Casi 100 jueces y más de USD 14 millones se requerirán para aplicar consulta popular
Judicatura requiere al Gobierno entrega de edificios en comodato para crear nuevas unidades judiciales, tras consulta popular.
Las autoridades de la Judicatura en rueda de prensa el 6 de mayo de 2024.
Consjeo de la Judicatura
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Alrededor de 100 jueces especializados en materia constitucional se necesitarán, a escala nacional, para aplicar uno de los mandatos de la consulta popular, según informó este lunes, 6 de mayo de 2024, el Consejo de la Judicatura.
Los magistrados serían destinados para las salas especializadas en materia constitucional a las cinco provincias en las que mayor cantidad de estas causas de este tipo se presentan.
La entidad calcula que se requerirán 43 jueces para unidades judiciales y otros 48 para tribunales de sala de corte provincial.
A su vez, esto requerirá un presupuesto de entre USD 14 millones y USD 15 millones solo para gasto corriente, si se toma en cuenta que se requerirá como personal de apoyo: 129 para unidades judiciales y 192 en corte provincial.
Según la Judicatura, en lo que va del año se han procesado más de 24 mil causas de este tipo, lo que equivale a que cada día se tramitan dos, recogió Teleamazonas.
Por ello, se determinó que únicamente estas salas estarán ubicadas en las provincias de Azuay (10), Guayas (12), Manabí (6), Tungurahua (4) y Pichincha (11). La institución plantea que el Gobierno les entregue en comodato algunas edificaciones para este fin.
Las autoridades esperan que estas judicaturas especializadas estén listas en mayo de 2025 y que los nuevos magistrados sean posesionados por el nuevo Consejo de la Judicatura.
En cuanto al concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Judicatura, Ramiro Román, detalló en rueda de prensa que de los 266 postulantes, unos 173 pasaron a la fase de méritos y oposición.
Solanda Goyes, vocal del organismo, propondrá que la nueva evaluación a jueces de la Corte Nacional y jueces provinciales incluya un análisis de probidad por la reciente infiltración del crimen organizado en la Función Judicial. El proceso no se ejecutó desde el año 2017, pese a que está en la Constitución.
En referencia al testimonio de Álex Palacios, excolaborador del extitular de la Judicatura, Wilman Terán, sobre la supuesta venta de cargos públicos, la institución aseguró que ya tienen identificado al funcionario involucrado para su destitución y procesamiento en la justicia.
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