Dos nudos críticos por resolver en la Ley para el aborto por violación
En el debate del texto deberá definirse el tiempo de gestación para que pueda terminarse el embarazo, y los requisitos para poder acceder a este derecho. La Comisión de Justicia de la Asamblea inició el análisis del texto.
La Comisión de Justicia recibió a Zaida Rovira, defensora del Pueblo, este 25 de agosto de 2021.
AN
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El trámite del proyecto de Ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación comenzó oficialmente en la Asamblea, este 25 de agosto de 2021. La Comisión de Justicia será la encargada de analizar la iniciativa, presentada por la Defensoría del Pueblo después de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto por violación.
Zaida Rovira, defensora del Pueblo encargada, hizo una presentación de la propuesta ante los comisionados. Sostuvo que fue construida con el apoyo de nueve organizaciones internacionales y que, sobre todo, se enfoca en garantizar los derechos de la víctima.
El proyecto es recién el primer paso. La Asamblea deberá debatir el tema para obtener una ley, aunque esta no puede ya cambiar de ninguna manera lo que la Corte dictaminó: que el aborto en casos de violación no puede ser un delito.
Pero el tema es polémico y genera división. Y la discusión probablemente se centrará sobre todo en dos "nudos críticos" que la Defensoría del Pueblo ya detectó. Por ello, Rovira llamó a los legisladores a ampliar el debate para construir la ley.
Y de entrada ya hubo polémica. El asambleísta Ricardo Zambrano (Pachakutik) cuestionó que la Corte Constitucional haya ordenado la construcción de una ley, pues eso no está entre sus atribuciones. Dijo que está "a favor de la vida" y que deberían rechazar la propuesta.
Dos puntos marcarán el debate de la ley
Durante la construcción del proyecto de ley, Rovira narró que la Defensoría se encontró con algunos "nudos críticos". Algunos de ellos fueron solucionados, y otros quedarán para el debate dentro de la Asamblea más allá de lo propuesto en el proyecto.
Uno de los puntos ya solucionados por la Defensoría es la cláusula de conciencia para los médicos. Sobre esto, aseguró que aunque el personal médico puede negarse a hacer un aborto, las casas de salud deberán asegurarse de que haya personal dispuesto. Esto garantizará que las mujeres violadas puedan ejercer su derecho sin problemas.
Pero los dos temas que quedarán para el debate y que probablemente causen polémica son la temporalidad (las semanas de gestación) y los requisitos.
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La temporalidad
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El proyecto de Ley presentado por la Defensoría no establece un límite de tiempo de gestación para que las mujeres que hayan sido víctimas de violación puedan terminar su embarazo voluntariamente. Según Rovira, habría que establecer distintos criterios para poner un límite de acuerdo a la edad de la víctima. Y esto -dijo- debería estar más especificado en un reglamento. Sin embargo, sostuvo que más allá de los seis meses de gestación ya no se puede hablar de aborto sino de parto, por lo que ese sería un límite. Rovira señaló que hay tres puntos para debate en este apartado:
- La capacidad médica para realizar abortos pasadas las 15 semanas de gestación.
- La estigmatización que pueden sufrir las mujeres luego de un aborto pasadas las 15 semanas.
- El desconocimiento del estado de gestación que generalmente tienen las niñas víctimas de violación, que no se enteran inmediatamente de su embarazo.
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Los requisitos para acceder al aborto
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El proyecto de ley presentado por la Defensoría solo incluye un requisito para poder acceder al aborto por violación. Este será un formulario para las mujeres mayores de 12 años, y ningún requisito para las menores de 12 años. La iniciativa en este caso propone que no se requerirá dictámenes de medicina forense, órdenes judiciales, exámenes de salud innecesarios, autorización por parte de familiares, curadores, asesores jurídicos, auditores y pluralidad de médicos. Según la Defensoría, los puntos de debate aquí son:
- Los cuestionamientos a la credibilidad de la víctima.
- La necesidad de presentar una denuncia penal.
- La impunidad en los delitos de violación por falta de garantías judiciales para la víctima.
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