Esta fue la participación de los 20 acusados en la red del caso Sobornos

La Fiscalía General del Estado acusó al expresidente Rafael Correa por dos niveles de participación en la estructura.

Primero: por ocupar "el mando jerárquico superior de la estructura delincuencial".

Según el Ministerio Público, Correa sabía de las ofertas y la entrega de contratos. Además, dispuso que una persona de su confianza (Pamela Martínez) supervisara y aprobara la recepción del dinero.

Segundo: de acuerdo con los archivos del caso, Correa aparece como beneficiario de los sobornos porque en su cuenta figura un depósito de USD 6.000 proveniente de la red.

La fiscal Diana Salazar apunta al exvicepresidente Jorge Glas por dos cargos que ostentó en el gobierno correísta. Primero como ministro coordinador de Sectores Estratégicos y, segundo, como vicepresidente.

En ambas posiciones estuvo a cargo de dirigir las políticas y acciones de empresas del Estado, como Celec, Petroecuador y Senagua, que están involucradas en el esquema de sobornos.

Por ejemplo, Celec pagó el arriendo de la oficina en la que funcionó la oficina alterna a la Presidencia de la República, desde donde se recibía y se repartía el dinero.

A través de Senagua, en cambio, se adjudicaron contratos a las empresas involucradas. Por ejemplo, a Equitesa se le asignó la emergencia en el proyecto Multipropósito Chone. 

Y, a raíz de esta adjudicación, al representante de esa empresa se le exigió un soborno de USD 1 millón.

Durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa, Alexis Mera fue secretario jurídico de la Presidencia.

En su testimonio, Mera aceptó que su responsabilidad era dar legalidad a los actos de Correa, aunque no hubiera estado de acuerdo con ellos.

En ese sentido, según la Fiscalía, asesoró jurídicamente a la red de sobornos por lo que cobró USD 365.000, bajo el nombre de "servicios jurídicos verdes". 

Según la teoría de la Fiscalía, Correa nombró estratégicamente y de manera circular a sus ministros de confianza que participaban en la estructura de sobornos, para garantizar la operación.

Duarte, por ejemplo, fue ministra de Vivienda y también de Obras Públicas.

En el segundo cargo, según los archivos del caso, gestionó la entrega de sobornos de las empresas Hidalgo & Hidalgo, Fopeca, TGC, Consermín, Verdú y Equitesa.

A cambio de los sobornos, las compañías recibieron la adjudicación de varios contratos. El 3 de julio de 2013, por ejemplo, Consermín se quedó con el contrato de la carretera E40 IE-594 por USD 11,7 millones. 

Al igual que Duarte, por decisión de Correa, Walter Solís manejó dos carteras de Estado claves para la estructura: la Secretaría del Agua (Senagua) y el Ministerio de Obras Públicas.

En estos cargos, el exfuncionario actualmente prófugo de la justicia gestionó los sobornos de las empresas Equitesa e Hidalgo & Hidalgo. 

A través de su gestión, el 2 de julio de 2012, Hidalgo & Hidalgo llevó el contrato para la Construcción del Proyecto Canal Chongón, por USD 43,4 millones.

Más allá de sus cargos como secretario de la Administración Pública y ministro de Turismo y Producción, Vinicio Alvarado se encargó del manejo comunicacional y publicitario del gobierno de Correa y de Alianza País, junto a su hermano Fernando. 

Ambos están prófugos de la justicia ecuatoriana.

Dentro de la estructura, Vinicio Alvarado delegó a su asesora, María Augusta Enríquez, buscar proveedores en temas comunicacionales y acordar las formas de pago.

En 2014, la Secretaría de Administración Pública solicitó a la agencia McCann Erickson tres productos comunicacionales sobre la moratoria petrolera en el  parque nacional Yasuní.

La entidad pública recibió el servicio, pero la agencia cobró la factura por USD 240.000 a Equitesa. 

A través del cruce de facturas, las empresas vinculadas también pagaron servicios a la agencia Creacional, de la que Alvarado es accionista mayoritario.

Durante el gobierno de Correa, Pamela Martínez fue asesora del expresidente durante los primeros ocho años. Y luego fue jueza constitucional durante dos años, por postulación de Correa.

Por esa cercanía, Correa le pidió que se encargara de llevar un registro de las cuentas de campaña de Alianza PAIS. 

En ese registro, Martínez recopiló la información de las empresas aportantes de los sobornos y de los funcionarios públicos que recibieron el dinero. 

Ella aceptó que coordinó la recepción y repartición del dinero por orden directa de Correa y de Glas. Y entregó toda la información a la Fiscalía a través de una cooperación eficaz.

Laura Terán es la única funcionaria de tercer nivel vinculada con el caso. Nunca tuvo una relación cercana con el expresidente Correa o su equipo de confianza.

Fue contratada por Martínez por su capacidad para elaborar matrices. Primero, de las hojas de vida y de las solicitudes de trabajo que llegaban a la Presidencia. Y, posteriormente, de la red de sobornos.

Terán también aceptó el delito y cooperó con la Fiscalía. Aunque en su caso, indicó que solo cumplió y registró lo dispuesto por Martínez.

La estructura se manejo desde el edificio Concorde, en Quito. 

