Reforma judicial: la popular oferta de campaña que no depende del Ejecutivo

El plan de gobierno del candidato por la Unión por la Esperanza ofrece "promover legislación para evitar la intromisión de los poderes fácticos, incluidos los poderes mediáticos, en la administración de justicia" y equilibrar "las atribuciones sancionatorias del Consejo de la Judicatura frente a la facultad jurisdiccional del juez".

Aunque no da pistas sobre cómo en la práctica se impulsará esta nueva legislación, habla de que es necesario "promover políticas para el respeto de los límites de la Función Judicial y de todo órgano jurisdiccional a fin de evitar que sea el instrumento de combate entre adversarios políticos".

El expresidente y candidato por Sociedad Patriótica propone una profunda reforma judicial en el ámbito penal que requeriría una reforma constitucional.

Gutiérrez propone implementar el sistema de jurados en el área penal y progresivamente en todo el sistema de justicia. "El jurado será compuesto por personas que consten en la base de datos de la Senescyt", señala el plan.

Además ofrece la eliminación de la reserva en la fase de investigación previa cuando se trate de delitos contra la administración pública o cuando el investigado sea un funcionario público. 

En el debate oficial, Gutiérrez añadió que convocará a una "mega consulta popular" para aprobar una nueva Constitución que "garantice la carrera judicial en base a ética, en base a probidad".

El candidato presidencial de Ecuatoriano Unido promete "agilidad procesal e independencia en los casos de corrupción", a pesar de que los tiempos de la justicia no dependen de la Función Ejecutiva.

El plan de gobierno de Almeida asegura que se compromete a entregar toda la "información necesaria para evitar la impunidad".

El presidenciable por el partido Avanza señala que dará "respaldo al trabajo independiente y serio de instituciones fundamentales", como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, el sistema judicial y la Corte Constitucional. 

En este sentido, Romero ofreció en el debate oficial de candidatos que implementará la "pena perpetua con incautación total de sus bienes" para los "rateros y sinvergüenzas que roban el erario nacional y al mundo ecuatoriano".

El postulante de Fuerza EC incluye entre sus ofrecimientos de campaña la modificación al sistema de selección de jueces.

Sagnay propone "un sistema de escalafón, seleccionar los mejores cuadros que tiene Ecuador para que sean jueces y fiscales con educación formal, por la universidad, pregrado, posgrado, maestrías y doctorados, con una amplia experiencia".

Además ofrece implementar la cadena perpetua y endurecer las penas.

El postulante presidencial de la Izquierda Democrática no habla de una reforma judicial en su plan de trabajo. Simplemente señala que no está a favor de penas más fuertes o graves, sino de fortalecer el sistema de rehabilitación social.

Sin embargo, en el debate presidencial oficial, Hervas señaló que su propuesta es implementar el sistema de jurados populares para los delitos relacionados con la administración pública, "para que los ciudadanos puedan emitir justamente su criterio de culpabilidad para los corruptos que han robado a todos los ciudadanos ecuatorianos”.

El candidato del movimiento Amigo no plantea una reforma judicial, pero sí un cambio en el mecanismo de designación por ternas de las autoridades de control, entre ellos el Consejo de la Judicatura.

Al respecto, ofrece "suprimir las ternas completas para funcionarios de designación en manos del poder Ejecutivo". Freile propone que estas se remplacen por ternas conformadas en conjunto por todos los poderes del Estado.

Además promete dotar de recursos económicos, asistencia y recursos técnicos suficientes a la Función Judicial y a la Fiscalía.

El candidato por Pachakutik sostiene que es necesaria la eliminación del Consejo de la Judicatura, para volver a la organización de la Justicia de antes de la Constitución: donde la administración estaba en manos de la Corte Suprema (ahora Corte Nacional).

Pérez propone hacer esta eliminación a través de una consulta popular (referéndum constitucional), para eliminar "burocracia de alta jerarquía".

En su plan de gobierno, Pérez también promete una reforma al Código Integral Penal, para establecer las causales de incautación de bienes en casos de corrupción.

