Moreno no logra sacudirse las denuncias de corrupción en su contra

El presidente Lenín Moreno llegó a Carondelet con la promesa de luchar contra la corrupción y ha mantenido el discurso vivo durante sus tres años de gestión. Sin embargo, más allá de dos vicepresidentes procesados y varios ministros cuestionados, los escándalos de corrupción no dejan de perseguirlo.

El Mandatario incluso creó una Secretaría Anticorrupción que apenas duró 15 meses, tuvo tres titulares y fue cerrada tras las críticas de las autoridades de Control y de Justicia por una posible interferencia.

Pero, pese a sus anuncios y los proyectos de ley que ha enviado a la Asamblea con medidas contra la corrupción, Moreno no ha podido deshacerse de los cuestionamientos que persiguen a su gestión pública:

El fracasado circo social

Cuando fue vicepresidente, en mayo de 2011, Moreno firmó un acuerdo con el vicepresidente del Cirque du Soleil, para “rescatar de los vicios y problemas sociales a los niños y jóvenes de los sectores más pobres de las urbes del país”.

El objetivo era montar en el país un circo social, con el programa gubernamental "Sonríe Ecuador". Ese acuerdo se complementó con otros suscritos por Moreno con los entonces alcaldes de Quito, Guayaquil, Cuenca, Tena y Loja.

Seis años después, Moreno llegó a la Presidencia y casi a la par llegó el informe de la Contraloría que auditó el proyecto del Circo Social, desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de julio de 2016 y examinó los recursos destinados a su funcionamiento: USD 10’958.280.

El informe de auditoría fue aprobado el 3 de mayo de 2017 y detectó varias irregularidades en las contrataciones:

• Con las carpas, que tuvieron deficiencias estructurales, por lo que hubo problemas con las instalaciones. Además, se entregaron solo dos y con retraso.
• Solo dos de los cuatro generadores eléctricos se entregaron 1.097 días después del plazo. Ninguno fue usado para el Circo Social.
• La muestra artística se contrató a pesar de todos estos problemas y de que, en ese entonces, no había escenarios donde se pudieran presentar los espectáculos.
• Lo mismo pasó con la contratación de los sistemas técnicos, de audio, iluminación, cortinaje y comunicación. No había circos donde ubicarlos, por lo que permanecieron en bodega 497 días, hasta que fueron transferidos a otras entidades.
• La Vicepresidencia también contrató la producción de un programa de televisión sobre el Circo. El producto fue entregado pero nunca fue difundido.
• También se detectó una transferencia hecha al Municipio de Quito que nunca fue devuelta íntegramente y la contratación de equipo deportivo que no se probó que fue entregado a las provincias donde se ejecutaría el proyecto.

Las carpas circenses que casi nunca se utilizaron terminaron destruidas por el clima y el tiempo y tuvieron que ser retiradas años después.

Cargo en el exterior y gastos especiales

Tras dejar la Vicepresidencia en 2013, Moreno fue designado como enviado especial del Secretario General de la ONU para Discapacidad y Accesibilidad y se mudó a Ginebra, Suiza.

El puesto fue conseguido por el Gobierno y la ONU aclaró que Ecuador debería encargarse de los gastos de la Misión y del salario de Moreno, así como debía presentar un plan de trabajo.

Según el examen especial hecho a las transferencias estatales para mantener su cargo en Europa, realizado por la Contraloría, el Mandatario recibía USD 15.000 mensuales.

El gasto total de la misión especial fue de USD 1,6 millones, entre el 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2016. Y Moreno dejó el cargo el 30 de septiembre, para preparar su candidatura a la Presidencia.

En ese entonces el Mandatario fue cuestionado por estos gastos y por el departamento donde vivía con su esposa Rocío González.

Su hija se vincula al Servicio Exterior

Seis meses después de que su padre se mudara a Ginebra, Irina Moreno González se incorporó al Servicio Exterior, como consejera en la Misión Permanente ante la misma ONU, también en Ginebra.

Según los registros de la Cancillería, Moreno González recibió el nombramiento el 1 de julio de 2014 y permaneció en el cargo hasta junio de 2016. Tres meses antes de que el Enviado Especial ante la ONU dejara el puesto para ser el candidato presidencial del oficialismo.

Ya en julio de 2016 Moreno González se mudó a Nueva York, también como parte del Servicio Exterior, para ser consejera de la Misión Permanente de Ecuador ante la ONU en esa ciudad.

Ese cargo lo dejó el 27 de mayo, después de las críticas que recibiera el ahora presidente Moreno por ello. Pero el Mandatario defendió la trayectoria y méritos de su hija para estar en el cargo.

