PSC deja solo a Luis Almeida sobre pensiones vitalicias
El asambleísta Almeida apoyó el informe, aprobado por la Comisión de los Trabajadores, para que se les devuelva este beneficio a los exmandatarios, algunos sentenciados. El Pleno de la Asamblea analizará el tema luego del receso.
Luis Almeida, asambleísta del PSC, durante la sesión del Pleno de la Asamblea del juicio político al Consejo de la Judicatura, el 25 de agosto de 2022.
Asamblea Nacional
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El Partido Social Cristiano (PSC) toma distancia de la postura de su asambleísta Luis Almeida, respecto de la intención de devolver las pensiones vitalicias a exmandatarios, algunos con sentencias ejecutoriadas.
Esto, mediante reformas a la Ley del Servicio Público sobre el Régimen de Pensiones Vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes de la República.
"La actuación inconsulta del asambleísta Luis Almeida en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social no representa el pensamiento del Partido Social Cristiano, señaló el PSC en un comunicado.
En el pronunciamiento, el partido recalcó que respalda la posición de la bancada de La 6 y aliados, de ratificarse en la norma aprobada por la anterior Asamblea Nacional.
La entrega de este beneficio se suspendió en 2020, por una disposición que entró en vigencia con la Ley de Apoyo Humanitario.
El legislador votó a favor, junto con sus colegas Pamela Aguirre, Marcela Holguín, Johana Ortiz (UNES), y Eckenner Recalde, independiente tras su salida de la Izquierda Democrática (ID).
Según el informe de la Comisión, aprobado el 11 de agosto de 2022, el proyecto busca "regular la asignación, pago y beneficiarios de la pensión vitalicia para los expresidentes y exvicepresidentes, que hayan sido elegidos de manera democrática".
Durante la sesión de la mesa legislativa, Almeida sostuvo que para que los exmandatarios puedan acceder a este beneficio “la única restricción que debe existir es haber sido elegidos popularmente”.
Para la elaboración del documento, la Comisión consideró la opinión de diversos actores de la Presidencia de la República, Procuraduría General del Estado, Contraloría, Ministerio de Finanzas, Confederación de Servidores Públicos, académicos y docentes.
El Pleno de la Asamblea tiene previsto analizar el informe en segundo debate, a su retorno del receso legislativo.
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