Sindicatos rechazan ley económica del Gobierno aprobada por Asamblea
La reforma tributaria de Daniel Noboa fue aprobada por la mayoría de bancadas, menos por Construye y asambleístas como Lucio Gutiérrez y Pachakutik.
Dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) en una reunión.
FUT
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La reforma tributaria de Daniel Noboa recibió el apoyo prácticamente mayoritario de las bancadas del correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC), además del oficialismo, pero generó el rechazo de centrales sindicales en Ecuador el 19 de diciembre de 2023.
Un grupo de sindicalistas protestó contra esa normativa, aprobada horas antes por 107 de los 137 legisladores que forman parte de la Asamblea, y amenazó con convocar a nuevas protestas para el próximo año.
Una veintena de legisladores de la bancada de Construye, de Pachakutik y otros como Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, no apoyaron el proyecto, al considerar que solo beneficia a los grandes morosos.
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José Villavicencio, un alto dirigente del FUT, explicó que el "plantón" realizado por los trabajadores busca cuestionar, también, el pacto legislativo entre el conservador Partido Social Cristiano, el oficialista Acción Democrática Nacional y el movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
"Rechazamos la aprobación de esta ley económica urgente, porque esto beneficia solo a los grupos de poder y no al pueblo ecuatoriano", aseguró el líder sindical al criticar el pacto entre las tres fuerzas políticas mayoritarias en el Parlamento, por considerar que representan a los intereses de los grupos de poder económico del país.
La normativa aprobada por la Asamblea es "nefasta" para el pueblo y beneficiosa para los grupos de poder, porque condona intereses a los grandes evasores tributarios, incluso a personajes cercanos al presidente del país, Daniel Noboa, hijo del magnate bananero Álvaro Noboa.
Según el sindicalista, la normativa condona intereses, recargos y multas por unos USD 2.600 millones a grandes deudores tributarios.
La Asamblea enviará el proyecto aprobado al Ejecutivo, para que en el plazo de 30 días presente sus observaciones o disponga su publicación en el Registro Oficial.
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