Pedernales: tumban contrato y el hospital, otra vez, en veremos

Y lo peor es que el actual contrato en ejecución desde 2020, por USD 16,5 millones, será terminado de forma unilateral por el Servicio de Contratación de Obras (Secob), según las previsiones.

El titular del Secob, René Tamayo, dice a PRIMICIAS que espera en las próximas horas el informe final de la Contraloría, que ya anunció el martes 2 de junio indicios de responsabilidad penal en las etapas precontractual y contractual.

El jueves 4 de junio venció el plazo para que el Consorcio Pedernales Manabí (cuyo representante, José Leonardo Véliz Saltos, fue detenido el pasado 14 de mayo) justifique el uso del 50% de anticipo para la construcción del hospital de Pedernales.

Esta compañía recibió del Estado el 6 de marzo de 2020 USD 8,2 millones, apenas 10 días antes de la Emergencia Nacional. Ese anticipo, sin embargo, se esfumó sin que la construcción empezara.

En la cuenta de BanEcuador del consorcio solo queda -hasta el 4 de junio- un saldo de USD 730.000. De hecho, entre la docena de detenidos, además de Jean Carlos Benavides, amigo y asesor del asambleísta Daniel Mendoza, está el representante de la cuestionada constructora.

Todos están acusados de ser parte de una red de corrupción, lo que configuraría, para la Fiscalía General, una serie de delitos, entre ellos peculado (sancionado hasta con 13 años de cárcel) y enriquecimiento ilícito (de dos a cinco años de cárcel).

“Aún no caen los peces gordos”

Sorprende que la comisión técnica de análisis del Secob haya escogido, entre 22 ofertas para construir ese hospital, la de una novel empresa, creada exclusivamente para participar en el concurso.

Por eso, el coordinador de la Comisión Anticorrupción capítulo Manabí, Julio Villacreses Guillem, exige que se extienda la investigación penal contra los funcionarios del Secob, tanto a nivel ejecutivo como los analistas que firmaron los documentos.

Villacreses recalca que “este consorcio ya vació todas sus arcas; hizo humo el dinero. El Secob es también responsable y lo es más el asambleísta Daniel Mendoza. Él sigue controlando varias empresas públicas en Manabí".

"Hasta ahora solo han caído los peces flacos, pero no los gordos. Y en Manabí son bien gordos. La Fiscalía debe ir tras estos oscuros personajes”.

Julio Villacreses, Comisión Anticorrupción

PRIMICIAS se ha comunicado con el legislador Daniel Isaac Mendoza Arévalo, quien se niega a dar una versión. Él se mantiene en su casa de Bahía de Caráquez, norte de Manabí.

Mendoza, además de ser amigo del expresidente de la Asamblea, José Serrano y del presidente Lenín Moreno, es ahijado de Santiago Cuesta, exconsejero de la Presidencia, quien fue padrino de su lujosa boda en el Wyndham Sail Plaza de Manta.

En su única respuesta para la prensa, el asambleísta ha dicho que se dirijan a su cuenta en Twitter (@DanielEsTuVoz) para cualquier versión oficial.

Pero desde que él ha sido salpicado en el escándalo (su asesor preso es además su mejor amigo, compadre y secretario del movimiento Mejor, que Mendoza fundó) ha bloqueado su cuenta en Twitter.

Festín de millones tras el terremoto

¿Cuál es el proceso para rescindir un contrato? Desde que se reciba la respuesta del consorcio Pedernales Manabí, “se les dará 10 días que permite la ley para declarar de manera unilateral el contrato por terminado", cuenta a PRIMICIAS el alcalde de Pedernales, Óscar Arcentales Nieto.

Él mantuvo una reunión el pasado miércoles 3 de junio con el Ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Gabriel Martínez Castro, quien preside el Comité de Reconstrucción. Además, el MTOP asumirá las funciones del Secob -entidad eliminada por el Ejecutivo el pasado 19 de mayo- desde agosto de 2020.

El jueves 4 de junio arribó el vicepresidente Otto Sonnenholzner para conocer el estado de varias obras públicas de Pedernales, particularmente las contratadas luego del terremoto del 16 de abril de 2016. “Ninguna de ellas está terminada”, ha increpado el alcalde.

