Pincay se aferra a la Alcaldía de Portoviejo, pese a impedimento legal
Javier Pincay, alcalde de Portoviejo, tiene un impedimento legal para ejercer cargos públicos bajo la causal de suspensión de derechos políticos o de participación.
El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, en una reunión con jóvenes emprendedores el 1 de agosto de 2023.
Cuenta de X de Javier Pincay
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Mientras el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, enfrenta un problema jurídico, la incertidumbre crece en la ciudadanía y los procesos de proyectos en beneficio de la capital manabita podrían verse obstaculizados.
El Ministerio de Trabajo registró una orden del Tribunal Contenciosos Electoral (TCE), sobre el impedimento legal para ejercer cargos públicos bajo la causal de suspensión de derechos políticos o de participación.
A pesar de la sentencia del máximo organismo electoral, Pincay se aferra a la alcaldía y asegura que el registro del Ministerio de Trabajo es "incorrecto, que será impugnado y que no tiene efectos jurídicos en mi ejercicio de mis funciones como alcalde de Portoviejo".
La decisión del funcionario es apoyada por el partido político Avanza, con el cual llegó a la alcaldía de la capital manabita, que no descarta llegar a instancias internacionales.
Además, la Directiva Provincial y los concejales de Portoviejo por la Revolución Ciudadana comunicaron que reconocen a Pincay como el legal y legítimo alcalde.
La defensa del funcionario anunció que iniciarán una "lucha jurídica", porque Pincay accedió al cargo bajo elección popular y el documento que lo acredita es la credencial del CNE, "más no un certificado del Ministerio de Trabajo".
Pero también hay quienes consideran que las circunstancias jurídicas que recaen en Pincay son consecuencia de un mal asesoramiento en época de campaña, errores en la defensa ante el TCE y de no haber activado la acción de protección ante la Corte Constitucional.
La mayoría de concejales respalda a Pincay, pero aclara que actuará apegada al derecho y al debido proceso.
La "suerte" de Pincay
El problema surgió luego de que Pincay no asistiera al debate electoral obligatorio del pasado 15 de enero de 2023, pues se recuperaba de un ataque criminal en su contra registrado en diciembre de 2022, durante un acto proselitista.
En este contexto, José Miguel Mendoza, del movimiento Gente Nueva y quien quedó en segundo lugar en los comicios del 5 de febrero de 2023, denunció que Pincay cometió una infracción electoral.
Mendoza alegó que Pincay no acudió al debate, pero que sí realizó una transmisión en video previa.
Y fue la noche del 29 de junio de 2023, con cuatro votos a favor, que el Tribunal Contenciosos Electoral aprobó la sentencia de apelación del caso seguido en contra de Pincay.
Para esa fecha, el partido Avanza dijo que el TCE no tomó en cuenta los certificados médicos que comprobaban la gravedad del entonces candidato, luego de sufrir un atentado.
Mientras que el alcalde aseguró que "en otros países saben por lo que pasaba Javier Pincay en esos momentos, que estaba en cama, que solo se levantó un momento, con oxígeno, para dar una declaración en Facebook".
La resolución del TCE que se emitió por cometer una infracción electoral muy grave dice: "La suspensión de los derechos de participación por dos años, de acuerdo con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 279 del Código de la Democracia".
Ya pagó la multa
Además, el organismo ordenó el pago de una multa de USD 9.450. Esta última disposición ya fue cumplida, según la defensa de Pincay.
El Código de la Democracia, en el artículo 279, dice que las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70, así como la destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
Al tratarse de una sentencia de apelación, Pincay podía únicamente solicitar un recurso de aclaración y ampliación. Es decir, aquello no modifica el fallo.
Luego, el 4 de agosto de 2023, el TCE dispuso al Ministerio de Trabajo que proceda al registro de la suspensión de los derechos de participación de Pincay.
Dicha disposición se dio mediante un auto del juez del TCE, Joaquín Viteri, y daba un plazo de tres días para que ejecutara la orden.
Finalmente, el Ministerio de Trabajo registró el 7 de agosto de 2023 la orden del Tribunal Contenciosos Electoral, en la que se refleja el "impedimento legal para ejercer cargos públicos" bajo la causal de suspensión de derechos o de participación.
La sombra de la interpretación
A raíz del registro de impedimento, han surgido algunas interpretaciones legales.
El abogado Roosevelt Cedeño, quien lleva la defensa de Pincay, manifiesta que la sanción publicada en el Ministerio de Trabajo "es incorrecta, porque está registrando impedimento de ejercer cargo público y esa no es la sanción impuesta por el TCE".