El candidato de Unión Ecuatoriana propone de entrada una consulta popular para la "reestructuración total" del sistema de justicia y realizar reformas necesarias al Código Integral Penal, como cadena perpetua para violadores, pederastas y corruptos.

No da más detalles sobre esta reestructuración total.

El exministro de Gobierno y candidato por Democracia Sí enfoca sus propuestas en el tema judicial en la creación de un sistema de evaluación de los magistrados.

Sería una Escuela Judicial, "que capacite y evalúe técnicamente el desempeño de los funcionarios judiciales, así como se implementen técnica e independientemente las carreras jurisdiccional, fiscal y de defensoría".

También ofrece crear jurados públicos para los casos en los que se persigan delitos por el manejo o usurpación de dineros de la sociedad. "La persecución y sanción de la corrupción será una de las grandes prioridades del sistema de justicia".

El postulante de la alianza PSC-Creo señala en su plan de trabajo que es necesaria una reforma al Consejo de la Judicatura, para cambiar los procesos de designación, sanción y destitución de jueces. Esto, según Lasso, ayudaría a "mejorar los tiempos de resolución de casos".

El documento señala, sin dar mayores detalles, que los jueces de mayor jerarquía deberían calificar a los de menor jerarquía.

El candidato también ofrece hacer una revisión de la normativa de la Función Judicial y fortalecer la Fiscalía especializada en administración pública, aunque ambos temas son legislativos.

El postulante presidencial de SUMA asegura en su plan de trabajo que, a través de una consulta popular, aprobará la Ley de Extinción de Dominio. Celi, exlegislador del actual período, no toma en cuenta que la iniciativa ya pasó el segundo debate en la Asamblea y está a puertas de su aprobación.

En el debate, el candidato también se comprometió a "dar los recursos necesarios a la Justicia y a la Fiscalía para que haga las investigaciones necesarias".

El exministro de Cultura y candidato por Construye busca impulsar una reforma judicial "que busque mayor efectividad en el funcionamiento de la justicia", que ayude a evitar los mecanismos de puerta giratoria. 

Además, propone implementar "el seguimiento efectivo y la evaluación de las medidas y sentencias dictadas por parte de los operadores de justicia, para mejorar la credibilidad en la población y por lo tanto el acceso a la justicia de una forma integral". El tema, sin embargo, no corresponde a las potestades del Ejecutivo.

Velasco también ofrece crear jueces nacionales para temas específicos de corrupción, lo que requeriría más bien una reforma legal.

El candidato de Juntos Podemos tiene entre sus metas "incrementar la confianza en el Consejo de la Judicatura a 2025", a través de "continuar con el mejoramiento de la infraestructura, incorporación de personal y mejorar el control de resultados de la función judicial".

La propuesta que Carrasco hizo en el debate oficial fue la creación de jueces sin rostro a través de una consulta popular (referéndum constitucional). Estos jueces serían "electos por profesores universitarios que sean sorteados por una vez en su vida (...) y al no ser conocidos, pueden juzgar sin ser presionados y sin ser amenazados".

El exasambleísta y candidato por la alianza Concertación-Partido Socialista propone imponer máxima sanción, de 40 años de cárcel sin reducción de pena o atenuantes, a quienes sean hallados culpables de delitos que afecten la eficiencia de la administración pública.

También ofrece eliminar la figura del procedimiento abreviado para los delitos de corrupción. Esta reforma al Código Integral Penal, sin embargo, requeriría trabajo de la Asamblea ante una posible iniciativa presidencial.

También oferta "redimensionar" el Consejo de la Judicatura, modificar su integración y eliminar su participación en el nombramiento de jueces. El presidente de la Corte Nacional de Justicia sería quien presida la Judicatura.

El plan de gobierno de Montufar sostiene que "se modificarán los mecanismos de selección de magistrados de la Corte Nacional por cooptación, y de los jueces por elección en concursos públicos de merecimientos y oposición".