A esto añade el coordinador de la Comisión Anticorrupción: “El asalto de los USD 16 millones por el hospital fallido es grave. Sin embargo, eso es diminuto: para la reconstrucción tras el 16A se asignaron en total USD 3.500 millones. ¿Dónde está esa plata? Las obras no se entregan. Esto ha sido un robo descarado”.

Aseguradora Confianza debe responder

La preocupación mayor gira hoy en torno a la casa de salud: Pedernales tiene una población de 70.000 habitantes y un área de influencia de 130.000, sobre todo por las poblaciones vecinas del sur de Esmeraldas y otras del norte de Manabí.

Esta semana en los terrenos donde se ha previsto construir el hospital dos maquinarias realizaban el aplanamiento de la tierra.

“El dinero no tiene porqué tener algún tipo de peligro porque está la garantía del buen uso del anticipo y en este caso, se la va a ejecutar inmediatamente”, explica el alcalde.

El Director del Secob dice que, de ser el caso, se hará eso. Esta garantía debe pagarla la asegurada Confianza. “Yo mismo validé que esa aseguradora sea validada y responda. Es una aseguradora importante. El Estado no perderá ese dinero entregado. Se recuperará. No ha sido nuestra culpa”.

Esta es la segunda adjudicación para la construcción del Hospital Básico de Pedernales, de 30 camas. Fue suscrito el 13 de febrero de 2020 y el 6 de marzo se hizo efectivo el pago del 50% del anticipo, por el monto de USD 8,21 millones.

El Consorcio Pedernales Manabí no ha justificado los movimientos bancarios de estos recursos.

Julian Philips, miembro de la veeduría ciudadana de la construcción del Hospital de Pedernales, recuerda que las primeras denuncias que hicieron fue sobre las garantías falsas que presentó la compañía que ganó el primer proceso.

“La segunda denuncia se hizo en el pleno de participación ciudadana ante todos los consejeros, de que las garantías (del segundo proceso) no habían sido presentadas en los plazos establecidos”.

Según Philips, el Consorcio Pedernales presentó las garantías dos meses después de haber sido adjudicada la obra, cuando normalmente se lo realiza en 15 días.

El hospital del nunca jamás

Para el alcalde Arcentales, militante de Alianza PAIS y antes de Avanza, el hospital es una urgencia mayúscula. Fue en su primera administración (2005-2009) cuando se inició la primera construcción, mediante convenio con el Ejecutivo: recibió el Cabildo USD 400.000. La obra quedó en un 80%.

El alcalde que lo sucedió, el correísta Manuel Panezo Rojas (2009-2014), dejó vencer el contrato. Luego asumió, abanderado por el partido socialista, Gabriel Alcívar Robles (2014-2019).

Fue cuando vino el terremoto y la estructura ya montada y abandonada terminó de colapsar: literalmente, plata botada. Este alcalde trató de reelegirse, esta vez auspiciado por el PSC, pero perdió.

Óscar Arcentales vuelve a la alcaldía (2019-2023) y el asunto ya tiene tintes de crimen político. “Tenemos 21 años rogando por un hospital, desde que yo era concejal a finales de los 90. Le pedimos al Gobierno cualquier alternativa legal, pero que la obra se construya lo más pronto posible”.

¿Qué pasará si Secob tumba finalmente el contrato? “Una vez que se devuelvan los recursos pediremos la certificación al Ministerio de Finanzas para volver a realizar la contratación bajo el régimen especial”, anticipa el alcalde.

Este régimen permite al Estado contratar con entidades públicas, según la Ley de Contratación Pública. Además, como el país está en emergencia, se puede adjudicar también de forma directa, de acuerdo al artículo 57 de aquella normativa.

La oscura herencia del Secob

Mientras se busca cómo levantar un nuevo contrato, el Secob vive sus días más oscuros. Esta entidad se suprimirá hasta finales de agosto de 2020, como lo establece el decreto 1063 firmado el martes 19 de mayo de 2020 por el presidente Moreno.

El Secob se creó en abril del 2011 con el nombre de Instituto de Contratación de Obras en el gobierno de Correa, con el “objetivo de contratar las obras de infraestructura que requieran las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional”.

Terminó, sin embargo, como un ente ineficiente, inflado, plagado de dudas, amarres y delitos, según la Comisión Anticorrupción.