Expresidentes y personalidades de la izquierda presionan por la libertad de Jorge Glas
Seis expresidentes de Hispanoamérica y otras 60 personalidades enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Jorge Glas.
Jorge Glas cuando salió de la cárcel, 10 de abril de 2024.
AFP
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Exmandatarios y personalidades de la izquierda política de España y América Latina solicitaron que se ordene la libertad para Joge Glas, exvicepresidente de Ecuador detenido el pasado 5 de abril tras la toma por asalto por parte de la Policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito, después que el Gobierno mexicano le hubiese concedido el asilo.
Entre las más de 60 personalidades que firman la misiva están el exjuez español Baltasar Garzón, la exministra española y actual eurodiputada por el partido de izquierda Podemos Irene Montero, el excanciller boliviano Fernando Huanacuni y la exministra peruana Aída García-Naranjo.
También firman el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y los expresidentes:
- Alberto Fernández (Argentina)
- Evo Morales (Bolivia)
- Ernesto Samper (Colombia)
- Manuel Zelaya (Honduras)
- Rafael Correa (Ecuador)
El grupo envió una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar su intervención en favor de Jorge Glas.
El documento fue enviado a la CIDH en las vísperas del periodo de sesiones que celebrará en Nueva York del 8 al 19 de julio.
Además, en la misiva se pide también el reconocimiento del asilo diplomático que le otorgó el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
También se pidió la ampliación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en 2019 por las condiciones del encarcelamiento que en ese momento también seguía Glas.
Esta es la primera acción del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas, que tendrá un consejo consultivo presidido por el exmandatario Alberto Fernández.
Además, participarán los exgobernantes Evo Morales y Ernesto Samper y el coordinador del Grupo de Puebla, el chileno Marco Enríquez-Ominami.
"Nunca antes nuestra región fue escenario de tan flagrante atentado al derecho internacional", sostuvo en su carta el Comité.
Comparado con el caso Assange
Este grupo estará coordinado por el abogado ecuatoriano Paco Hidalgo, el boliviano Sacha Llorenti, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, y Tamara Lajtman, investigadora del Observatorio Lawfare.
Durante la presentación del Comité, Llorenti afirmó que esta carta "es el inicio de un trabajo permanente, sin sosiego, que tiene como objetivo lograr la libertad plena e irrestricta de Jorge Glas".
"Trabajará permanentemente a partir de ahora, inspirado en otros procesos como el de Julian Assange. El caso de Jorge Glas es incluso mucho más grave, si es que uno toma como antecedente la invasión ordenada por (el presidente de Ecuador) Daniel Noboa contra la Embajada de México", argumentó.
El exvicepresidente, que rechaza los cargos en su contra y se declara un perseguido político, había ingresado a la sede diplomática de México el 17 de diciembre de 2023 para solicitar asilo, cuando la Fiscalía se disponía a procesarlo por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016.
Condenas pendientes
Glas debe terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos sentencias por corrupción (cohecho y asociación ilícita), emitidas en 2017 y 2020, respectivamente.
El exvicepresidente fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa (2007-2017), y entre 2013 y 2017 ocupó el cargo de vicepresidente, así como también durante los primeros meses del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), hasta que comenzaron las investigaciones en su contra.
México y Ecuador se han contrademandado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transgredido convenios y normas internacionales.
Mientras México acusa a Ecuador de romper la inviolabilidad de sus sedes diplomáticas, el Gobierno ecuatoriano sostiene que el Ejecutivo mexicano transgredió el derecho internacional al interferir en asuntos internos.
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