El caso, por un presunto peculado en la concesión del puerto de Manta, pasó a la Fiscalía General del Estado, por lo que Diana Salazar será la encargada de continuar con la investigacion previa.
La Fiscalía General del Estado investiga al expresidente Rafael Correa y a quien fue su ministro de Transporte, Walter Solís, por el presunto delito de peculado durante el proceso de concesión del puerto de Manta a la empresa Desarrollo de Negocios Agencias Universales S. A. (Agunsa).
Los dos exfuncionarios indagados mantienen fuero de Corte Nacional de Justicia, por lo que el fiscal de Manabí, Paco Delgado Intriago, remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado.
Con esta acción, el funcionario se aseguró que el organismo nacional -en el marco de sus competencias- tome conocimiento de las acciones y omisiones presuntamente cometidas por Correa, Solís y otros servidores en calidad de subsecretarios de Puerto Marítimo y Fluvial.
Así, será la fiscal General, Diana Salazar, quien continúe con el trámite investigativo de esta causa, que todavía se mantiene en investigación previa y, por tanto, es reservado, hasta que se solicite fecha para la formulación de cargos.
En esta investigación se acumularon dos expedientes. Una indagación previa por presunto tráfico de influencias y otra por el delito de supuesto peculado.
Según el informe de fiscalización de la asambleísta Adriana García, de la bancada Gente Buena, esta concesión generó un perjuicio al estado de USD 23 millones.
El documento cuenta con 53 cuerpos en 5.407 fojas, según detalla el documento enviado a la Fiscalía General por el fiscal Delgado, e incluye la investigación que entregó la asambleísta García.
Sobre Correa, quien está exiliado en Bélgica, ya pesa una condena por cohecho en el llamado caso Sobornos, desde 2020.
Mientras que Solís tiene dos sentencias en su contra: por el caso Sobornos y en otro caso por peculado, cuando estuvo al frente de la Secretaría del Agua. Además, está procesado por la Reconstrucción de Manabí
Solís está prófugo desde hace varios años. En mayo de 2021 se conoció que recibió el estatus de refugiado por parte de México, país en el que han viven varios exintegrantes del gobierno de Correa.
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