Aclara que la sentencia ordena la suspensión de derechos de participación. Ante aquello, Cedeño anuncia que tomarán acciones legales.
Según la sentencia del TCE, con la suspensión de los derechos políticos o de participación, Pincay no puede elegir y ser elegido.
Tampoco participar en asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultado, fiscalizar los actos del poder público o desempeñar empleos y funciones públicas.
Pero la defensa sostiene que el registro de impedimento no afecta a Pincay, porque fue elegido por voluntad popular y tiene la credencial del CNE.
Pero el experto en Derecho Constitucional, Gabriel Farfán, cuestiona esta última postura y explica que, si bien Pincay tiene nombramiento de elección popular, eso no lo exime de acatar la ley.
Farfán agrega que el impedimento actual de ejercer cargo público pone en peligro su continuidad como alcalde, por lo que debe ser removido.
El constitucionalista expone que no solo hubo errores en el proceso de campaña, sino también de la defensa ante el TCE, más aún cuando no activaron la acción extraordinaria de protección para revertir la situación.
Esto último sería "un grave error… porque esto lleva implícito la aceptación de las consecuencias jurídicas que tiene este impedimento", sostiene Farfán.
Frente a esto, Cedeño justifica que no acudieron a la Corte Constitucional, porque hay un escenario electoral en curso y que "en época electoral, la Ley de Garantías Jurisdiccionales prohíbe interponer acciones extraordinarias de protección frente a las sanciones del TCE".
Alcaldía, en vilo
Javier Orti, presidente nacional del partido Avanza, indica que el registro del Ministerio del Trabajo es erróneo y que los únicos perjudicados "son el pueblo portovejense… déjenlo trabajar".
El líder de Avanza admite que le ha recomendado a Pincay que "pelee todas las instancias legales, así sea a escala internacional, porque la vulneración de sus derechos políticos y de participación son evidentes".
La concejal Flor María Mendoza Dávila, de la Unidad Manabita (Camino, PSC y SUMA), expresó que desde que fue electa, ha dado su apoyo a la gobernabilidad del alcalde Pincay.
Sin embargo, como concejo municipal ya pidieron el pronunciamiento de la Procuraduría Síndica, pero aún esperan una respuesta formal por escrito.
Además, que se están asesorando "legalmente, para saber cuáles son las acciones que como Concejo nos compete tomar en este caso particular".
Juan José Peña, concejal de Portoviejo por la Revolución Ciudadana, respondió que la postura como movimiento político es "ser respetuosos de la democracia, de lo expresado en las urnas".
Peña cree que la capital de los manabitas necesita de estabilidad institucional y política. Y expuso que el Concejo Municipal no ha sido notificado.
En este contexto, es la vicealcaldesa Mariela Coral quien debe asumir la Alcaldía, pero la funcionaria ha mostrado su respaldo a Pincay e incluso, a finales de junio, calificó la decisión del TCE de abusiva y como una "falta de respeto a la voluntad de Portoviejo".
El Concejo Municipal debe activarse para remover a Pincay y que la actual Vicealcaldesa asuma la alcaldía.
De no hacerlo, los concejales o la Unidad de Talento Humano podrían enfrentar una sanción, que iría desde una destitución, responsabilidades administrativas y hasta penales.
El camino hacia la Alcaldía
Durante los tres meses que ha estado en el cargo, Pincay no solo ha tenido que enfrentarse a la muerte, sino también a otras batallas legales.
Una de ellas, luego de que se conociera que el 13 de mayo de 2023, el juez de Yaguachi (Guayas), John Rodríguez, ordenó dejar sin efecto la Sesión Inaugural de Corporación de la Administración Municipal prevista para el 14 de mayo, a las 16:00.
Esa resolución no solo frenaba la posesión de Pincay como alcalde de Portoviejo. También afectaba a la sesión del Concejo y la elección de la Vicealcaldesa.
Sin embargo, una resolución de la unidad Judicial Multicompetente, del cantón Montecristi, resolvió que se instale la Sesión Inaugural para alcaldía de Portoviejo, el 14 de mayo.
Luego de los comicios del 5 de febrero, Mendoza también denunció un supuesto fraude electoral, pero esto no se pudo demostrar.
Los números del Consejo Nacional Electoral (CNE) ubicaron a Pincay como el ganador con el 28,23%, equivalente a 49.675 votos.
Mientras que su principal competidor, Mendoza, logró el segundo lugar con 37.378 votos, equivalente a un 21,24%.
Luego del atentado, Pincay tiene seguridad privada y resguardo policial de forma permanente. Y en las zonas a las que acude, existen coordinaciones y patrullajes.
Además, cuenta con un botón de seguridad y es parte del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (Spavt).
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