Tribunal ratifica la inocencia del 'hacker' sueco Ola Bini
Luego de un año de la instalación del juicio, un Tribunal de Pichincha liberó de culpa a Ola Bini en el proceso por acceso a un sistema informático.
El sueco Ola Bini debe presentarse todas las semanas a la Fiscalía. Siempre acude en compañía de su abogado Carlos Soria.
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La audiencia se había instalado inicialmente en enero de 2022. Luego de múltiples suspensiones y diferimientos, el juicio continuó desde la mañana del 31 de enero de 2023.
La diligencia se realizó en el Complejo Judicial del Norte de Quito. Tras varias horas de diligencia, Carlos Soria, abogado de Bini, confirmó a través de Twitter que el Tribunal comunicó su decisión y, por unanimidad, ratificó la inocencia del sueco.
Esa información, además, fue ratificada por organizaciones de derechos humanos que siguieron el caso y denunciaron violaciones al debido proceso.
Ola Bini dijo que la decisión de los jueces es una fantástica victoria. Y añadió que "esta decisión ayuda a que Ecuador sea un país con una mayor ciberseguridad".
"Por fin, los jueces pudieron escuchar de primera mano lo que realmente pasó ese 11 de abril de 2019 y todas las violaciones acumuladas al debido proceso y al derecho a la defensa de Ola", dijo el abogado Carlos Soria.
"El día de hoy se pudo hacer justicia", añadió.
Mientras que José Charry Dávalos, también parte de la defensa, explicó que los jueces consideraron en su resolución que "nunca se logró demostrar el acceso a un sistema de ningún tipo".
El caso
El 11 de abril de 2019, Julian Assange, hacker australiano, fue expulsado de la embajada ecuatoriana en Londres por decisión del entonces presidente Lenín Moreno.
En ese lugar estuvo asilado durante siete años. María Paula Romo, entonces ministra de Gobierno, dijo que había evidencias suficientes sobre posibles ataques informáticos al Estado Ecuatoriano en retaliación por las decisiones adoptadas en relación con Assange.
Apuntó a dos supuestos hackers rusos. El mismo 11 de abril, un individuo identificado como ‘Marco’ hizo una llamada a la línea 1800-Delito, reportó que conocía a Ola Bini y lo relacionó con las conductas que Romo había anunciado.
Minutos después, Bini fue detenido en el Aeropuerto de Quito cuando se alistaba para viajar hacia Japón. Se lo procesó por ataque a la integridad de sistemas informáticos y estuvo detenido 70 días.
La principal prueba que tenía la Fiscalía salió del teléfono del propio Ola Bini. A través de las cámaras de seguridad del departamento del sueco, la Fiscalía pudo descifrar la clave de su teléfono.
En ese dispositivo, según el Ministerio Público, había unos 45.000 documentos. Entre ellos estaba una fotografía que, según la Fiscalía, evidenciaba que el experto informático entró sin permiso a un router de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
Bini había enviado esa fotografía a Ricardo Arguello, quien también estuvo procesado en el caso, pero ya fue sobreseído. "Mira, estoy aquí", le decía Ola Bini, el 8 de octubre de 2015. Él respondía que eso era un ruteador y que iba a hablar con su contacto en CNT.
El acceso fue a un ruteador con IP 181.113.57.169. En la imagen que Bini envió a Argüello se observa un encabezado de CNT y el mensaje: "El acceso o uso no autorizado – se considera un acto criminal Petroecuador – Senain – Internet".
La Fiscalía consultó a CNT a quién pertenecía ese IP. Y CNT respondió que se asignó en julio de 2015 y que correspondía a una RED LAN privada. Petroecuador solicitó ese servicio.
Lo hizo luego de que la Presidencia de la República, entidad a la que estaba adscrita la Senain, pidiera la implementación de un Data Center de contingencia en sus oficinas de Guayaquil.
La estatal petrolera aceptó esa solicitud y el enlace se instaló y estuvo activo hasta octubre de 2015. Sin embargo, su operatividad no se completó. Solo estuvo activó un enlace entre los equipos de servicio de Internet provistos por CNT, es decir, no hubo un cruce de datos entre Petroecuador y la Senain.
Carlos Soria, abogado de Bini, aseguró en el proceso que esta fotografía muestra totalmente lo contrario a la tesis de Fiscalía. Según dijo, su cliente encontró este acceso -que según Bini era público- y no accedió, sino que lo compartió con su amigo. Arguello, según la defensa, tenía un contrato de seguridad con la CNT.
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