Verdesoto: 'Controles anticorrupción bajan el ritmo de inversión pública'

El gobierno del presidente Guillermo Lasso mantiene el discurso de la lucha contra la corrupción. Incluso, hace seis meses, el Mandatario creó la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, liderada por Luis Verdesoto.

Sin embargo, la gestión no ha estado exenta de denuncias de corrupción. Aunque el Gobierno ha preferido guardar silencio al respecto.

Verdesoto defiende su papel que, insiste, no es investigativo, sino preventivo.

Y, aunque acepta que el punto más vulnerable, por su naturaleza, es el Ejecutivo, sostiene que sus funcionarios no son fiscales, ni jueces, por lo que deben limitarse a permitir que las autoridades de control hagan su trabajo.

Además, en conversación con PRIMICIAS, afirma que las críticas a la baja inversión, contratación y, por ende, ejecución presupuestaria se deben, justamente, a los controles que han implementado para reducir la corrupción.

En la práctica, ¿qué acciones ha emprendido el Gobierno contra la corrupción?

El Gobierno ha hecho algo importantísimo, que el presidente Lasso lo anunciará en su momento: se calcula que a inicios de 2023 se podrá tener a 2,5 millones de personas tributarias controladas.

Esto implica pasar de la muestra, que por más aleatoria que sea es una muestra, a tener un universo grande de los principales agentes de la actividad tributaria. Y ya puedes establecer a las zonas calientes de corrupción tributaria y a las personas que están haciéndolo.

Y estamos incentivando a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para tener una interconectividad que nos permita medir los movimientos económicos de todos los funcionarios públicos.

Necesitamos una mayor interconectividad y tecnología.

Usted había mencionado como un problema la falta de auditorías internas en el sector público. ¿Se trabaja en eso?

Tenemos un ejercicio para establecer el equilibrio entre la auditoría interna y la externa.

Ahora no hay sujetos responsables, sino sujetos cuya responsabilidad es externa. Esperan a que lleguen los procesos a la Contraloría y quizás no los detecten. Ese es el sistema.

La única forma en el mundo para lograr control de la corrupción es que los factores internos se equilibren con los externos, que ambos puedan funcionar.

El gran problema es que la auditoría externa, la Contraloría, ha sustituido a la auditoría interna.

Para eso hicimos una encuesta con 170 instituciones y hemos aterrizado en 40, con el más alto riesgo de corrupción. En ellas estamos aplicando tres metodologías: el mapeo de los riesgos, los sistemas de las alertas tempranas y una modalidad de gestión del riesgo.

¿Qué pasa con las denuncias de corrupción dentro del Gobierno? ¿Hay controles para eso?

No se puede hacer 450.000 seguimientos de servidores públicos. Hacemos seguimientos de grandes cifras, no de personas. No somos ni Contraloría, ni Fiscalía.

La Secretaría no tiene un rol de relumbrón público y la prevención jamás te da réditos, es aburrida. Evidentemente, cuando el Presidente me pide que acompañe algún proceso, lo hago. Pero eso no implica que nosotros extendemos un certificado de impunidad. No damos exenciones.

Lo que tiene que hacer el Ejecutivo, si hay eventos de ese tipo, es estar totalmente abierto a que las autoridades sigan su curso. No tienes por qué meterte en las acciones de la Fiscalía, ni ser tu propio fiscal, ni asumir la culpabilidad o inocencia de ningún funcionario.

¿Entonces?

Con el dinero que se entregó a la ONU en el gobierno de Lenin Moreno, vamos a invertir en grupos de intervención en ocho áreas de más riesgo. Vamos a empezar por el sector petrolero, con sus cuatro ejes: producción, comercialización, refinación y contratos.

En petróleos se encuentra el más refinado equilibrio corrupto de la historia democrática y predemocrática.

Si cortas una parte corrupta, se rearma, por otro lado. Hay que lograr optimizar una comprensión del fenómeno de la corrupción para ver cuáles son los procesos que deben ser transformados.

También trabajaremos con grupos de tarea en salud, telecomunicaciones, energía eléctrica y presupuestos.

¿Presupuestos?

Es muy importante, uno de los puntos de la estrategia es la calidad de gasto.

Por ejemplo, está el gasto subnacional, donde más riesgo de distorsión pequeña existe y es el más incontrolable. Una prefectura tiene dos millones de transacciones al año. Por eso se necesita analizar otras formas de big data.

Tampoco se puede controlar la ejecución presupuestaria, toca trabajar sobre lo presupuestado y detectar áreas calientes donde intervenir.

Pero, actualmente, lo que se observa es una baja ejecución presupuestaria.

Efectivamente, cuando tienes una masiva necesidad de detectar corrupción y cumples rigurosamente los controles, baja el ritmo de la inversión y baja el ritmo de la aparente eficiencia pública.