Christian Viteri también tiene dos niveles de participación en la estructura. Fue dos veces asambleísta y coordinó la candidatura de Viviana Bonilla a la Alcaldía de Guayaquil.

Según la teoría de la Fiscalía, Viteri coordinó con Glas y Alvarado la obtención del dinero de los sobornos para financiar las actividades proselitistas.

Pero también se benefició del cruce de facturas. Sus empresas Estudio Jurídico Viteri, Zambilsa, Quevedo Corp y Crisvilop, fueron proveedoras de Equitesa y Sanrib.

Viviana Bonilla, actual asambleísta, en el período investigado fue gobernadora del Guayas, candidata a la Alcaldía de Guayaquil y secretaría de la Política.

Hay dos pruebas que la ligan directamente con la estructura.

Su exasesor, Gustavo Bucaram, dijo que en 2013 viajó en Quito y recibió USD 100.000 de la red que luego entregó a Bonilla en su departamento.

Y Christian Viteri, quien fue su coordinador de campaña, aseguró que el dinero para financiar la promoción electoral provino de la oficina manejada por Pamela Martínez.

Además del dinero en efectivo obtenido a través de estas dos vías, la Fiscalía mostró facturas pagadas por varias empresas por servicios de alimentación, transporte y publicidad para su campaña.

Entre 2012 y 2014, la empresa Fopeca recibió 14 contratos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Dicha entidad, según la Fiscalía, entregó USD 503.364 en sobornos, por gestión de los exministros Walter Solís y María de los Ángeles Duarte.

Víctor Manuel Fontana, accionista mayoritario de la empresa, fue acusado en el proceso.

Bajo la coordinación de Jorge Glas, en la estructura de sobornos estaban las empresas Metco y Tadeni. Ambas registraban como accionista a Rafael Córdova.

En su alegato de cierre, la fiscal Diana Salazar indicó que estas empresas entregaron USD 1,1 millones en sobornos. De los cuales, el 99% fue aportado a través de cruce de facturas.

Además, el principal cliente de la empresa Tadeni era la Sociedad Inter RAO UES, de la cual Córdova también fue apoderado. Esta Sociedad recibió el contrato para la provisión de equipamiento electromecánico del hasta hoy inconcluso proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. 

Bolívar Sánchez figura en el caso como accionista mayoritario de la empresa Sanrib. Y también fue representante en Ecuador de la constructora china Gezhouba.

Esta última se quedó con el contrato para la construcción de la hidroeléctrica Sopladora.

Para lograr la adjudicación, las empresas entregaron USD 607.652 en sobornos. De los cuales, USD 317.652 fueron en cruce de facturas y USD 290.000 en efectivo.

Los empresarios Edgar Salas y Ramiro Galarza fueron acusados por ser accionistas de la empresa Consermín, que entregó sobornos bajó la gestión de Duarte.

Esta entidad pagó USD 498.385 en coimas. El 86% de ese dinero fue entregado a través de cruce de facturas y el restante en efectivo.

A cambio de ese dinero, Consermín se quedó con siete contratos de Obras Públicas.

Alberto Hidalgo fue vinculado al caso como representante de Hidalgo & Hidalgo.

Entre 2012 y 2014, a esta empresa se le adjudicaron 23 contratos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que fue dirigido por Solís y Duarte.

A cambio de estos contratos, Hidalgo & Hidalgo entregó USD 669.610 en sobornos. Cerca de USD 137.00 en efectivo y USD 532.150 con cruce de facturas. 

Teodoro Calle es el principal accionista de Técnica General de Construcciones (TGC), empresa que fue gestionada por María de los Ángeles Duarte.

Esta empresa tuvo 14 contratos con el Ministerio de Obras Públicas, entre marzo de 2012 y diciembre de 2013.

A cambio de los contratos, TGC entregó USD 296.261 en sobornos. El 90% se hizo a través de cruce de facturas.

Pedro Verduga es el accionista mayoritario de Equitesa. Entregó cerca de USD 1 millón en sobornos, la mayor parte en cruce de facturas.

Entre 2012 y 2013, Equitesa se benefició de 17 contratos de obras con el Ministerio de Obras Públicas.

El propio Verduga aceptó, durante el juicio, que entregó las coimas. Pero su abogada dijo que fue presionado por la cúpula del gobierno de Correa, aprovechándose de su condición de adulto mayor.

El coreano Mateo Choi fue apoderado de la empresa coreana SK Engineering Construction en Ecuador. Según los registros del caso, Jorge Glas gestionó con el empresario la entrega de sobornos.

Esta empresa entregó USD 2,3 millones en aportes ilegales a la estructura delictiva comandada por Correa. USD 1,9 millones fueron con facturas de servicios y USD 438.024 en efectivo.

A cambio de estas coimas, según la Fiscalía, SK se hizo con los contratos modificatorios para la fallida rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

William 'Bill' Phillips es accionista de las empresas Azulec y Caterpremier. Según la Fiscalía, esas compañías entregaron sobornos bajo la gestión de Jorge Glas. 

En los archivos del caso se encontraron entregas de aportes por USD 319.999. De los cuales, 184.999 fueron en cruce de facturas y USD 135.000 en efectivo.

A cambio de este dinero, Petroecuador le asignó un contrato a Azulec.