda, están tomadas por personas de calle hace más de un año y no han podido ser desalojadas, confirmó el Municipio, que analiza acciones legales para recuperarlas.

Actualmente, se estima que en el Centro Histórico de Quito existen alrededor de 1.500 inmuebles patrimoniales públicos y privados. Estos son parte de un catastro de 8.000 distribuidos en todas las parroquias urbanas y rurales del área metropolitana de la ciudad.

Según el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), el 15% de esos 8.000 inmuebles se encuentra en mal estado, "siendo la mayoría de propiedad privada".

Por ello, Tamara López, directora de proyectos especiales del IMP, dice que el propietario de los bienes inmuebles patrimoniales tiene la obligación y responsabilidad, con base a la normativa, "de realizar el mantenimiento del inmueble".

López señala que el IMP entrega líneas de financiamiento a propietarios de bienes patrimoniales privados a través de un formulario en línea para intervenir cubierta, fachada e interiores de sus viviendas.

Son fondos reembolsables y no reembolsables. El límite en los dos casos es de USD 15.000, detalla López.

Nueva ordenanza irá a Consejo

Una nueva ordenanza de Inmuebles Patrimoniales y Áreas Históricas está lista para primer debate, que está previsto para el 19 de marzo de 2024.

Esta ordenanza, que durante ocho años no ha llegado al Consejo Municipal para su debate, plantea la rehabilitación y uso de los bienes patrimoniales privados, con recursos municipales e incentivos tributarios.

También incluye procesos breves para desalojos de personas en ocupación indebida en bienes patrimoniales de propiedad del Municipio y amplía el uso de los inmuebles a través de la Licencia Única de Actividad Económica (LUAE).

Sobre los bienes patrimoniales estatales, se modifica las reglas para la entrega de comodatos y arrendamiento.

Uzcátegui ve dificultades para que los bienes que tienen conflictos legales o están abandonados puedan recuperarse o rehabilitarse a corto plazo. Por ello, dice que el objetivo es que primero se apruebe la ordenanza y luego las reformas al Cootad.

"La ley del Cootad ordena que los procesos de comodato deben otorgarse sin fines de lucro. Esto es un problema, porque los inmuebles patrimoniales que están en deterioro requieren inversión y, si no hay reforma, no habrá interés económico privado para recuperar estos bienes a menos que sea del mismo Estado", dice.

En tiempos reales, concluye, la ordenanza con dos debates estará aplicable en dos o tres meses, mientras que las reformas al Cootad, que deberán pasar por la Asamblea, tendrán una aplicación a largo plazo.