El Gobierno nacional pidió un informe a la Contraloría para determinar responsabilidades de funcionarios del Gobierno anterior que hayan estado involucrados en este proceso.
Tras recibir una alerta de presuntas irregularidades en un contrato de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para la delegación de radares en las vías del país, el Gobierno nacional anunció que tomará medidas.
Se trata de un contrato gestionado durante el gobierno anterior, que "se elaboró en un tiempo récord (42 días) para la contratación pública", según un comunicado emitido por la Presidencia este martes 4 de junio.
Según el comunicado de la Presidencia, el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, dispuso que se tomen tres acciones "inmediatas":
- Solicitar al Contralor General del Estado un informe especial para determinar responsabilidades del Gobierno anterior "involucrados en este proceso".
- Al procurador general del Estado: Activar el control de legalidad del contrato, para adoptar las acciones judiciales necesarias.
- A la Comisión de Tránsito del Ecuador, para que tome acciones legales y contractuales "para evitar que se siga perjudicando a los ecuatorianos".
¿De qué trata el contrato?
El Gobierno informó que tomó esas acciones tras una alerta del asambleísta Adrián Castro (bancada ADN), quien fiscalizó este proceso.
Según el legislador, habría "irregularidades" en un proceso de contratación que la Comisión de Tránsito del Ecuador inició en mayo de 2023 para que empresas privadas coloquen radares en todas las vías del país.
"El contrato inicialmente se firma para colocar y reponer 147 radares en las vías de todo el Ecuador", detalló Castro este 4 de junio. Pero luego, "ese número sube a 480 radares".
El proceso se da porque "supuestamente la CTE no tiene la capacidad técnica y económica para poner radares", indicó el legislador.
Pero Castro sostiene que "se trata de un contrato millonario" que puede dejar grandes utilidades a las empresas privadas.
Hasta el momento están colocados 38 radares de ese contrato, pero no todos funcionan. Algunos han sido vandalizados o su cobro está suspendido por medidas cautelares.
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