¿El metro, el tranvía y la aerovía estarán regulados antes de operar?
Los alcaldes de la capital han cambiado la imagen institucional, según sus gustos.
cortesía Ministerio de Turismo
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Las nuevas modalidades de transporte público empezarán operaciones en distintas ciudades de Ecuador este 2020. Sin embargo, quedan dudas sobre los marcos regulatorios que contemplen estas realidades y llenen los vacíos jurídicos que se abrirán con sus operaciones.
El Metro de Quito, el Tranvía de Cuenca, la Aerovía de Guayaquil son los tres megaproyectos urbanos que los municipios han arrastrado durante años y que -parece- verán la luz con las actuales administraciones.
Estas obras han levantado distintos cuestionamientos y generado debate desde sus inicios, tanto a favor como en contra. Ahora, hay una pregunta en común, una vez que entren en funcionamiento ¿cómo serán regulados?
Por ejemplo, ¿qué tipo de licencia requerirá un conductor del metro? ¿El Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT) cubrirá los accidentes que se deriven de estas modalidades de transporte? ¿Qué tipo de jueces atenderán estos accidentes?
Estas son solo algunas de las preguntas que plantea Danny Gaibor, abogado experto en temas de transporte público. No se requieren leyes específicas, dice, pero sí reformas que regulen las nuevas modalidades de transporte que se están creando en las ciudades.
Gaibor enfatiza la importancia de normar el comportamiento del conductor y de los usuarios y cualquier evento que se produzca dentro de las instalaciones o durante el funcionamiento de estas nuevas modalidades de transporte.
Una vez que estos medios inicien operaciones, los vacíos legales pueden acarrear grandes consecuencias para las ciudades y las autoridades. No se puede esperar a que haya un accidente en el Metro de Quito para crear la normativa que regule cómo debe procederse, comenta el experto.
El legislador independiente Fabricio Villamar, vicepresidente de la Comisión Ocasional de Tránsito, explica que en las reformas a la Ley de Tránsito sí se menciona, por ejemplo, el transporte ferroviario. En esta categoría estarán el metro y el tranvía.
El asambleísta asegura que en la Comisión buscaron favorecer el transporte no contaminante y la multimodalidad, para que se pueda migrar de un tipo de transporte a otro con facilidad.
"La ley profundiza en estos mecanismos de transporte y promociona el transporte público, especialmente el no contaminante".
Fabricio Villamar
El legislador advierte que, en este proyecto legal, no se han tratado aún las posibles infracciones y contravenciones derivadas del funcionamiento de estos nuevos medios, lo que implicaría reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Pero Álvaro Guzmán, exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), dice que varios de los aspectos cuestionados sí se han trabajado en normativas secundarias, como resoluciones de la ANT.
Por ejemplo, las licencias de los conductores del metro y tranvía, así como su preparación técnica y la revisión vehicular de los tranvías son temas ya regulados por la autoridad nacional.
Además, Guzmán asegura que los accidentes en estos medios de transporte son mínimos porque estas nuevas modalidades cuentan con más medidas de seguridad. Y enfatiza que los mismos municipios pueden emitir ciertas regulaciones a nivel de ordenanzas y que, en caso de ser necesario, la Asamblea siempre puede perfeccionar las leyes existentes.
¿Contratación o transporte?
El Municipio de Quito informó, esta semana, que el metro de Quito y el tranvía de Cuenca presentarán a la Asamblea Nacional una propuesta de ley "que permita generar un modelo eficiente y que garantice la calidad del sistema de transporte ferroviario".
Sin embargo, según lo difundido por la institución, la propuesta se concentrará más en los problemas coyunturales que han enfrentado los proyectos como la operación, el mantenimiento y el acompañamiento de agentes internacionales.
Por lo tanto, las reformas serían a las leyes de Tránsito y de Contratación Pública. Porque, según las autoridades, no se puede hacer contrataciones por volumen para abaratar costos, los procesos son lentos e incrementan los costos, incluso si se trata de adquirir repuestos, y no se permiten alianzas internacionales.
"Con estos esquemas las empresas públicas no podrán ser eficientes y sustentables", dice la información municipal. Pero, no menciona en ningún momento el tema de las contravenciones e infracciones, sanciones y accidentes.
Tanto Gaibor como Villamar coinciden en que las autoridades locales debería aprovechar el proyecto de reformas que está en la Asamblea y que está a puertas de su segundo debate para incluir sus propuestas.
De otra manera, sus propuestas deberán esperar a ser tramitadas desde cero y este Legislativo no ha sido popular por su efectividad para tramitar proyectos de ley.
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