El expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, intentó, por segunda vez, un traslado a Quito, pero esto fue negado, por lo que seguirá recluido en La Roca, de Guayaquil.
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), falló este 3 de julio en su segundo intento de ser trasladado desde la prisión de máxima La Roca de Guayaquil hasta la Cárcel 4 de Quito.
Terán, investigado en los casos Metástasis y obstrucción de la justicia, planteó un habeas corpus para lograr este cambio. Argumentó un deterioro de su salud en la cárcel guayaquileña.
Ante los jueces de un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Terán aseguró que ha ido perdiendo paulatinamente la visión. Además, que ha experimentado zumbidos y náuseas, entre otras afecciones.
También, alegó que ha recibido tratos denigrantes en la prisión en la que afirmó no poder ser visitado por sus abogados, como para poder armar las defensas en los casos en su contra.
La contraparte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), negó todas las acusaciones de Wilman Terán.
La abogada de la entidad señaló que en los registros de La Roca se constata que Terán sí recibe visitas y que, en varias ocasiones, se le ha visto con quienes serían sus abogados.
Además, las consultas médicas que se le han practicado no han arrojado que existan alteraciones en su salud o alguna alerta que amerite su traslado a otra cárcel.
Luego de casi dos horas de deliberación, el Tribunal a cargo de resolver este pedido lo declaró "improcedente" y determinó que deberá permanecer en La Roca.
El 26 de abril pasado, la Sala de la Familia de la CNJ ya negó otro pedido de Terán para ser sacado de esa prisión para ser enviado a Quito.
Su defensa argumentó entonces que su traslado fue ilegal y que su vida corría peligro, porque en la misma prisión estaban peligrosos delincuentes que fueron condenados cuando él dirigía la Judicatura.
Los jueces no consideraron suficiente el argumento, pero sí pidieron al SNAI garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.
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