Varios controles hacen que se detengan los procesos. El mejor ejemplo es lo que pasó en el Caso Sobornos, con sobornos o extorsiones a empresas, escalonamiento de pagos, sobreprecios. Todo eso representó, en su momento, el 30% de la supuesta inversión.

Entonces, cuando controlas eso, ese 30% se te refleja como déficit de inversión. Y hasta que se vuelvan a ajustar las cosas pasa un tiempo.

Entonces, ¿los controles anticorrupción son los que han frenado la inversión pública?

El mero hecho de cumplir los controles y no privilegiar irracionalmente la inversión pública, ni precipitarte en adelantar los pasos.

Lo mismo hacemos en contratación pública.

¿Cómo?

Contratación Pública tiene un paquete de cooperación muy grande. Y lo que hacemos es mirar el conjunto, no por partes.

Ahora tenemos un muy buen procedimiento de compra catalogada de medicinas, pero es lento. Porque antes se compraba por paquetes y eso permitía que si tú no tenías un medicamento quedabas fuera de la competencia.

Ahora aseguramos la competencia y catalogar uno por uno todos los productos. Esto para romper la antigua estructura oligopólica y bajas notablemente el costo. Ha habido bajas de casi 90% del costo.

A eso se suma que hay productos que tienen dificultades de abastecimiento porque son para enfermedades precisas, en menores cantidades, con menores ofertas.

¿En algún momento habrá un equilibrio en los flujos de inversión y contratación pública?

Tiene que tener un equilibrio. Esto pasa en todos los países en los que se mete la mano en la corrupción, baja la aparente eficiencia.

Pero uno no puede decirle eso a la población, porque van a decir que prefieren tener las medicinas. Por eso la recomendación internacional es hacerlo y después reivindicarlo con lo que se está ahorrando.

Y puede tener otros efectos: que el FMI piense que estamos ahorrando y piense en nuevas condiciones. Pero tampoco es eso.

La Secretaría

A seis meses de su creación, ¿cómo avanza la labor de la Secretaría?

La Secretaría está constituida por 20 funcionarios, 10 de alto nivel y 10 en la asistencia. Y estamos cumpliendo los lineamientos de la política pública en la materia, su estrategia y plan de acción.

¿En qué se enfoca ese trabajo?

Primero, incrementar la conciencia social, acerca de la agenda oculta de la corrupción. Esto implica fortalecer valores y tratar de tener mejores mecanismos de confianza en el sector público, renovación ética y capacitación.

Hicimos una capacitación con los 500 principales jerárquicos, con técnicos nacionales e internacionales, para detectar de mejor modo los temas de la corrupción, que se renuevan y son cada vez más hábiles.

En los próximos días presentaremos una capacitación masiva, dirigida a 230.000 funcionarios públicos, los mandos medios. Es un experimento de autoeducación, con materiales elaborados con la ONU.

Y lo tercero será trabajar en capacitación ciudadana masiva, con todos los funcionarios tienen 'ventanilla': Fuerzas Armadas, Policía, trabajadores de la salud y la educación y quienes atienden en ventanillas propiamente.

¿En medio de ese trabajo se contemplan reformas legislativas?

Estamos trabajando en la difusión de tres paquetes legislativos importantes. El primero es sobre la Ley de Extinción de Dominio y cómo incorporar sus efectos en la práctica. Esta es una de las herramientas más radicales que tiene Ecuador contra la corrupción.

Hemos planteado un proyecto de Ley de Conflicto de Interés que está en la Asamblea y fue auspiciado por 40 legisladores. La intención es que, además de la declaración patrimonial de los funcionarios públicos, se declare también la posibilidad de conflicto de interés.

La idea es que sea algo dinámico, no cada dos años. Es decir, que cuando alguien caiga en conflicto de interés tiene la obligación de declararlo. A esto se suma el manejo de información sensible como un conflicto de interés.

El tercero es un proyecto de Ley de Lavado de Activos, que ya fue presentado por la UAFE, para robustecer la capacidad de interconectividad de la UAFE a muchas redes de información.

Esto es importante porque tenemos un diagnóstico de nuevas formas de delito internacional.

Las nuevas formas de lavado de activos son poco capturadas por la legalidad.

Usted mencionó la cooperación internacional en esta tarea, ¿todos los recursos salen de ahí?

Mi compromiso con el presidente Lasso es que no se gaste un solo centavo más allá de lo que implica el mantenimiento de la Secretaría.

La cooperación internacional ha sido muy generosa, entre ellos la GIZ y la USAID. También están los organismos de cooperación democrática norteamericanos, la justicia italiana, la comunidad europea, varias oficinas de las Naciones Unidas.