Investigaciones por corrupción aumentan, pero con pocos resultados
La Fiscalía atendió 1.981 casos de supuesta corrupción en 2021. Aunque el Ministerio Público tiene un déficit de 577 agentes, los procesos siguen apareciendo y se incrementan cada año.
Fiscalía allanó 16 domicilios en Quito, Guayaquil, Samborondón y Daule, dentro del caso Isspol, el 7 de febrero de 2022.
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Cinco unidades especializadas de la Fiscalía gestionan casos relacionados con la lucha contra la corrupción. En total, en 2021 se tramitaron 1.981 procesos sobre este tipo de delitos.
La mayoría de los procesos tienen fuero de Corte Nacional. Es decir, los casos por posible corrupción involucran a personas que ostentan o ejercieron altos cargos públicos, como ministros y secretarios de Estado.
Sin embargo, también la mayoría de estos procesos sigue en la fase reservada de la investigación. Hasta el momento, solo 17 han avanzado a la etapa de instrucción fiscal y, únicamente, dos personas han recibido sentencias condenatorias.
El segundo grupo más grande de casos es manejado por la Unidad Antilavado de Activos. Pero de los 560 procesos, solo 97 están en instrucción fiscal, 32 en etapa de juicio y ocho ya tienen sentencia. El resto continúa en investigación previa. Es decir, son reservados.
Al cierre de 2021, el porcentaje de avance de la Fiscalía en sus investigaciones sigue siendo bajo. Esto se atribuye, sobre todo, a que cada año hay más casos, menos recursos y el número de fiscales no aumenta.
La Fiscalía cuenta 845 agentes fiscales, lo que representa una tasa de 4,83 fiscales por cada 100.000 habitantes. Es decir, deben ingresar, al menos, 577 para cumplir con la tasa recomendada de 12 fiscales.
En este escenario, en 2021 la Fiscalía tramitó 295.682 denuncias: un incremento del 10% con relación al año anterior. Aunque el número de causas aún no llegan a los niveles prepandemia.
Los casos de connotación
Entre los casos de supuesta corrupción, la Fiscalía ha catalogado a un grupo de procesos como los de mayor connotación. Se trata de causas que han generado un mayor impacto público.
Hasta 2020, en esa lista estaban siete casos:
- Sobornos
- Singue
- Diacelec
- Diezmos
- Ola Bini
- Norma Vallejo
- Senagua
Pero en un año, a esta lista se sumaron nueve procesos:
Caso Hospital de Pedernales
Con sentencia ejecutoriada
- La Fiscalía investigó un delito de delincuencia organizada. 19 personas, entre ellas dos exasambleístas y un exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), formaron parte de una estructura de corrupción que desvió fondos destinados para la construcción del Hospital de Pedernales. Entre los sentenciados está el exasambleísta Daniel Mendoza, quien recibió una sentencia reducida de 40 meses por haberse sometido a un procedimiento abreviado. Todavía está pendiente el juicio del exlegislador Eliseo Azuero, quien está prófugo.
Casos Daniel Salcedo
Tres sentencias y un juicio en marcha
- Durante la pandemia por Covid-19, la Fiscalía abrió cuatro procesos contra Daniel Salcedo. Todos están relacionados con presuntas irregularidades en la comercialización de insumos médicos en hospitales, durante la emergencia sanitaria.
Estos son los procesos y su estado:
- Peculado (fundas de cadáveres): En julio de 2021, se dictó sentencia contra ocho personas.
- Delincuencia organizada: Ocho personas están siendo juzgadas en un Tribunal del Guayas.
- Fraude procesal: Cuatro personas fueron sentenciadas, en diciembre de 2020.
- Lavado de activos: Un Tribunal de El Oro ratificó la inocencia de Daniel Salcedo, su hermano, dos personas más y seis empresas.
