Paro nacional: El Gobierno acepta mediación de la Conferencia Episcopal

El Primer Mandatario decretó un tercer estado de excepción a causa del paro nacional. Pero esta vez la medida se limita a cuatro provincias: Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana. Pese a los pedidos del alcalde de Quito, Santiago Guarderas, Pichincha no consta en el documento.
El decreto utiliza nuevamente el argumento de grave conmoción interna por "las actuaciones violentas que han alterado el orden público". Y se concentra en los territorios más afectados por el paro, según el Gobierno.
La medida tendrá una vigencia de 30 días y busca principalmente garantizar la seguridad ciudadana y el abastecimiento de las provincias con productos de primera necesidad.
Quedan restringidos los derechos de libertad de asociación y reunión y existe un toque de queda de 21:00 a 05:00 en Azuay y de 19:00 a 05:00 en Sucumbíos y Orellana.
Además, se declara como zona de seguridad "toda el área de influencia que comprende las áreas reservadas de seguridad en donde se encuentran los campos hidrocarburíferos de explotación y sus instalaciones".

En el día 17 de la movilización nacional, Fausto Salinas, comandante General de la Policía Nacional, brindó información actualizada sobre los resultados de los operativos para contener las manifestaciones.
El oficial, primero, relató lo ocurrió la noche del 28 de junio de 2022 en Calderón, al norte de Quito. Cuatro unidades de Policía Comunitaria (UPC) fueron atacadas por manifestantes. Tres personas fueron detenidas y serán investigadas por estos hechos.
Hasta el momento, según la información policial, 10 UPC han sido destruidas en todo el país. También 11 vehículos policiales fueron destruidos y otros 72 afectados.
228 policías han resultado heridos en el contexto de las manifestaciones. De los cuales:

• 205 han recibido el alta médica.


• 23 están hospitalizados.


• Siete bajo observación.


• Tres han sido trasladados a otras casas de salud por su gravedad.

El gobernador de Azuay, Matías Abad, difundió un video la tarde del miércoles 29 de junio, solicitando al Presidente la emisión de un estado de excepción para esa provincia a causa del desabastecimiento de alimentos, medicinas, gas de uso doméstico, oxígeno medicinal, insumos médicos y materia prima, a causa del paro nacional.
"No podemos mendigar paso por las carreteras (...) durante estos días hemos dialogado con diferentes sectores, pero necesitamos terminar con los actos que impiden volver a la normalidad".
Ante eso, dijo, ha solicitado a las instancias correspondientes que se decrete el estado de excepción en Azuay, "esto nos permitirá actuar de inmediato con Policía Nacional y Fuerzas Armadas, para restablecer la seguridad, el orden y el abastecimiento".
Horas antes, el alcalde Pedro Palacios, difundió una carta enviada al Presidente de la República en la que solicita atención a la provincia ante el estado de sitio al que está sometida.
Aunque Palacios no menciona directamente un estado de excepción, sí dice que "nuestra situación actual se asemeja a un estado de guerra, sitiados por todos los flancos" y aseguró que "los derechos están vulnerados casi en su totalidad".
Luego continuó "no podemos depender de la escasa ayuda humanitaria, tampoco nos vamos a convertir en un daño colateral".
Según Palacios, el COE cantonal mantuvo una reunión con comerciantes mayoristas y minoristas, transportistas, cámaras de producción, sectores del turismo, construcción, pequeña industria, juntas parroquiales, entre otros y se emitió una resolución en los términos antes expuestos.
La prefecta de Azuay, Cecilia Méndez, se desmarcó de esos pedidos y, aunque rechazó acciones violentas de las que han sido objeto personal y maquinaria del Gobierno Provincial, abogó por el diálogo y pidió que el Gobierno escuche los pedidos de los manifestantes.
Méndez, quien llegó a la viceprefectura con Pachakutik y asumió la prefectura tras la renuncia de Yaku Pérez, rechazó un eventual estado de excepción en esa provincia "esto no ha generado condiciones para el diálogo y ha puesto en riesgo el ejercicio de los derechos humanos".

