Dos vocales del Consejo de la Judicatura no podrán salir del país
El juez de la Corte Nacional negó la prisión preventiva para dos vocales de la Judicatura procesados por tráfico de influencias. Deberán presentarse semanalmente ante un juez.
Audiencia en la Corte Nacional de Justicia contra dos vocales del Consejo de la Judicatura y un juez de la Corte de Pichincha, el 7 de junio de 2023.
Corte Nacional
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Desde las 08:30 del 7 de junio de 2023, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la fiscal Diana Salazar formuló cargos por tráfico de influencias en contra de Juan José Morillo y Ruth Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura, y Vladimir Jhayya, juez de la Corte de Pichincha.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Morillo y Barreno; para Jhayya pidió la prohibición de salida del país, presentación periódica y colocación de dispositivo de vigilancia electrónica.
Pero, el juez Javier de la Cadena dispuso medidas alternativas. Los tres procesados tienen prohibición de salida del país y deben presentarse semanalmente ante la autoridad.
Los tres funcionarios judiciales son señalados por una supuesta presión a jueces de la Corte de Pichincha, en el tratamiento de una acción de protección interpuesta por la exasambleísta Guadalupe Llori, en junio de 2022, para recuperar la Presidencia de la Asamblea Nacional.
El polémico audio
En el arranque de la audiencia, la fiscal Salazar reveló que el caso se origina en una reunión que ocurrió el 2 de junio de 2022, en la oficina 1101 del Edificio Almagro Plaza, en el norte de Quito. En ese sitio funciona una oficina particular de Juan José Morillo.
Según el relato de la Fiscal, en esa cita participaron:
- Juan José Morillo, quien ese momento era presidente encargado del Consejo de la Judicatura.
- Ruth Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura
- Gustavo Osejo, presidente de la Corte de Pichincha
- Vladimir Jhayya, juez de la Corte de Pichincha
- Una jueza de la Corte de Pichincha
La jueza de la Corte de Pichincha, quien mantenía una relación de varios años con la vocal Barreno, fue quien grabó la conversación en su totalidad. En su testimonio anticipado, la magistrada dijo que decidió hacer fotos, video y grabar la reunión porque temió por su seguridad en esa cita.
La jueza entregó la grabación completa, así como registros fotográficos y en video de esa reunión, a la Fiscalía. Esas piezas audiovisuales fueron materializadas por Criminalística y ahora son parte del expediente del caso.
En la cita, según la jueza y la grabación, Morillo dijo a Jhayya, Osejo y a la jueza que grabó el audio que había recibido una llamada del Presidente de la República, Guillermo Lasso, pidiendo ayuda de la Judicatura respecto a la acción de protección interpuesta por Llori.
Específicamente, según Salazar, Morillo y Barreno pidieron a los jueces que "apoyen en la resolución de manera favorable y en el menor tiempo posible”. Mientras que Jhayya habría sido quien dio las indicaciones a los otros jueces para que lleguen a la reunión.
Durante la audiencia, Salazar leyó la transcripción íntegra de la grabación de ese audio. Entre otras cosas, Osejo había dicho que no tenía conocimiento de la causa de Llori.
En los siguientes minutos, Morillo y Barreno buscan varias alternativas para que la decisión sea favorable a Llori, ya que su temor era que el cambio de mando en la Asamblea desemboque en un remezón en otras instituciones del Estado como el Consejo de Participación Ciudadana y la propia Judicatura.
Según la lectura de Salazar, los vocales de la Judicatura hablaron de reparto de notarías, del concurso de la Corte Nacional de Justicia, de quitarle un cargo público al hijo de un juez, entre otras formas de presión.
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