La justicia regresa en medio del virus, dudas y casos pendientes
El lunes 11 de mayo, en la ventanilla de la Corte Nacional de Justicia se empezaron a recibir escritos de procesos judiciales.
CNJ
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Luego de 58 días de la suspensión de plazos y términos de los casos judiciales y 59 desde la suspensión de la jornada laboral en la Función Judicial, la justicia ecuatoriana todavía intenta normalizar su adminsitración.
El 7 de mayo de 2020, el Consejo de la Judicatura emitió dos resoluciones:
- 0045: Restablecer parcialmente las actividades jurisdiccionales en la Corte Nacional de Justicia y en las Cortes Provinciales, desde el 11 de mayo.
- 0046: Restablecer el despacho interno de causas en trámite en los Juzgados, Unidades Judiciales, Tribunales Penales, de lo Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Tributario, desde el 18 de mayo.
Con la suspensión por la pandemia del Covid.19, varios casos importantes para el país quedaron en espera.
Los de más relevancia son los relacionados con la corrupción del gobierno de Rafael Correa y ahora, también, se suman procesos relacionados con el Gobierno actual.
A continuación, PRIMICIAS le presenta los cinco casos más importantes que deben retomarse:
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Caso Sobornos
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En medio de la crisis por la pandemia, el 7 de abril de 2020, la Corte Nacional considero imperante dar a conocer la sentencia de este proceso.
Pero, recién desde el 11 de mayo, empezaron a correr los plazos para que los 20 sentenciados apelen la pena impuesta por los magistrados.
Una vez cumplidos los plazos, la Corte deberá integrar el Tribunal de apelación.
En este proceso, el Tribunal Penal resolvió que el expresidente Rafael Correa y varios exfuncionarios y empresarios privados formaron una estructura criminal de sobornos.
- 2
Caso Singue
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Cuatro días antes de que empiece la suspensión de la Función Judicial, en la Corte Nacional se instaló el juicio contra 15 procesados por presunto peculado.
En este caso son juzgados el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli y 12 personas más por supuestas irregularidades en la asignación de un campo petrolero.
Pablo Encalada, abogado de cuatro procesados, cree que sería una imprudencia reinstalar la audiencia telemáticamente, sin las garantías tecnológicas para todas las partes.
- 3
Casos del paro de octubre
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Con la paralización de la justicia, quedaron inconclusos casos relacionados con las violentas manifestaciones de octubre de 2019.
El caso más avanzado es por rebelión. En este están procesados la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el exlegislador Virgilio Hernández; y el militante de la revolución ciudadana, Christian González.
El 20 de marzo, debía realizarse la audiencia preparatorio de juicio.
Además, hay al menos cinco casos contra los líderes indígenas en los que se investiga instigación, secuestro, terrorismo, entre otros delitos.
- 4
Caso Diezmos
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Luego de reiteradas dilaciones, la Corte Nacional de Justicia fijó para el jueves, 19 de marzo de 2020, el juicio en contra de la exasambleísta Norma Vallejo por el caso diezmos.
La exfuncionaria es acusada de cobrar aportes ilegales a sus excolaboradores legislativos, a cambio de mantener sus cargos. El delito de la acusación es concusión.
Además, dentro del mismo caso ‘diezmos’, la Fiscalía solicitó a la Corte fijar hora y fecha para la audiencia de formulación de cargos en contra de la asambleísta oficialista Karina Arteaga y la exlegisladora Nivea Vélez.
Esa audiencia tampoco ha podido instalarse.
- 5
Corrupción en la emergencia
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Además de los casos que quedaron pendientes antes de la emergencia, una vez reactivados los plazos y procesos judiciales deberán sumarse algunos que resultaron en este lapso.
Por ejemplo, este martes 12 de mayo de 2020, la Fiscalía solicitó a la Corte Nacional un día y hora para formular cargos contra Alexandra Ocles, exdirectora de Riesgos; y cuatro funcionarios más.
Son investigados por presunto tráfico de influencias, por un sobreprecio en la compra de kits alimenticios.
Además, hay varios casos más abiertos por peculado, estafa y otros delitos relacionados a la compra de insumos médicos para atender la emergencia.
