Lucha contra la corrupción se queda en anuncios

El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción fue creado por el presidente Moreno el 5 de junio de 2017, con el Decreto 21. Ahí declaró como política prioritaria del Gobierno "el fortalecimiento de la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción en todas sus formas".

En papeles, el organismo tenía autonomía y la facultad para solicitar información a instituciones públicas. Y debía establecer mecanismos de coordinación de acciones con los organismos de la Función de Transparencia y proponer normativas.

El presidente Moreno designó como integrantes del Frente a seis representantes de la sociedad civil y, por parte de la Función Ejecutiva, a los entonces ministros de Justicia, Relaciones Exteriores y al Secretario Nacional de Planificación, Rosana Alvarado, María Fernanda Espinosa y Andrés Mideros, respectivamente.

El Frente planteó una estrategia para trabajar, junto con las funciones del Estado, el sector privado y la academia, una reforma jurídica y hacer cambios en el funcionamiento del Estado.

El organismo propuso crear un sistema de control nacional para coordinar los proceso de investigación y sancionar la corrupción; también planteó una auditoría al sistema electrónico de Contratación Pública y la creación de pliegos homologados para los procesos; y una educación en valores en las escuelas y colegios, así como de ética en las universidades.

Todo sigue en papeles. Dos años después, el vicepresidente Otto Sonnenholzner anunció, en noviembre de 2019, que el Gobierno tiene previsto que en la educación básica se vuelvan a enseñar valores y principios.

Lenín Moreno convocó a una consulta popular en febrero de 2018. La primera pregunta trató sobre la suspensión de por vida de los derechos políticos para los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción.

La idea era impedir que estas personas pudieran volver a ser funcionarios públicos o candidatos a cargos de elección popular. Lo mismo aplicaba para las empresas acusadas de corrupción, a las que se les prohibiría contratar con el Estado.

También se incluyó otra pregunta para cesar al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y poner en su lugar uno transitorio, que evaluase a las autoridades de control.

El Sí ganó en todas las preguntas. Los resultados de la primera pregunta modificaron la Constitución y las leyes Electoral, de Servicio Público y el Código Integral Penal.

Con la segunda pregunta se dio paso al Consejo Transitorio, que en 463 días cesó a 27 funcionarios y nombró a otros 31. El ente dejó nueve investigaciones de casos emblemáticos de corrupción, como el escándalo de la supuesta malversación de los dineros para reconstruir a las provincias de Manabí y Esmeraldas.

Los nueve casos investigados fueron a parar a manos de la Fiscalía.

En julio de 2018, Moreno envió una serie de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). ¿El objetivo? Identificar, recuperar, repatriar y extinguir el dominio de los bienes de origen ilícito.

Según el Sistema de Formación de la Ley de la Asamblea, ese proyecto solo superó la calificación del Consejo de Administración Legislativa y nunca llegó al pleno.

En septiembre de 2018, Lenín Moreno envió un nuevo proyecto. Esta vez de anticorrupción y protección del denunciante. Este llegó hasta el segundo debate en el pleno del Legislativo, en julio de 2019, pero los asambleístas resolvieron incorporarlo a las reformas al COIP.

Más que endurecer o ampliar las penas por delitos de corrupción, esta normativa se enfocaba en los beneficios de las delaciones. La idea era incentivar a quienes hubieran participado o no en este tipo de actos para que dieran información a las autoridades.

Estos incentivos entraron en vigencia el 24 de diciembre de 2019, con la publicación en el Registro Oficial de las reformas penales.

Tras la fuga del exsecretario de Comunicación del Gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado, el 22 de octubre de 2018, el presidente Moreno se reunió con las autoridades de todos los poderes del Estado.

Después de tres horas de discusión, anunció que conformarían una mesa interinstitucional para combatir la corrupción. No se ha vuelto a saber nada más de la iniciativa.

El presidente Moreno creó en febrero de 2019 la Secretaría Anticorrupción, adscrita a la Presidencia. Y nombró como su titular a Iván Granda.

Ocho meses después, el funcionario pasó a ser Ministro de Inclusión Económica y Social (MIES) y su puesto lo ocupó Dora Ordóñez, quien era su subsecretaria. Pero la Ordóñez renunció el 27 de diciembre y su salida se hizo efectiva el 10 de enero.

Y el 17 de enero de 2020, el Presidente nombró a su tercer Secretario Anticorrupción, José de la Gasca. Además, debido a los recortes por el plan de austeridad, el personal de la entidad se ha visto disminuido, lo que habría causado la salida de la segunda Secretaria.

El 13 de mayo de 2019, Lenín Moreno creó una Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce), con la guía de Naciones Unidas. La agrupación tiene como objetivo asesorar y fortalecer las instituciones del Estado y establecer mecanismos más rápidos de prevención para impedir actos de corrupción.

Sin embargo, en noviembre terminaron los 180 días de plazo para que el organismo alcanzara su viabilidad jurídica y diplomática para ejercer funciones. Y el Ejecutivo extendió el plazo otros 90 días, que terminarán en febrero.

Aunque el mismo canciller José Valencia advirtió que no será fácil crear legalmente el sustento para que el organismo funcione, ya que se requiere la aprobación de una ley específica por parte de la Asamblea y de la Corte Constitucional.

El organismo, que está a cargo de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), advirtió que sin claridad sobre sus atribuciones y competencias no continuará con su labor en el país.El proyecto de estatuto para su funcionamiento fue entregado en julio al Ejecutivo. Y sigue en espera.

El Ejecutivo remitió un nuevo proyecto de reformas anticorrupción el 2 de septiembre de 2019. El entonces secretario anticorrupción, Iván Granda, lo entregó en la Asamblea Nacional.

El objetivo es modificar la Ley Orgánica de la Función Judicial y crear la figura de jueces especializados anticorrupción y en crimen organizado, que tengan competencia y jurisdicción específica (distrital).

César Litardo, presidente del Legislativo, dijo que el proyecto tendrá prioridad. Esto pese a que Moreno ha enviado ya 18 proyectos al Legislativo pero solo ocho se convirtieron en leyes.