El 22 de mayo, Moreno Garcés dijo que su hija trabajaba en la ONU antes de que él entrara a trabajar como vicepresidente del expresidente Rafael Correa. “Cuando ingresé, renunció, pero cuando dejé la Vicepresidencia, fue llamada de nuevo al Servicio Exterior”, dijo.

En la página web de la Cancillería no hay registros previos a 2013. Además, según la Senescyt, la hija del Mandatario registró su Licenciatura en Comunicación en febrero de 2012, su Máster en Arte en marzo de 2015 y su Maestría en Relaciones Internacionales en octubre de 2016.

Y en la página de la Contraloría solo constan las declaraciones juramentadas de 2019 y 2020, donde se registra solo su vinculación a la Cancillería desde abril de 2016, pero ya en la sede en Nueva York.

Los 'INA Papers'

El asambleísta Ronny Aleaga (Revolución Ciudadana) denunció, en marzo de 2019, ante la Fiscalía el uso de una supuesta empresa offshore por parte de familiares del presidente Moreno para realizar cobros irregulares.

La denuncia señala que, a través de una cuenta en el Balboa Bank, en España, se compraron lujosos muebles para el departamento que Moreno utilizaba en Ginebra, Suiza, como delegado ante la ONU para las discapacidades.

Aleaga añade que en esa cuenta se recibió dinero de Sinohydro, adjudicataria de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, por ayuda con esa concesión.

Moreno ha negado las acusaciones y, a inicios de mayo de 2019, pidió a la Fiscalía que investigara la denuncia hecha por los portales La Fuente y Mil Hojas.

El caso se mantiene en investigación previa en la Fiscalía. Durante estos meses, se han tomado versiones y se han hecho solicitudes de información, además de solicitar asistencia penal internacional.

Una campaña denunciada por peculado

El mismo legislador correísta, Aleaga denunció, en octubre pasado, ante la Fiscalía un presunto peculado en la campaña electoral para la consulta popular y referendo de febrero de 2018.

Según el asambleísta, la campaña del oficialismo por el Sí, para luchar contra la corrupción, fue financiada con dinero de empresas públicas. Es decir, se habría incurrido en peculado por unos USD 5 millones.

Además, eso implicaría haber cometido delitos electorales sobre el financiamiento de campaña que debían ser detectados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Estos serían dos: haber excedido el presupuesto máximo para campaña y el uso de recursos públicos con fines electorales, que es una infracción muy grave.

La última implica multas de entre 20 y 70 salarios básicos y pérdida de derechos políticos de entre 2 a 4 años para los tesoreros de las organizaciones políticas, dependiendo el caso. Sin perjuicio de que se envíe la información a la Fiscalía en caso de detectarse aportes ilícitos.

La denuncia había estado congelada en la Fiscalía hasta este domingo 14 de junio. El caso fue revivido por el portal La Posta. Y durante esa misma noche los periodistas del medio y el legislador fueron llamados a rendir sus versiones por el caso.

Esa fue la única respuesta del Mandatario a la nueva denuncia en su contra. Aunque el Ejecutivo no ha aclarado cómo o quién hará esa investigación a las empresas públicas mencionadas:

• Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
• Casa para todos.
• Empresa Nacional Minera (Enami).
• Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave).
• Petroecuador.
• Petroamazonas.
• Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco).
• Fabricamos Ecuador (Fabrec), que ya está en liquidación.
• Ecuador Estratégico.
• Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento (Cear).
• Correos del Ecuador.
• Y al Servicio de Contratación de Obras (Secob).

Y las cuatro últimas, tres empresas públicas y el Secob, que están en proceso de cierre decretado el 19 de mayo por el mismo Mandatario, como medida de austeridad frente a la crisis económica por la pandemia de covid-19.

Pero, ese ha sido siempre uno de los problemas con las empresas públicas: la falta de transparencia y orden en sus estados financieros. Estas entidades, por ejemplo, no responden a la Superintendencia de Compañías, por lo que no están obligadas a presentar estos estados financieros auditados.

En agosto pasado el Ejecutivo discutía el tema de las empresas públicas como una de las reformas económicas necesarias para el Estado sin que se hayan tomado decisiones todavía.

El secretario de Gabinete y vocero del Mandatario, Juan Sebastián Roldán, dijo a La Posta que "esperamos que la Fiscalía analice e investigue a todas las personas que puedan estar involucradas". Y repitió el mantra presidencial "caiga quién caiga".