"Los dirigentes indígenas deben entender que no pueden pretender secuestrar un Estado, ni a una Gobierno", dijo el ministro Francisco Jiménez, en declaraciones a Ecuavisa, un día después de que el Ejecutivo rompiera el diálogo con las organizaciones sociales.
El funcionario aseguró que el Gobierno no ha sido "insensible" con los pedidos de los indígenas, pero lamentó que "nada parece ser suficiente porque quieren imponer una serie de condiciones".
Acusó de intransigencia a la dirigencia indígena.
Jimenéz mencionó tres posibles caminos para, eventualmente, volver a conversar con los manifestantes.
El primero, dijo, puede ser la mediación. El segundo, que el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, "decline las medidas de hecho que ha venido impulsando en todo el país".
"Ameritaría un cese de movilizaciones y podríamos sentarnos a conversar", dijo.
Y, el tercero, mantener los diálogos con otras organizaciones sociales. En sus redes sociales, la Conaie rechazó esta posibilidad y acusó al Gobierno de irrespetar la estructura del movimiento indígena y de pretender dividirlos.

Hasta las 13:00, el Servicio de Atención ECU-911, registraba cierres en 20 provincias del país por presencia de manifestantes.
Uno de los puntos más conflictivos es la vía Alóag - Santo Domingo. El bloqueo de los manifestantes ha provocado una larga fila de autos y camiones que no pueden avanzar.
Cerca de las 16:30, la Policía informó que, en un operativo coordinado con las Fuerzas Armadas, logró habilitar la vía al tránsito vehicular.
Los uniformados, con la colaboración de la ciudadanía, retiraron los escombros que se encontraban obstaculizando la vía pública.
En el sitio estaban cerca de 400 manifestantes, quienes habían logrado bloquear la movilización vehicular de un aproximado de 5,000 vehículos livianos y de carga pesada, que transportaban productos de primera necesidad y de abastecimiento para tiendas y mercados de la capital.

El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, pidió al presidente de la República, Guillermo Lasso, un nuevo estado de excepción para la capital.
A través de su cuenta de Twitter, Guarderas publicó una carta dirigida al Primer Mandatario en la que dice "hemos constatado actos de barbarie en la ciudad, en los que ciertos grupos violentos atacan a la ciudadanía con piedras y palos, incendian bienes inmuebles, bloquean vías, ponchan y quemas las llantas de los vehículos, saquean la propiedad pública y privada, generando terror y pánico en la ciudadanía".
Más adelante, Guarderas agrega que hay preocupación porque las nuevas manifestaciones sean utilizadas por "delincuentes que buscan generar violencia y caos".
Es por eso que pide al Presidente de la República "evalúe la pertinencia de declarar un nuevo estado de excepción para Quito".
 

Una nueva movilización de grupos indígenas hacia Quito se alista desde el centro del país. El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) realizó la noche del 28 de junio de 2022 una asamblea en la que resolvió avanzar hacia la capital.
La resolución definió "preparar la movilización masiva y contundente hacia la capital, para el día jueves 30 de junio, desde las 07:30, con todas las organizaciones, gremios, transportistas y trabajadores".
La finalidad es "exigir al Gobierno nacional que dé respuesta a los 10 puntos planteados por la Conaie", añade el documento.
Además,los indígenas anunciaron que mantendrán las jornadas de resistencia en los territorios y que habilitaron un corredor humanitario para abastecer de productos perecibles y no perecibles desde las 22:00 del martes hasta el mediodía de este miércoles 29 de junio.
En Quito, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, insistió en retomar el diálogo con el Ejecutivo. Esto, luego de que el presidente Guillermo Lasso lo desconociera como dirigente indígena y que dijera que no se sentará a dialogar con él.

Las vías hacia el aeropuerto y del sur de Quito están habilitadas, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
Según el último reporte de la entidad, las calles del centro histórico, así como la vía Calacalí y Carapungo se mantienen cerradas. Las dos últimas por escombros en las avenidas.
No se registra presencia de manifestantes.

Unas 32 cooperativas de transporte interprovincial siguen sin vender pasajes en la terminal terrestre de Guayaquil.
Se trata principalmente de cooperativas que viajan hacia Quito y hacia la Sierra centro del país. Tampoco están operando aquellas que van a Cuenca y algunas hacia la provincia de El Oro.
Sus dirigentes están a la espera de lo que se resuelva en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Conaie, y se anuncie el fin del paro nacional.
No hay cierres viales en la ciudad y la atención en los mercados se desarrolla con normalidad.