Noboa envía veto total a reformas que permitían a vocales de la Judicatura con prisión preventiva pedir licencia
El presidente Daniel Noboa sostiene que "el proyecto de ley propuesto no es conveniente para los intereses del país". La Asamblea podrá tratar el tema dentro de un año.
La Asamblea Nacional aprobó las reformas a judiciales el 21 de mayo de 2024.
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El 28 de mayo, el presidente Daniel Noboa vetó totalmente la reforma al Código de la Función Judicial, aprobada por la Asamblea Nacional el 21 de mayo de 2024.
Según el Código de la Función Legislativa, si el presidente objeta totalmente un proyecto de ley, la Asamblea Nacional podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción.
Después de ese periodo, los legisladores podrán ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y lo enviará inmediatamente al Registro Oficial para su publicación.
La polémica reforma modifica 25 artículos y es el resultado del análisis de cuatro iniciativas distintas.
Reforma sobre vocales de la Judicatura
Entre los varios cambios aprobados con 92 votos, los legisladores incluyeron uno específico para los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) en el artículo sobre la integración del organismo.
"En caso de que la ausencia temporal se deba al cumplimiento de prisión preventiva o arresto domiciliario dispuestos por jueza o juez competente, la o el vocal podrá solicitar acogerse al régimen de licencia sin sueldo por el tiempo máximo establecido en este Código", dice el texto aprobado.
¿Qué dice el Ejecutivo en el veto?
En el veto, el presidente Daniel Noboa sostiene que "el proyecto de ley propuesto no es conveniente para los intereses del país".
Añade que: "al encontrarnos en medio de un conflicto armado interno y estar en lucha directa contra la corrupción, la propuesta es contraria a las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano".
"Este tipo de reformas deben ser construidas con la mayor participación y análisis de los actores de la Función Judicial, con la finalidad de no violentar la independencia judicial", dice el documento del veto presidencial.
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