Institutos y centros de pensamiento, parte de la estrategia de la 'izquierda progresista'

Uno de los conceptos modernos más sonados en la arena política regional es el del "lawfare". El término nació a inicios de 2000 para definir el uso de la ley para propósitos políticos y militares. Ahora, es la defensa predilecta de muchos de los líderes latinoamericanos que han perdido o dejado el poder.

Son decenas las charlas, debates y estudios que se han realizado sobre el tema, no solo en el continente, sino también en Europa. El lawfare en este caso se refiere a la presunta persecución judicial de un adversario político.

En la lista de víctimas de este supuesto lawfare hay figuras como Rafael Correa, Lula da Silva, Cristina Fernández, Dilma Rousseff, Evo Morales, entre otras figuras de la tendencia autodenominada 'izquierda progresista'.

De este 'lawfare' no solo se quejan los exmandatarios acusados de varios casos de corrupción, sino también decenas de ministros de Estado y legisladores que pertenecen a las mismas tiendas políticas y, con o sin procesos judiciales en su contra, se sienten políticamente perseguidos por los gobiernos de turno.

Detrás de este y tantos otros conceptos se encuentran varias organizaciones e institutos que actúan en diferentes niveles y segmentos para intentar movilizar las opiniones que los partidos políticos y sus líderes no pueden.

Por ejemplo, están los institutos de pensamiento político, íntimamente ligados a la vida partidista, generalmente, nacidos en honor a algún líder o emblema de la agrupación.

Pero desde otra arista, hay centros de investigación o especializados que intentan dar un enfoque académico a las batallas ideológicas y elaboran material "técnico" e "independiente" que esos mismos partidos usan como argumentos.

Directos o indirectos, pero vinculados

Cuando los partidos vinculados al Foro de Sao Paulo -y que ahora intentan reorganizar un frente más efectivo en el Grupo de Puebla- empezaron a llegar al poder en Latinoamérica se encargaron de crear fuertes estructuras partidistas y de remodelar las administraciones estatales, según sus ideales.

Uno de los tantos organismos que movieron ideas en Latinoamérica fue el extinto Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). Este fue una fundación que trabajó desde España con los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI.

Los entonces dirigentes del izquierdista español Podemos, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, aparecían como sus directores. Y el Centro recibió dinero de los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Además, todavía se investigan pagos de Odebrecht a Podemos a través del CEPS, en Ecuador.

Con el paso del tiempo, algo que la 'izquierda progresista' comprendió rápidamente es que debía entrar "en la discusión y no dejar que solo existan think tanks de derecha", como lo dijo Alfredo Serrano Mancilla.

Este economista español es conocido en la región por ser asesor de varios de los gobiernos de la tendencia en América Latina y es el director ejecutivo precisamente del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), la nueva versión del CEPS.

El Celag hace el trabajo de una fundación, pero es un empresa que reporta ganancias e incumple con la normativa de compañías de Ecuador. Tiene sede en Quito y es manejado por académicos cercanos al partido español de izquierda Podemos.

Este centro fue creado por becarios traídos por el Gobierno de Correa y se ha articulado con otras instituciones para, entre otras cosas, impulsar la tesis de que existe una campaña de lawfare contra el expresidente.

El correísmo también hizo lo propio. A finales de 2017 nació el Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro (IPPE), encabezado por el mismo Correa. Y sus miembros fundadores son: Gabriela Rivadeneira, Pabel Muñoz, Carol Murillo, Guillaume Long y Andrés Arauz.

Este instituto se dedicó a coordinar la ofensiva internacional de Correa y posicionar la idea de una persecución política en su contra. Además, sus ingresos provenían de contratos firmados con el mismo círculo de amistades: Venezuela y Rusia.

En julio de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores notificó al Instituto de Pensamiento Político con su disolución. La fundación es investigada por lavado de activos y defraudación tributaria.

En otros países existen también actores e institutos que se vinculan con los que tienen sede en Ecuador, como el Instituto Lula en Brasil, que nació también una vez que el presidente Lula da Silva dejó el poder, en 2011.

Este instituto "tiene una fuerte vocación internacional, eligiendo como principales fuentes de actuación la promoción de la integración entre los países de América Latina", dice su página web.

Sin embargo, sobre el instituto pesan acusaciones de financiamiento ilegal, por las donaciones recibidas de la constructora Odebrecht, vinculadas al escándalo de corrupción que le costó el puesto a Dilma Rousseff, sucesora de Da Silva.

En Brasil también nació el Lawfare Institute, en 2017, que se dedica a publicar argumentos sobre el tema y especialmente sobre lo que consideran una persecución política contra da Silva.

En Argentina, por ejemplo, está el Instituto Patria, que es el think tank del kirchnerismo, encabezado por Cristina Fernández, ahora vicepresidenta del país.

Al igual que en Brasil, entre sus objetivos están "contribuir al desarrollo de un nuevo pensamiento Latinoamericano" y la integración regional.

En esta arena política, también hay agentes un poco más lejanos pero igual de interesados y vinculados, como por ejemplo el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR).

Esta organización sin fines de lucro, con sede en Washington, está fuertemente ligada al chavismo y a los actores que se han alineado con el Socialismo del Siglo XXI. Hace publicaciones que los respaldan cuando están en el gobierno y que desacreditan a sus opositores cuando llegan al poder.

Un factor común entre estos centros e institutos es que sus miembros suelen también ser asesores de los gobiernos del país donde se encuentran o de los países donde tienen aliados. Además, cuando uno es atacado, todos responden.

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