Participación: los autocalificados "vocales de la verdad" se retractan y no evaluarán a la Corte Constitucional
Los vocales de mayoría del Consejo de Participación se autodnominaron los "vocales de la verdad"
Estefanía Celi
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Los cuatro vocales de mayoría del Consejo de Participación Cuidadana aprobaron, la tarde del 18 de julio de 2019, el “retiro” de la moción con la que buscaban revisar “administrativamente” la selección de los jueces de la Corte Constitucional.
La sesión se dio sin presencia de los vocales de minoría, que presentaron sus excusas por enfermedad.
José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez conocieron las medidas cautelares que la justicia dictó en contra de esa comisión.
Dos jueces ordenaron la suspensión de esa revisión, por contravenir un dictamen de la Corte Constitucional que prohibió al Consejo revisar lo actuado por el Consejo Transitorio. Las solicitudes fueron planteadas por el asambleísta Fabricio Villamar y el Colegio de Abogados de Pichincha.
Tuárez, sacerdote católico y titular del Consejo, dijo que incluso tienen un documento de la misma Corte Constitucional que dice que no han violado el dictamen. No mostró tal oficio.
Dijo que los asambleístas que pusieron la medida cautelar no permiten que el CPCCS trabaje.
Tuárez además señaló que la creación de la comisión se hizo por pedido de los grupos evangélicos que asistieron al Pleno del Consejo de Participación, a quienes recibió porque es “provida” y “pronaturaleza”. Esos representantes religiosos pidieron la destitución de los cinco jueces de la Corte que aprobaron el matrimonio igualitario.
Una comisión que no llegó a actuar
La recomendación del Departamento Jurídico del CPCCS fue "reconsiderar" la decisión tomada alrededor de la comisión para evaluar la Corte Constitucional.
Sin embargo, a pedido de la consejera Desintonio, se aprobó el "retiro de la moción" con la que se aprobó la creación de dicha comisión. Dijo que no se habían enviado invitaciones a sus miembros ni se había emitido ningún acto.
El Reglamento de funcionamiento del Pleno del Consejo, emitido por el Consejo Transitorio y vigente a la fecha, no prevé el retiro de mociones que ya han sido votadas y aprobadas por los consejeros.
Xavier Zavala Egas, exvocal del Consejo Transitorio, señaló la vía era la reconsideración de la moción, antes de que se aprobara el acta.
La urgencia con la que los vocales del Consejo retiraron la moción anterior tiene una razón: la Comisión de Fiscalización de la Asamblea fue convocada para este 19 de julio del 2019 para conocer los pedidos de juicio político en contra de Tuárez, Desintonio, Chalá y Gómez.
Esa mesa legislativa deberá avocar conocimiento de las iniciativas y resolver si son unificadas en un solo proceso de fiscalización.
Medidas cautelares sobre la Defensoría Pública
La Justicia también aceptó un pedido de medidas cautelares interpuesto por la asambleísta Rosa Verdesoto (BADI), en contra de que el Consejo de Participación nombre un nuevo encargado como titular de la Defensoría Pública.
En este caso, Desintonio dijo que las medidas no consideran que el organismo nunca trató esta opción, sino que pidió un informe jurídico sobre la situación de esa institución.
Los cuatro vocales optaron por iniciar el concurso para designar al Defensor.
Tuárez: "No es que tenga una millonada"
El avance de una entrevista con el sacerdote Tuárez se difundió por redes sociales este 18 de junio, en la que dice que su patrimonio se ha ganado con el "sudor de la frente".
En el video, señala que no tiene ninguna investigación en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que investiga lavado de activos.
"Yo no tengo ningún problema con la UAFE, mis dineros son lícitos. No es que tenga una millonada, tengo un pequeño patrimonio, como es el derecho de todos los ecuatorianos que hayamos trabajo por el bien. A mí nadie me puede acusar que me he robado un centavo de nadie"
José Carlos Tuárez, presidente del CPCCS
Tuárez reportó un patrimonio de USD 372.000. PRIMICIAS reveló que antes de realizar dicha declaración, el sacerdote movió bienes muebles e inmuebles que estaban a su nombre, a nombre de una mujer de 71 años de Ibarra. El sacerdote no se ha referido al tema.
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