Saquicela: No hay condiciones mínimas para trabajar en las dependencias judiciales

La Función Judicial en Ecuador está en crisis. Por un lado, sus autoridades acusan una falta de recursos por la reducción en las asignaciones desde el Gobierno Nacional.

Por otro lado, la imagen de la justicia ha sido golpeada por decenas de decisiones polémicas que han favorecido a delincuentes vinculados al crimen organizado y la corrupción.

Iván Saquicela, titular de la CNJ y principal representante de la justicia ordinaria, dialogó con PRIMICIAS acerca del estado actual de la justicia en Ecuador.

Reformas por la seguridad

La Mesa Interinstitucional presentó una reforma legal, ¿de qué trata?

En primer lugar, yo quisiera destacar que no es una propuesta que haya nacido de mí, sino de un conjunto de instituciones que conformamos la Mesa Interinstitucional por la Inseguridad. De ahí surgieron dos propuestas de reforma normativa.

Una reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales (Logjcc) y otra al COIP. La primera está presentada y la segunda se lo hará la semana próxima (del 24 de abril de 2023).

¿Por qué reformar la Logjcc?

Un aspecto que nos llevó a tomar esta iniciativa fue que las garantías jurisdiccionales fueron creadas para hacer realidad el respeto a los derechos garantizados en los instrumentos internacionales y en la Constitución.

Sin embargo, últimamente ha habido en el país una profunda preocupación de posibles abusos. Especialmente, en materia de acción de protección y habeas corpus. Ha habido varios casos que han generado preocupación en el país. Creemos que las leyes deben respetar los derechos y responder a una realidad social.

¿Y la reforma al COIP?

No quisiera adelantarlo, porque lo vamos a presentar la siguiente semana. Pero, en líneas generales, hay cambios para tipos penales como lavado de activos, peculado, aspectos procesales, que tienen que ver con mayor oportunidad para la eficacia de las investigaciones de la Fiscalía, procedimiento abreviado, procedimiento directo.

Estas reformas fueron consensuadas entre las autoridades del Ejecutivo, el Legislativo y la Función Judicial. ¿Esta Mesa Interinstitucional permitió dejar de lado polémicas entre los poderes?

Dos cosas puntuales. La primera es que nosotros, como Corte Nacional, no tenemos nada que ver y no nos inmiscuimos en el juicio político y más aspectos de ese orden.

Y, de otra parte, a mí me parece que hay un imperativo constitucional y una conducta cívica que debemos tener los ciudadanos, que significa que debemos coordinar nuestras acciones en aras del bien común.

¿Estas reformas solucionarán la crisis de seguridad?

Es parte de la solución, no puede ser toda. En la última reunión dijimos que el problema de la criminalidad obedece a factores biológicos, psicológicos y sociales. Y, por la tanto, la respuesta para este problema debe ser en consonancia con las causas.

Los jueces y fiscales no estamos en la Policía, no estamos en la prevención de los delitos. Pero, como Estado en General, sí podemos aportar en esta línea y pensaríamos que las mesas deben mantenerse.

Además de las reformas, ¿qué más plantea la Mesa Interinstitucional?

Hay otros componentes y que los vamos a ir haciendo realidad paulatinamente. Por ejemplo, el presupuesto para la Función Judicial. También, la coordinación con los gobiernos seccionales para el involucramiento y el aporte para planificar seguridad.

Se sugirieron varias acciones que puede tomar la Policía, desde la parte operativa. Y también algunas ideas para el régimen penitenciario y para la política criminal.

Presupuesto para la Función Judicial

Recientemente se tramitó una acción de protección para que el Gobierno entregué más recursos a la justicia y ahí se evidenció que hay dependencias trabajando de manera precaria, ¿usted da fe de esta situación?

En efecto, no hay las condiciones favorables, mínimas siquiera, para trabajar en las diferentes dependencias judiciales. No hay combustible para los vehículos, no hay papel, no hay tóner. En las ciudades de la Costa existen aparatos de aire acondicionado que no funcionan. Paradójicamente, en Chimborazo hay un aire acondicionado que sí funciona y que no se requiere.

Tampoco tenemos el suficiente número de personal. Hay estándares internacionales de un número de jueces y de funcionarios. Lo propio en el ámbito de la tecnología, que no es lo único que requiere la justicia.

¿Qué le hace falta a la justicia para funcionar bien?

La justicia para que funcione bien requiere los siguientes componentes:

• Una estructura normativa óptima.
• Un sistema de justicia independiente.
• Los recursos humanos, tecnológicos, etc. para cumplir su función.
• Conducta ética y correcta de jueces y funcionarios.

Por esta razón, yo insisto que sí necesitamos mayores recursos para la Función Judicial.

¿Es correcto el camino de una acción de protección para lograrlo?

Yo sobre eso no quiero dar mi juicio de valor, precisamente por ser juez, ya que está en trámite.

¿Esta crisis está limitada a las dependencias provinciales o alcanza también a la Corte Nacional?

También en la Corte Nacional, sin duda. Una vez, hubo un ofrecimiento del Presidente de la República para que se nos pueda dar el edificio de Unasur para la CNJ.

Hubo preocupación de algunos abogados por la distancia. Pero, más allá de eso, hubo un informe técnico de la Judicatura que resultó que no era el edificio más adecuado para que funcione la Corte.

¿Qué pasa con el edificio actual de la Corte Nacional?

La verdad es que (en el edificio actual), las salas de audiencia no son salas de audiencias. Porque este no es un edificio que se construyó para la justicia. Este era un banco. Entonces son oficinas adecuadas para salas de audiencias.

