El Ejecutivo, solo entre la crisis económica y el descontento social
La marcha de los trabajadores del 16 de septiembre de 2020 en Quito, contra las políticas del Gobierno.
API
Autor:
Actualizada:
Compartir:
El presidente Lenín Moreno lleva 40 meses en el poder, en los que ha ido perdiendo aliados. Incluso se quedó sin movimiento político, Alianza PAIS, al que dejó agonizar.
Con la economía en crisis y la pandemia de Covid-19, el Ejecutivo enfrenta el descontento de varios sectores, especialmente aquellos a los que el Estado debe dinero, ya sea por salarios impagos o por productos y servicios prestados.
Tras haber finalizado el estado de excepción, el país vio las primeras protestas en las calles. Los médicos postgradistas reclamaron por salarios que no reciben desde julio y pararon sus actividades en los hospitales de Quito, Guayaquil y Cuenca.
En Quito, un grupo de personas marchó hacia el Centro Histórico y fue repelido por la Policía Nacional con gases lacrimógenos y exceso de fuerza, según lo aceptó la misma ministra de Gobierno, María Paula Romo, y por lo cual las autoridades se disculparon.
El problema es que el Ejecutivo no tiene recursos disponibles para pagar todas las asignaciones pendientes, como salarios a los servidores públicos, entre ellos los médicos postgradistas.
Para la tarde del miércoles 16 estaba prevista una marcha de los sindicalistas, pero la convocatoria fue interrumpida por una torrencial lluvia que inundó varios sectores de la capital.
Pese a ello, cuando los manifestantes llegaron a la Plaza de Santo Domingo hubo incidentes con los uniformados y fueron dispersados por agentes antimotines, policías motorizados y con chorros de agua en medio de la lluvia.
Intento de reconciliación
Cuando llegó al Palacio de Carondelet, Lenín Moreno empezó limando asperezas con los sectores sociales, políticos y económicos que habían sido relegados o atacados por su antecesor, Rafael Correa.
Moreno prácticamente se reunió con todos, partidos políticos, organizaciones sociales, religiosas, representantes del sector productivo y empresarial.
Así empezó una primera versión del denominado diálogo nacional.
Esa etapa de reconciliación, en la que el Jefe de Estado tendió puentes con las organizaciones que más conflictos habían tenido con el correísmo, como el movimiento indígena y el sindicalismo, duró poco.
Desde agosto de 2017, el Gobierno del presidente Moreno empezó a perder aliados.
Las bajas partidistas de Moreno
Moreno llegó al poder apoyado por una estructura partidista sólida, la más fuerte que el país haya visto desde el retorno a la democracia, que le garantizó incluso una mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.
Al haber una segunda vuelta electoral en 2017, sus aliados políticos crecieron más allá del tradicional Partido Socialista, que no se despegó de Alianza PAIS durante su época correísta.
A la lista se sumaron también Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. Las tres agrupaciones pusieron ministros en las carteras de Defensa, de Trabajo y de Inclusión Económica al inicio de la gestión de Moreno.
La primera baja política fue la del correísmo, a los tres meses de Gobierno. Moreno acusó a Correa de haber dejado la economía del país destruida y de no haber transparentado el tamaño de la deuda pública.
Los consejeros y ministros del correísmo salieron del Gobierno y, poco después, tras la caída de Jorge Glas de la Vicepresidencia, el bloque legislativo abandonó el movimiento. Las bases correístas se desafiliaron y dejaron AP en manos de Moreno.
Fue ahí que Moreno consolidó su momento de fuerza política, detrás de la idea de la consulta popular de 2018, para luchar contra la corrupción, eliminar la reelección indefinida y la ley de plusvalía, que tantas protestas le costó a Correa.
Ahí nació el frente Somos Ecuador, que concertó la unidad de Alianza PAIS, Centro Democrático, Fuerza Compromiso Social, el Partido Socialista, Democracia Sí, Izquierda Democrática y los entonces nacientes Libertad es Pueblo, además de Ecuador Unido.
A ellos se unieron organizaciones políticas locales y organizaciones sociales del país. Pero este momento político tampoco duró mucho más allá de la campaña.