Corte versus Judicatura
Pese a estas resoluciones del Consejo de la Judicatura, la reanudación -al menos en la Corte Nacional- todavía no es una realidad completa.
Por el momento, solo se reabrió la recepción de documentación física y virtual. De lunes a viernes, de 08:00 a 12:00, en las instalaciones de la entidad, en el norte de Quito; se receptan los escritos de manera presencial.
Los sujetos procesales de los diferentes casos, además, pueden hacerlo a través de la ventanilla virtual en la página web de la entidad.
Pero lo que todavía no tiene ha logrado restablecerse por completo es la realización de audiencias, que a pedido de la Judicatura, deben realizarse en su mayoría a través de métodos virtuales.
El Consejo de la Judicatura emitió dos directrices para la Corte Nacional de Justicia:
- La emisión de una guía para la realización de videoaudiencias.
- Los Juzgados, Unidades Judiciales, Tribunales Penales, Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Tribunales de lo Contencioso Tributario a nivel nacional observarán la guía de la CNJ.
Sin embargo, la Corte respondió al Consejo de la Judicatura, el lunes 11 de mayo de 2020, que no emitirá la guía.
"(...) a esta Alta Corte no le corresponde emitir “guías” para observación de los juzgados y tribunales de instancia, menos aun sobre cuestiones administrativas como son las directrices técnicas para la realización de video audiencias".
Oficio No. 237-P-CNJ-2020, Corte Nacional de Justicia
PRIMICIAS consultó al Consejo de la Judicatura qué procede, ante la negativa de la Corte Nacional. Pero se respondió: "hasta el momento no tenemos ningún pronunciamiento".
Problemas tecnológicos
Pese a esta disyuntiva entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura, hay provincias en las que ya se han agendado audiencias de manera telemática.
El abogado penalista Pablo Encalada, por ejemplo, ha sido convocado para una audiencia de apelación de sentencia por la Corte de Pastaza, para el miércoles 11 de mayo de 2020.
La diligencia se realizará a través conexión virtual. El abogado recibió el enlace de conexión, el usuario y la clave en la notificación de la audiencia.
Van a utilizar el sistema Poly para videoconferencias, que generalmente es usado por la Fiscalía.
Sin embargo, Encalada dice que se encuentra en un problema porque el software está disponible solo para el sistema operativo Windows, y él utiliza macOS (sistema operativo de Apple), por lo que todavía no tiene una solución para poder conectarse.
Juan Pablo Albán, abogado especialista en derechos humanos, tuvo otra experiencia en este tipo de audiencias, el pasado 6 de mayo. Participó de una audiencia de sustitución de medidas cautelares en una causa por delitos de lesa humanidad.
Para la realización, la Corte Nacional le pidió instalar un software de videoconferencias. Pero, pese a las precauciones y previsiones, hubo varios problemas.
- Uno de los jueces no pudo conectarse y tuvo que seguir la audiencia por teléfono.
- Para garantizar la estabilidad de la conexión, durante la audiencia tuvieron que apagar sus cámaras y micrófonos por lo que no se puede confirmar que todas las partes estuvieron en toda la audiencia, como ordena la ley.
- En la presentación de argumentos del abogado defensor el audio se entrecortó y los funcionarios de la Corte tuvieron problemas para tomar nota.
- Cuando el anuncio de los jueces estaba por concluir el sistema se cayó y sacó a todos de la sala virtual. No todas las partes se volvieron a reconectar.
El Observatorio de Derechos y Justicia emitió un informe sobre el Acceso a la justicia, medios telemáticos y Covid-19. Así como los posibles riesgos al ejercicio del debido proceso en materia penal.
Según el estudio de la organización, a la implementación de medios telemáticos podría afectar el ejercicio de las garantías básicas en el contexto de procesos de naturaleza penal.
Estos son los principios que podrían quebrantarse:
- La posibilidad real de comparecer.
- La posibilidad real de guardar la confidencialidad cliente-abogado.
- La posibilidad real de verificar la veracidad de la prueba.
- La posibilidad real de asegurar la inmediación y garantías de independencia judicial.
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