Lo propio ocurre en la parte tecnológica. Necesitamos tecnología para las audiencias vía zoom. No hay un dispositivo electrónico para que las 20 horas de audiencia diarias (y algunas duran tres meses), puedan inmediatamente transcribirse.

No tenemos las mejores condiciones. Yo considero que en cualquier país del mundo, la llamada corte suprema tiene las mejores (condiciones) o, al menos, los elementos indispensables.

Sentencias polémicas

En las últimas semanas han crecido los fallos polémicos de jueces que, por ejemplo, liberan a delincuentes. ¿Cuál es su análisis?

Yo creo que hay dos aspectos que deben observarse y al primero no se lo observa con mucha recurrencia. Es que los jueces tienen que aplicar las leyes, tal cual están concebidas. Y hay normas que no le permiten hacer al juez algo más.

¿Por ejemplo?

Usted revise el COIP y puede ver que un delito que se impute por tenencia de armas tiene la pena de seis meses a un año, lo que significa que no hay prisión preventiva para ese delito. Cuando eso pasa la gente se preocupa y se alarma. Pero la ley no permite hacer más.

¿Cuál es el segundo aspecto?

El segundo componente, que no podemos negar, pero que no se debe generalizar, sino particularizar, es que sí existen conductas irregulares. Y esas conductas tienen que ser sancionadas, de manera que no queden en la impunidad. Y esa es una tarea casa adentro de la Función Judicial y del Consejo de la Judicatura.

Ustedes están atacando al primer componente con el proyecto de reformas. ¿Qué hacer con el segundo componente y con los jueces que tienen conductas irregulares?

Se debe sancionar.

¿Y de forma preventiva, para que no ocurra?

Yo creo que hay que trabajar en el marco de la ética judicial. Se tiene que hacer, no se ha hecho y yo lo he reclamado. Muchos años no ha habido evaluación a los judiciales. Ahí están las herramientas, pero para aquello también se requieren recursos.

¿Entonces, hay un círculo vicioso? No hay recursos para evaluar y siguen las malas prácticas.

No conozco el detalle de si hay o no recursos para evaluar. Pero lo que he escuchado es que no hay esos recursos. Pero más allá de eso, hay herramientas en el derecho que tienen que ser aplicadas.

Yo soy el presidente de la Corte, no tengo competencia para sancionar. Pero lo que puedo hacer es exhortar a los jueces a que cumplamos nuestro trabajo, con una conducta de apego al derecho y de dar respuestas al país.

Estado de la justicia en Ecuador

Estas decisiones judiciales polémicas han provocado reiteradas reacciones de crítica del Ejecutivo. ¿Estos comunicados se pueden considerar intromisiones?

Yo creo que un juez no debe de ninguna manera dejarse afectar por estos aspectos. Han habido expresiones fuertes, que han llevado a pronunciamientos de la Asociación de Magistrados. Pero de ninguna manera el juez debe alejarse de su obligación, que es ser independiente e imparcial.

Además, el sistema de justicia no es del Presidente de la Corte o de tal o cual fiscal, que somos funcionarios transitorios. Es del país, y hago un llamado a los ciudadanos para que ayudemos a construir a un sistema de justica con una critica con honestidad intelectual. Ya que hay casos que ameritan sanciones, pero hay otros que no nos gustan pero que no hay acto irregular.

¿Hay independencia judicial en estos momentos en Ecuador?

Yo creo que absoluta, no. Y eso obedece a aspectos más estructurales. Yo creo que se debe revisar el modelo de estructura del poder judicial, que no es el único componente pero que ayuda a garantizar el sistema judicial.

¿A qué se refiere?

Ya han sucedido algunos indicadores. Por ejemplo, la Corte Constitucional determinó que se había hecho un abuso del error inexcusable. Y resolvió que esa figura debía declararse jurisdiccionalmente.

Además, la misma Corte Constitucional declaró inconstitucional la evaluación que se hizo a los jueces de la Corte Nacional. Y un tercer indicador es que el Consejo de la Judicatura, no el de su actual conformación, me suspendió y me pretendía sacar en una situación sin precedentes en la historia del país.

Entonces, ¿lo que propone es la eliminación del Consejo de la Judicatura?

No necesariamente, pero hay aspectos que sí llegan a afectar la independencia judicial. Por ejemplo, ¿no cree usted que no afectó la independencia cuando los vocales (hoy destituidos) del Cpccs se burlaron del país y un año no nombraron al presidente del Consejo de la Judicatura?

¿No es eso vulnerar la institucional y la independencia judicial? Resulta que el Consejo de la Judicatura tenía delegados de todas las demás instituciones, menos de la Corte Nacional de Justicia.

En algún momento, el presidente Guillermo Lasso había hablado de una consulta popular para reformar la justicia en este sentido. ¿En qué quedó esto?

Alguna vez conversamos (con el presidente Lasso) de manera informal. Y él dijo que consideraba que debía haber una reestructuración y una reforma, incluso, constitucional. Desconozco cuales fueron razones por las que no se planteó.

¿Es saludable que la justicia se vaya reestructurando cada cierto tiempo?

Yo creo que lo saludable es lo que haga bien al país, más allá de los tiempos. Aunque creo que también puede ser saludable que haya una mayor permanencia posible. Pero esa permanencia tiene que ver con que si es bueno o si no es bueno.

Es necesario aún trabajar y acentuar una reforma a la justicia. Yo creo que, muchas veces, de manera justa se ataca a la justicia, pero de manera injusta no se le apoya.