De ese frente ya no queda nada. Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social regresaron con la parte correísta, a la que apoyarán en las elecciones presidenciales de 2021.
El ala correísta dentro del Partido Socialista también perdió el control de la organización, que ahora es aliada de la Concertación.
Y las demás organizaciones políticas y sociales dijeron que se trató de un tema puntual y ahora nadie acepta ninguna cercanía con Moreno.
Hace dos meses, Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza PAIS, le dio la estocada final. Dijo que el movimiento no era más parte del Gobierno, que no son el oficialismo porque ya no tienen nada que ver con Moreno.
El aliado político partidista que le queda al Primer Mandatario es la nueva versión de Ruptura 25, ahora llamada Construye. Aunque el movimiento tampoco tiene capital político, ya que había desaparecido del escenario nacional desde agosto de 2014.
Efímero acercamiento
El intento de Moreno de congraciarse con los sectores sociales antaño peleados con el régimen de Alianza PAIS llegó de la mano de ofrecimientos como la devolución de la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Sede que Correa le había quitado a la Confederación.
Aun así el descontento de varios sectores, incluidos los que antes eran oficialistas, explotó en las calles poco a poco.
Cada grupo social empezó a reclamar los compromisos y obligaciones pendientes: los sindicalistas, los maestros, los médicos, los estudiantes, los indígenas, los transportistas, los grupos de mujeres, los jubilados.
Las movilizaciones empezaron pequeñas y por temas puntuales. Pero en octubre Ecuador vivió un paro nacional que, por primera vez en más de una década, detuvo al país.
El Ejecutivo se vio incluso obligado a trasladar la sede de Gobierno a Guayaquil y a militarizar la capital.
El primer paro nacional de transportistas fue continuado por el movimiento indígena y apoyado por el sindicalismo y otras organizaciones sociales. Buscaban impedir, y lo lograron, la eliminación del subsidio a la gasolina Extra y el diésel.
Desde entonces el Gobierno también se ha granjeado roces con los grupos de mujeres, jubilados, maestros, personas con discapacidad, otros sectores indígenas y campesinos además de la Conaie, y hasta ha recibido reclamos de los sectores provida.
El sector productivo
El guiño de Moreno al sector privado, al escoger a varios empresarios para su gabinete presidencial tampoco le garantizó respaldos.
Las relaciones mejoraron con todos los sectores, pero el deterioro de la economía y ciertas medidas, especialmente de carácter tributario, han hecho que el sector privado se aleje.
Incluso su ministro de Finanzas, Richard Martínez, cuenta ya con pocos aliados entre esas filas. Los distintos sectores, golpeados por la pandemia, culpan al Ejecutivo por sus acciones o por la falta de acciones en determinados momentos.
Y medidas como exigir el anticipo del impuesto a la renta del próximo año, para cubrir costos de este año, no han caído bien entre los gremios.
La deuda que tiene el Estado con los proveedores, por la misma crisis económica, hace que todos los sectores sientan el impacto de la cadena de pagos.
Según el ministerio de Finanzas la deuda con proveedores sería de unos USD 490 millones.
Los otros sectores estatales
El presidente Moreno perdió su bancada legislativa, lo que le ha impedido aprobar leyes más allá de las económicas urgentes. Incluso estas últimas han requerido de que el Ejecutivo ceda en varios aspectos para conseguir la votación mínima de aprobación.
Tampoco tiene mayor apoyo entre los gobiernos seccionales. Tanto prefecturas como alcaldías y hasta juntas parroquiales culpan al Ejecutivo por la falta de recursos. El Gobierno Central les adeuda incluso los montos por devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Hasta julio los pagos totales atrasados del Gobierno superaban los USD 3.500 millones.
Y las otras funciones del Estado, como la Electoral están también en apuros porque el Ministerio de Finanzas no puede desembolsar los recursos para el proceso electoral de 2021.
Las relaciones de la Función Ejecutiva con todos los demás sectores del Estado siguen teniendo puntos de fricción. Lo que empezó como un Gobierno de diálogo y de transición, ahora es uno de supervivencia hasta el cambio de periodo en mayo de 2021.
Compartir: