José Carlos Tuárez busca recuperar su libertad con casación en Corte Nacional
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia realizó audiencia por recurso de casación de José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación.
José Carlos Tuárez (izq.), en audiencia de casación en la Corte Nacional de Justicia el 27 de mayo de 2024.
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Con un recurso de casación, el destituido expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Carlos Tuárez, quien desde 2020 cumple una condena de cinco años de cárcel por asociación ilícita, busca recobrar su libertad.
La audiencia por este recurso se realizó este lunes, 27 de mayo de 2024, en la Corte Nacional de Justicia. Bajo custodia policial, Tuárez compareció con sus abogados ante los jueces que deberán resolver esta causa: Iván Saquicela, Julio Inga y Manuel Cabrera.
La defensa de Tuárez argumentó una supuesta falta de motivación en la sentencia que fue dictada en agosto de 2020 por un tribunal penal de Guayas, y también que tenía fuero de corte en calidad de extitular del Cpccs. Él se declaró como un perseguido.
La Fiscalía pidió a la Corte que desestime este recurso por falta de fundamentos. Iván Saquicela, presidente del tribunal de casación, suspendió la audiencia hasta que los jueces deliberen una decisión, sin dar una fecha.
José Carlos Tuárez, quien también era cura de la orden de los dominicos antes de incursionar en la política, fue arrestado el 28 de noviembre de 2019 en Manabí, como parte de un operativo contra una organización delictiva dedicada a ofertar puestos en entidades públicas a cambio de dinero.
Según la teoría de la Fiscalía, el también conocido como 'Cura Tuárez' era el principal integrante de dicha estructura. El Ministerio Público presentó más de 45 pruebas contra el exfuncionario.
En la diligencia de juzgamiento, se mostraron escuchas telefónicas, extracción de información de teléfonos, estados de cuenta, letras de cambio y cheques entre otros documentos y pruebas.
Tuárez, quien fue destituido del Cpccs por incumplimiento de funciones, era el encargado de negociar los cargos públicos en instituciones como el Ministerio de Salud, la Dirección de Aviación civil, el Servicio de Aduanas y hasta en la petrolera estatal Petroecuador.
Otros 12 procesados por el mismo caso se acogieron al procedimiento abreviado. Es decir, aceptaron su culpa y recibieron una pena de un año de cárcel.
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