Según Jiménez, el Ejecutivo quiere recomponer su relación con el Legislativo

Después de 18 días de paro nacional y un intento de destitución del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea, el Ejecutivo buscará mejorar su gestión y llegar a la ciudadanía, "no solo con servicios, sino con mayor y más constante información".

El primer paso en este nuevo sendero se dará el jueves 7 de julio, en Quito, cuando se instale la mesa técnica que tratará los temas que quedaron pendientes tras la finalización del paro nacional.

Nuevamente, la sede de la Conferencia Episcopal será la sede de los acercamientos entre los dirigentes sociales y el Gobierno.

¿Con qué va a llegar el Ejecutivo a esa primera reunión, cuál es el plan?

Llegaremos con una matriz que hemos elaborado. Pero no hay que olvidarse que, en este proceso de tres semanas, se tomaron algunas definiciones dentro del Gobierno: hubo un decreto para el control de precios especulativos, otro para la emergencia en el sector salud, otro para un paquete de compensaciones agrícolas.

Son varias cosas y, finalmente, el decreto de disminución del precio de la gasolina Extra y Ecopaís y del Diésel.

Las tareas y los deberes están hechos parcialmente, no es que llegamos en cero.

Llegamos con un tablero más o menos trabajado, que nos permite a nosotros sentarnos en la mesa y decir: empezamos por esto, que ya se hizo y tenemos que hacerle seguimiento para su implementación efectiva.

Vamos a ver también las cosas que todavía faltan y que constan en el pliego de las 10 aspiraciones que tiene la Conaie.

¿Cuál va a ser el mecanismo para este proceso?

Vamos a hacer unas cuatro o cinco mesas temáticas. Ya tenemos un equipo negociador por parte del Ministerio de Gobierno, que tiene directrices claras.

Voy a dirigirles, además, una comunicación a algunos ministerios, que son los que están más implicados en el asunto, como Agricultura, Educación, Salud, Mies, BanEcuador y convocarlos para las mesas temáticas del jueves y abordar cada materia dentro de su especificidad.

No queremos que sea una conversación que no llega a ningún lado.

Buscamos que sea una reunión que permita solucionar los problemas que tenemos. Particularmente en el agro.

¿El plazo de 90 días será suficiente?

Aspiramos a que en los primeros 30 a 45 días tengamos ya una visión muy clara de lo que queremos y de lo que podemos implementar.

¿Usted participará en la cita del jueves o el proceso ya queda en manos del equipo negociador?

Yo voy a ir el jueves y en función de que mi presencia sea requerida, pues estaré ahí. Estas mesas, este diálogo son una prioridad para el Gobierno.

Tenemos que asumirlo como una prioridad. Pero si el asunto es ya más operativo, para afinar detalles que son más de forma que de fondo, creo que los funcionarios de los distintos ministerios están en capacidad de impulsarlos perfectamente.

Habiendo superado esta crisis política y social, ¿qué cambios prepara el Ejecutivo puertas adentro?

Hay un cambio de visión, un cambio de enfoque. Sabemos que somos un país que viene de muy atrás, son 40 años de relegar al sector rural y 15 años de un proceso que ha desmantelado instituciones y las ha debilitado.

Nosotros tenemos que recuperar esa institucionalidad y, además, tenemos que saldar las deudas históricas en el proceso de desarrollo del país.

El Ecuador ha sido un país centrado más en lo urbano que en lo rural y eso tiene que cambiar.

¿Qué están haciendo para que eso sea una realidad?

Estamos diseñando un gran plan para el desarrollo de la ruralidad, cuyos detalles los dará oportunamente el Presidente de la República y estas mesas de diálogo son un primer ejercicio.

La segunda conclusión que sacamos de estas manifestaciones es que tenemos que acelerar el proceso de gestión, sobre todo desarrollando una capacidad de penetración en el territorio.

Este es un gobierno que hizo bien las cosas desde lo macro; por ejemplo, volver a restablecer el equilibrio de las cuentas fiscales, poder enfrentar con suficiencia la pandemia, empezar a recomponer el aparato institucional del Estado.

Pero también tenemos cosas que podemos hacer mejor. Una de esas es la penetración en los canales territoriales, que exigen que estos beneficios (de haber hecho las cosas bien o aspirar a hacer las cosas bien) penetren verdaderamente hacia la población.

Ese es el desafío en el que nos encontramos, para eso necesitamos gestión, desarrollar un sentido de urgencia y poder dar resultados en el menor tiempo posible.

¿Los cambios en el gabinete ministerial vienen atados de estos cambios necesarios en gestión?

