Guadalupe Llori vive su propia crisis en la Asamblea con una mayoría en contra

Un nuevo capítulo en la crisis que vive la Asamblea Nacional ocurrió el martes 29 de marzo de 2022, cuando la presidenta Guadalupe Llori suspendió una nueva sesión del Pleno en medio de gritos y reclamos.

A pesar de que las tensiones habían bajado en las últimas semanas, la actuación de Llori nuevamente unió a las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC) y la facción radical de Pachakutik.

La polémica surgió cuando la bancada correísta intentó introducir nuevamente, en una resolución de rechazo a las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, la evaluación a los vocales del Consejo de la Administración Legislativa (CAL).

Llori bloqueó este intento, y suspendió la sesión después de que UNES apelara su Presidencia.

Esta es la segunda sesión suspendida por Llori después de una apelación a su Presidencia. El 24 de febrero, tras otra polémica por el mismo tema de la evaluación al CAL, la Presidenta suspendió la sesión después de que Esteban Torres (PSC) la apelara.

Llori ha intentado en dos ocasiones reinstalar esa sesión en fines de semana de manera virtual, lo que le permitiría controlar quién habla a través de los micrófonos. Sin embargo, no ha podido hacerlo porque UNES y el PSC no asisten, por lo que no hay el quorum necesario.

Lo que sí logró es volver a unir a UNES, el PSC y la facción radical de Pachakutik, a pesar de que el tema de la evaluación ya se había enfriado en las últimas semanas. Esto vuelve a activar los anuncios de una posible autoconvocatoria del Pleno.

"Este es un bochornoso espectáculo por culpa de quien preside la Asamblea. Usted no puede irrespetar la ley por miedo. Vamos a tener que autoconvocarnos", le dijo Marcela Holguín, coordinadora de UNES a Llori.

Los representantes de las tres bancadas (que suman poco menos de 70 votos) condenaron la acción de Llori, que a su criterio es ilegal.

La apelación de la Presidencia persigue a Llori

La apelación de la Presidencia es una figura prevista en la Ley de la Función Legislativa, que aplica cuando un asambleísta considera que se han vulnerado las normas procedimentales.

La ley no habla de cuál es el procedimiento para hacer esta apelación, pero en ocasiones anteriores se aplica a pedido de cualquier legislador, en cualquier punto de la sesión.

El 24 de febrero, quien apeló fue Esteban Torres (PSC). No lo hizo a través de un pedido de la palabra, sino que lo expresó públicamente desde su curul. Lo mismo sucedió el 29 de marzo con el asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES), quien alzó la voz mientras Llori pedía que inicie la votación.

En febrero, la Presidenta no dio ninguna explicación sobre por qué no dio paso a la apelación y suspendió la sesión. El martes, en cambio, dijo a Lloret que "no lo pidieron por el sistema".

"La Presidenta actúa maniqueamente, de forma totalmente abusiva y muestra un total desconocimiento del procedimiento parlamentario y de la ley", aseguró Lloret. El legislador puntualiza que la ley no especifica que la apelación debe ser a través del sistema o por escrito.

Lloret, que fue asambleísta los cuatro años del anterior período, asegura que todas las apelaciones han sido siempre expresadas públicamente, y no por el sistema o por escrito. Por lo tanto, a su criterio, lo que procedía era que Llori encargue la presidencia al primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (BAN).

Según la Ley de la Función Legislativa, tras la apelación, Lloret debía tener hasta tres minutos para presentar y justificar la apelación, y Llori igual tiempo para contestar la apelación. Después, debía haber una votación.

"Cuando se apela la Presidencia, quien está dirigiendo la sesión tiene la obligación de bajar a defenderse en su curul. Es la segunda vez que esto no se da", aseguró Esteban Torres (PSC).

Los temas que quedan suspendidos

Con la suspensión de las dos sesiones, hay debates, resoluciones y temas para debatir que quedan pendientes. No hay una salida a corto plazo, sobre todo, mientras Llori no decida pedir la reinstalación de ambas sesiones de manera presencial.

En la sesión suspendida en febrero, y que no se ha podido retomar, están en agenda seis primeros debates, sobre los siguientes temas:

• La Ley que regula el uso legítimo de la fuerza.
• Las reformas a la Ley de ordenamiento territorial.
• El Código Integral Agropecuario.
• Las reformas a la Ley del Consejo de Participación.
• La Ley para el fortalecimiento de la consulta popular.
• La Ley de emergencia del agua potable en Esmeraldas, Rioverde y Atacames.

Mientras que en la sesión de este 29 de marzo, quedó suspendido el tratamiento del informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda el archivo del juicio político contra el contralor Carlos Riofrío. Si no se trata el tema a tiempo, según UNES, esto derivaría en el archivo del proceso.

Por esto, Marcela Holguín (UNES) advirtió que Llori buscaría ir al archivo. Dijo que en los próximos días el CAL resolvería ir a vacancia legislativa, lo que dejaría ese proceso de fiscalización en el limbo.

La "guardia pretoriana"

El asambleísta Luis Almeida (PSC) advirtió la presencia de una "guardia pretoriana" en el Pleno de la Asamblea, integrada por personas no identificadas.

En la sesión del 29 de marzo, la presidenta Llori apareció rodeada de hombres vestidos de terno y portando auriculares, con apariencia de guardaespaldas. Estos hombres aparecieron además de la guardia legislativa, integrada por policías uniformados.

"Hay más de 10 personas, armadas, que no sabemos quienes son, uniformadas. Yo le llamo la atención al Gobierno: ¿quién manda a esas personas o son civiles contratados?", aseguró Almeida.

Lloret (UNES) sostuvo que la presencia de estas personas es nueva, al igual que los asesores de la Presidencia de la Asamblea, que están constantemente al lado de Llori o entre las curules.

Entre ellos están el asesor jurídico, Julio César Sarango, y el asesor Óscar Sánchez, quienes en la sesión de ayer estaban junto a Llori, incluso dándole instrucciones de qué decir.

Según Lloret, en el anterior período solo se permitía el ingreso de los legisladores al salón del Pleno, para evitar este tipo de contratiempos.

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