Transparencia, el reto del Gobierno para recuperar la confianza
Desde contagios y vacunas contra el Covid-19 hasta las estadísticas oficiales. El Gobierno tiene el desafío de que la información pública en todo ámbito sea accesible para los ciudadanos con menos burocracia.
El presidente Guillermo Lasso (centro), durante la presentación del plan de vacunación 9/100, este 31 de mayo de 2021.
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El gobierno de Guillermo Lasso cumplió ya su primera semana. Sus acciones aún muestran un equipo que está en proceso de establecerse, con una prioridad clara: el plan de vacunación.
Uno de los principales ofrecimientos que Lasso impulsó durante su campaña fue el de la transparencia y lucha contra la corrupción. El discurso del gobierno de Lenín Moreno sobre este tema se quedó en palabras, por lo que será un reto para el nuevo Mandatario cambiarlo.
En materia de transparencia, el reto es amplio. El anterior gobierno mantuvo la misma línea del correísmo en cuanto a acceso a la información, sin permitir a los ciudadanos acceder a datos y cifras fácilmente.
Por ello, como primer paso, el presidente Lasso emitió un Código de Ética que incluye todo un capítulo sobre transparencia. Este obliga a las instituciones del Ejecutivo, entre otros puntos, a:
- Hacer públicas sus agendas.
- No celebrar contratos con cláusulas secretas o reservadas.
- Brindar ruedas de prensa cada mínimo tres meses.
- No aceptar regalos ni obsequios.
- No promover su imagen personal (en el caso de ministros o autoridades).
Pero más allá de eso, hay cambios necesarios en lo relativo al acceso a la información, que necesitarán lineamientos claros desde la Presidencia.
Seis retos en materia de transparencia
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Los contagios y muertes por Covid-19
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El manejo de las cifras alrededor de la pandemia por Covid-19 en el gobierno de Lenín Moreno fue problemático. Hubo constantes fallas y correcciones en la información, lo que hace que hasta ahora haya dudas sobre el conteo contagios, y sobre todo, de fallecidos por la enfermedad. A esto se le suma que la información se entrega a la ciudadanía en formato de infografía, sin acceso a una base de datos. No es posible de momento revisar, por ejemplo, a las cifras de muertes por cantones, o a las de grupos etarios. En los primeros días del gobierno de Lasso, la entrega del boletín diario se ha mantenido en la misma línea, con cambios solo de forma. El acceso a bases de datos permitirá a la ciudadanía, y sobre todo a la academia, hacer análisis más profundos sobre el comportamiento de la enfermedad en Ecuador, más de un año después.
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Las cifras de la vacunación
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Lo que pasa con los datos de los contagios y muertes es similar a lo que pasa con la vacunación. Hasta el momento no hay estadísticas claras sobre las dosis administradas, que especifique -por ejemplo- edades, cantón de residencia o ámbitos laborales. El único dato disponible es el de cuántas personas han recibido la primera dosis, y cuántas la segunda. Incluso en los últimos días dejó de funcionar la web del Plan Vacunarse, del anterior gobierno. Información más clara sobre las personas vacunadas, sus edades, su género y ubicación ayudaría a los ciudadanos también a tener más confianza en el proceso emprendido por el nuevo gobierno.
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El inoperante Sistema Nacional de Información
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El gobierno del expresidente Rafael Correa creó el Sistema Nacional de Información, que supuestamente centralizaría todo tipo de estadísticas producidas por las instituciones públicas. La web sigue funcionando, pero no ha sido actualizada ni en su diseño ni en su contenido. Los datos que se encuentran allí son antiguos y no están bien categorizados. Lo mismo sucede con el portal de datos abiertos del gobierno. La falta de acceso a este tipo de información que las instituciones poseen hace que sea necesario solicitarla de forma escrita, y pasar un proceso burocrático para obtenerla. En julio de 2018, Ecuador se integró a la Alianza para el Gobierno Abierto, por lo que un impulso desde el gobierno de Lasso a este tema podría generar un impacto positivo.
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La información de Compras Públicas
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El portal de Compras Públicas es una fuente valiosa de información, pero su acceso es complejo y la búsqueda de procesos de contratación puede tornarse eterna. La pandemia evidenció las debilidades en este ámbito: compras con sobreprecio que las entidades de control no lograron identificar a tiempo. El Servicio de Contratación Pública (Sercop) habilitó desde la pandemia un portal de datos abiertos para la búsqueda de los procesos de emergencia. Pero aún así, hubo problemas, pues las entidades públicas no subían la información al portal. El objetivo de la entidad es ampliar este formato a los otros tipos de contratación.
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Los inventarios del Estado
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La Función Ejecutiva no tiene un buen sistema de inventario. Un primer tema es el de los autos. El decreto de austeridad que emitió Lenín Moreno al inicio de su gobierno obligaba al Ministerio de Finanzas a hacer un listado de los vehículos para su posible venta. Pero ese inventario estaba incompleto y mal hecho, según reportó el Observatorio de Gasto Público. El inventario de bienes inmuebles está en estado similar. Inmobiliar estaba a cargo del tema, luego fue eliminada, y finalmente revivió para ser absorbida como una de las secretarías de la Presidencia. El presidente Lasso no ha informado si la mantendrá dentro de la estructura de Carondelet.
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Contratos de concesión o venta de activos
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El Código de Ética habla de la restricción a las cláusulas reservadas o confidenciales. Sin embargo, esto es un reto en sí cuando se trata de contratos en sectores estratégicos o en venta de activos (Lasso ha hablado de la venta del Banco del Pacífico). Las negociaciones internacionales para este tipo de contrataciones generalmente incluyen este tipo de cláusulas. Pero a su vez, éstas son las que permitieron, por ejemplo, las preventas de petróleo a China sin conocer sus detalles.
La Asamblea también tiene reformas pendientes en la materia
La Asamblea trabaja desde 2018 en una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La reforma, sin embargo, no tiene ni siquiera informe para primer debate.
La Ley vigente fue aprobada en 2004 por el extinto Congreso Nacional, y no ha sufrido ninguna modificación desde entonces. Una actualización de la norma, por tanto, es necesaria sobre todo por el avance tecnológico de los últimos años.
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