Sí, el Presidente de la República ha considerado oportuno remozar el gabinete, hay algunas carteras que ya cumplieron su ciclo. Al final del día, todos somos funcionarios temporales.

Además, cuando ya uno está dentro de un nuevo esquema de administración, también tiene que producir cambios para acelerar la máquina y permear hacia la población, que es lo que estamos buscando.

Eso, en cierta medida, explica en parte esos cambios que tienen que darse en el gabinete.

En esa renovación no aparece la Secretaría de Pueblos, que es la institución que más malestar ha causado entre las mismas organizaciones indígenas.

Siempre la Secretaría de Pueblos está, por decirlo así, en el centro de la tormenta, porque tiene que establecer contacto justamente con las organizaciones sociales que hoy fueron las protagonistas del paro.

Por lo tanto, siempre estará sujeta a cuestionamientos.

Más allá de hablar de los nombres, lo que me parece importante es el cambio de enfoque de la Secretaría: debe ser una herramienta para transversalizar las políticas de un Estado verdaderamente multicultural y plurinacional.

No se trata solamente de llevarse bien con unos y no con otros o de promover a unos grupos, apoyar a otros, o bloquear a unos terceros.

Se trata de que sea suficientemente capaz de dictar políticas públicas para que esta interculturalidad permee en las diferentes instituciones de Administración del Estado, en educación, salud, producción.

Para la construcción de ese Estado mucho más incluyente y equitativo que también es el trasfondo de esta protesta y de estas movilizaciones: la búsqueda de un Estado que nos represente a todos y que no relegue a unos promoviendo a otros.

¿Esa transversalización fue lo que le faltó al Gobierno en su primer año?

Creo que esa transversalización sí faltó. Ahí hubo algunos espacios que se pudieron haber trabajado de mejor forma. El ejercicio de gobierno también es un ejercicio de autocrítica, no somos aspirantes a la verdad única ni a tener siempre las soluciones.

También somos gente que escucha y que actúa.

Hemos dicho desde el comienzo que estábamos dispuestos al diálogo, pero no podía ser con imposiciones y hemos tratado de ser fieles a esa filosofía. Aunque eso supuso un momento de complejidad muy alta para el país, para nosotros, como gobierno, y también para el movimiento indígena.

Son lecciones que deben ser asimiladas por todos, desde un punto de vista de autocrítica, propositivo y, sobre todo, hacia la búsqueda de esa gran reconciliación nacional, que es lo que todos estamos esperando.

¿Esa autocrítica pasará de la retórica a la práctica?

Un primer paso es la mesa de diálogo y vamos a trabajar muy en serio. Hay un equipo determinado, una metodología definida. Nos hemos acercado a la Conferencia Episcopal para que nos diga cuáles son los temas que se van a tratar y cuáles son los plazos concretos para ir levantando resultados.

No esperamos que esto sea una declaración de buenas intenciones. Esto debe tener resultados prácticos y concretos.

Un proceso de diálogo con un líder indígena que está siendo procesado judicialmente...

Por parte del Gobierno no va a haber ninguna insistencia particular en ese proceso. De ninguna manera vamos a generar algo que pueda dañar los diálogos ni que suponga interferencias ilegítimas dentro del proceso normal de administración de la justicia.

Somos respetuosos del Estado de derecho, pero no somos ciegos. Sabemos lo que ha sucedido en el país durante estos 18 días, hemos combatido los actos de vandalismo y de criminalidad.

A veces hay una línea muy fina entre la protesta social pacífica, con justas reivindicaciones, y entre quienes aprovechan esas circunstancias para vandalizar o para aterrorizar a las personas y generar contingencias para los bienes.

Para lo segundo, no hay que tener ninguna contemplación, hay que actuar con todo el peso de la ley. Para lo primero, que es la protesta social, por supuesto que la respetamos.

Estamos ante dos escenarios que a veces se contraponen un poco. Pero es nuestra labor como gobierno saber diferenciar lo uno del otro y determinar la forma cautelosa y prudente de manejarnos, sobre todo pensando en el bien del país.

¿Esto quiere decir que desde el Ejecutivo van a volver a salir mensajes contra Leonidas Iza?

No hay una personalización contra él, ni ningún dirigente indígena. Sabemos lo que sucedió durante esos 18 días.

Teníamos un comité que venía adoptando esas soluciones y esas reacciones ante lo que iba pasando y teníamos una estrategia que la implementamos.

No existe ningún afán ni de persecución ni de puntualización.

Después de todo lo vivido, ¿cómo queda la relación con la Asamblea Nacional?