Caso Kits alimenticios
En espera del juicio
- En este proceso por presunta corrupción, se detectaron irregularidades en la adjudicación de la contratación de 7.000 kits de alimentos por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Los funcionarios involucrados, liderados por la directora, Alexandra Ocles, no consideraron el mejor costo para el Estado, no contaron con los estudios de mercado respectivos y no verificaron la capacidad legal de contratar por parte del posible adjudicatario. En julio de 2021, cinco personas fueron llamadas a juicio. Pero, la audiencia aún no se ha convocado.
Caso Pruebas Covid-19 - Agentes AMT
Pendiente de juicio
- El expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo, tres funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT) y cuatro personas más fueron procesados por la Fiscalía por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Supuestamente, comercializaron -de manera ilegal- insumos médicos durante la pandemia. El 15 de diciembre de 2021, Abdalá y Jacobo Bucaram fueron llamados a juicio por este caso. La audiencia está pendiente. Los agentes de tránsito, en cambio, recibieron sentencias reducidas de cinco años tras aceptar su participación en ilícito.
Caso Pruebas PCR
Pendiente de juicio
- La Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito contrató, con la empresa Salumed S. A., la compra de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19 por Polimerasa, a un costo de USD 4,2 millones. Sin embargo, la Fiscalía detectó que la empresa entregó pruebas diferentes catalogadas como RT-LAMP. Por este caso, fueron llamados a juicio 14 personas. A la cabeza de esta lista, el exalcalde Quito, Jorge Yunda. El juicio se instaló en octubre de 2021, pero está suspendido por una recusación presentada por Yunda contra uno de los jueces.
Caso Las Torres
Pendiente de juicio
- Según la teoría del caso de la Fiscalía, entre 2017-2020, en Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría de la Presidencia de la República funcionó una estructura criminal que gestionó y cobró sobornos para desvanecer glosas y agilitar pagos retrasados a proveedores. A la cabeza de esta estructura estaría el excontralor Pablo Celi, según la Fiscalía. También estuvo procesado José Agusto Briones, exsecretario de la Presidencia quien falleció en medio de la instrucción fiscal; los hermanos de ambos, y Pablo Flores, exgerente de Petroecuador. 11 personas deben someterse a juicio. La audiencia está citada para el 3 de marzo de 2022. Pero su instalación está en entredicho, ya que en la víspera fue recusada Daniella Camacho, una de las juezas del Tribunal.
Caso Karina Arteaga
Pendiente de juicio
- La investigación de la Fiscalía se originó en las denuncias de excolaboradores de Karina Arteaga, exasambleísta de Alianza PAIS por Manabí. La funcionaria habría exigido pagos a través de terceros, a cambio de plazas de trabajo y estabilidad laboral. En octubre de 2021, el juez Walter Macías llamó a juicio a Arteaga por supuesta concusión. También será juzgada una exasesora de su despacho. La audiencia de juicio todavía no empieza.
Casos Isspol
En audiencia preparatoria de juicio
- A inicios de 2021, el país se sorprendió con un nuevo escándalo de corrupción. Las administraciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Isspol) habían movido USD 216 millones de sus afiliados en operaciones fraudulentas. De este escándalo, la Fiscalía abrió más de 20 investigaciones previas. De ellas, seis ya rebasaron la etapa de investigación previa o reserva. El caso por peculado, uno de los que más ha avanzado, recibió un cambio de fiscal, el 24 de febrero de 2022. Álex Castillo asumirá el proceso desde la preparatoria de juicio.
Caso Sebastián Yunda
Pendiente de juicio
- La Fiscalía investiga las presuntas irregularidades en dos contratos firmados por Emseguridad, entidad municipal, durante la administración de Jorge Yunda. Se compraron cámaras de video vigilancia por USD 1,7 millones. Según la teoría del caso, Sebastián Yunda, hijo del exalcalde, lideró una estructura criminal que aprovechó su relación familiar para gestionar los contratos a cambio de sobornos. Cinco personas, con Yunda hijo a la cabeza, fueron llamadas a juicio. Pero, aún no hay fecha para la audiencia.
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