Está claro que hubo organizaciones políticas que intentaron pescar a río revuelto y llevar a cabo un golpe institucional, aprovechándose de las manifestaciones. Es el caso de UNES y no les salió la jugada.

Hay otras organizaciones políticas, con las cuales hemos tenido relaciones que no han sido fáciles, que apostaron por la institucionalidad. Fue el caso del PSC y la ID, de algunos legisladores de Pachakutik.

Se lo reconocemos, agradecemos y tomamos nota también.

Tomamos nota de esa visión institucional que se impuso en la Asamblea y tenemos que buscar la manera de, dentro de lo legítimo, recomponer esas relaciones.

Sabemos que no dejarán de existir diferencias, pero tenemos que recomponer un tablero de conversaciones legítimas con las diferentes bancadas y organizaciones políticas.

¿Esto implica dejar atrás los episodios de ruptura y acusaciones con el PSC y la ID? ¿Se podrá reconstruir esos puentes?

Yo soy un eterno optimista, siempre pienso que cuando las personas tienen intenciones correctas, hay la posibilidad de replantearse algunas cosas y lo vamos a intentar.

Las lecciones de este paro y de estas movilizaciones no sólo son para el gobierno, sino también para las organizaciones políticas. El pueblo no espera, el pueblo busca soluciones.

El pueblo espera que actuemos con responsabilidad y eso no solamente es un tema que debe atribuirse al Gobierno. Tiene que ver también con el resto de organizaciones políticas y nosotros estamos dispuestos a dar ese paso.

Estamos optimistas de que estos días dejan lecciones que podrán ser asimiladas por todos los actores políticos.

¿Cree que hay una ventana para que el Ejecutivo envíe proyectos de ley a la Asamblea?

Estoy convencido de eso. Apenas tenemos, tres días laborales desde que terminó el paro, no es mucho pero para nosotros ya es un montón. Los estamos aprovechando.

Estamos buscando restablecer una serie de nexos y de conversaciones con algunos actores políticos. Lo vamos a hacer con la mayor transparencia posible y estamos seguros que dentro de pocas semanas tendremos resultados concretos.

En materia de proyectos de ley, nos parece fundamental poder contar con una Ley de Inversiones y ya está claro para los diferentes actores, qué es lo positivo y qué es lo negativo del proyecto anterior.

Creemos que podemos tener un documento bastante afinado para poderlo impulsar.

¿Los 18 días de paro sirvieron para que el Ejecutivo mejore su relación con el Legislativo?

Sacudieron al país en muchos aspectos, desde lo social, lo cultural, lo programático, lo gubernamental. Tenemos que ser capaces de poder sacar conclusiones.

Nosotros vamos a hacer un giro de timón, lo vamos a implementar mucho más enfocado en la ruralidad y en los sectores vulnerables.

Vamos también a reforzar los principios y los valores que nos dan forma y de recomponer relaciones con la Asamblea, desde un punto de vista que nos permite tener claridad sobre los consensos y sobre los disensos, pero sabiendo que la prioridad absoluta la tienen los proyectos que permitan reformar el sistema social y económico.

Finalmente, ¿la esperada consulta popular llegará, o ya se descartó esa idea?

Una consulta popular nunca se puede descartar, lo que sucede es que ha mutado en cuanto a sus contenidos. Inicialmente teníamos pensado que aborde tres temas: institucional, económico y seguridad.

Tomando en cuenta que la seguridad es uno de los asuntos fundamentales que le conciernen al Estado, considero que habría que pensar en cuál es el nuevo contenido de la consulta y probablemente circunscribirlo a una sola temática, que podría ser la de la seguridad.

La consulta sigue en pie y vigente. Pero tenemos que sacar las conclusiones apropiadas de lo que ha sucedido en estos días, para ver si reorientamos las temáticas que van a ser el objeto de esa consulta.

¿Qué tan apremiante es en este nuevo contexto?

Sigue siendo un tema muy importante, sigue estando en el tablero, sigue estando sobre la mesa de conversaciones.

Pero necesitamos terminar de definir una estrategia más completa desde el punto de vista de lo político y de lo social. Para terminar de definir también cuál es el rol que jugará la consulta.

¿El horizonte temporal está dentro de este año?

Creo que, a estas alturas y con todo lo que ha sucedido, probablemente la consulta se abordará al mismo tiempo que las elecciones seccionales.

Incluido por un tema financiero porque no es el momento de hacerle gastar más dinero innecesariamente al Estado, sino de ahorrar lo que tenemos para poder invertirlo bien.